La directora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Sandra Libonatti, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que el caso de Pablo Leiva, condenado en el marco de la operación Trazador y exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez(https://ladiaria.com.uy/tags/pablo-leiva/), “sin duda que puede no ser un caso aislado”. Para Libonatti, aunque se “expuso una situación puntual”, a su vez, “claramente demostró” que puede ocurrir en otros ámbitos y “no es solo las redes de pagos”.
El martes, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, encabezó una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y dijo que trabajarán en modificaciones de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) para incorporar, precisamente, las redes de pagos. Según Libonatti, el caso demostró que “son unos minibancos donde tienen un manejo de la economía del país” y lugares con una gran manipulación de efectivo, lo que de por sí representa “un riesgo muy relevante”.
La jerarca explicó que no existe una prohibición de aceptar billetes de baja denominación y, aunque interpretó que “no podrían” aceptar ciertos montos por la nueva ley de inclusión financiera, indicó que requeriría un análisis jurídico. Dijo que las señales de alerta varían en función del perfil del cliente, el rubro al que se dedica y el instrumento que utiliza, ya que no es lo mismo que lo haga un gerente de supermercado –porque recibe el dinero en efectivo y podría ir directamente al local– que una constructora, sobre todo si es habitual.
De incluir a las redes de pago y en relación con los controles, dijo que la ENR prevé dar lineamientos a “los supervisores y los sujetos obligados con respecto a dónde están los mayores riesgos para el país”. En ese marco, señaló que “seguramente será un deber para el Banco Central definir controles concretos”, además de que también sería necesario “definir controles específicos” asociados a “la recepción de efectivo y los niveles de capacitación que tienen que tener las personas que están en el front” por parte de los supervisores.
Por otro lado, con relación a otros elementos que se podrían incorporar, mencionó a los criptoactivos, que en 2023 eran un “riesgo emergente”, pero se transformaron en un “riesgo presente”; se está “generalizando cada vez más” y amerita una “evaluación sectorial”. “Para eso hay que hacer un mapa de riesgo. Pensar quiénes y cómo se utilizan, por dónde se canaliza, qué diseminación tiene en la población, bajo qué modalidades, quién recibe el efectivo, si es que hay o se maneja solo a través de plataformas. Todo eso hay que plasmarlo en una evaluación sectorial para, a partir de eso, definir normativa y controles consistentes”, explicó.
“El sistema político tiene que tomar conciencia de que esto es un problema grave”
El caso Leiva también puso la lupa sobre las partidas que reciben los ediles para contratar asesores, tanto en Montevideo como en el interior del país. Libonatti sostuvo que “la corrupción es un punto clave en el tema de lavado de activos” y “toda transparencia lo único que hace es hacerle bien al funcionamiento de un sistema”. Puntualmente sobre el caso Leiva, a la luz de la falta de información a la hora de concretar su incorporación, indicó que “el sistema político tiene que tener bien claro con quién está trabajando” y “transparentarse”.
Otro eje está en el financiamiento de los partidos, un punto que integra la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 2025-2030 y sobre el cual trabajan con la Corte Electoral. Explicó que ya se mantuvieron reuniones y la idea es discutir aspectos de la ley como, por ejemplo, quién es responsable ante la información sobre el financiamiento de las facciones políticas junto con otros puntos, con el objetivo de que “efectivamente el espíritu que tendría esa ley se cumpla”.
“Esto que nos ocurrió creo que nos tiene que servir de lección que lo peor que le pasa a un país y a un país chico es tener la delincuencia dentro del sistema político. Entonces, el sistema político tiene que tomar conciencia de que esto es un problema grave. Una vez que eso está instalado, tenemos pruebas en América Latina de muchísimas situaciones de este tipo. Podés tener corrupción y puede existir, nadie lo niega, a otros niveles, pero ya una vez enquistado en el sistema político es un problema”, subrayó.
La importancia de las investigaciones paralelas
Con todo, identificó que uno de los problemas de Uruguay en la materia es que hasta 2024 se registraron muy pocas condenas y se preguntó “sobre en qué” basarse para perseguir estos delitos, ya que con una muestra de pocos casos “es poco lo que se puede hacer”. Indicó que en 2025 se lograron 13 condenas y destacó la capacitación de los fiscales, puesto que se dieron “varios procesamientos en el interior sin necesidad de la intervención del fiscal de lavado”, por lo que se está profundizando en ese trabajo de formación a los profesionales.
Para Libonatti, la efectividad a la hora de perseguir este tipo de crímenes se mide en función de que haya procesamientos e incautaciones. No obstante, más allá de la droga que eventualmente se pueda confiscar, subrayó la importancia de recuperar bienes, dinero y cuentas bancarias de los involucrados en casos que trascienden públicamente para identificar “dónde están los fondos”.
“Otro punto en el que hay que hacer énfasis, que sí está en la estrategia, pero que tenemos que trabajar mucho más de lo que se ha trabajado en este último año, es en las investigaciones paralelas. No es posible que yo esté investigando un caso donde claramente pueda existir sospecha de lavado de activos y que no se esté haciendo una investigación patrimonial paralela”, aseveró.