En lo que va del tratamiento en la Comisión de Hacienda de Diputados del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, el artículo 140, que refiere a la habilitación de segundos importadores, ha surgido como una de las principales preocupaciones para varias de las delegaciones que comparecieron.
Este martes, en el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que ha habido “una sucesión de empresarios que visitan la Cámara de Diputados para decir que el artículo 140 es un mal artículo”. En respuesta, sostuvo que “si hay algo que a un ministro de Economía no lo tiene que preocupar es ser popular”. “Estar obsesionado con la popularidad no es el punto; el punto es hacer lo que es correcto con un partido de largo plazo”, manifestó.
El artículo 140 establece que, “salvo en los casos en que la legislación prevea expresamente que la provisión de un producto en un mercado se efectúe mediante un representante o distribuidor exclusivo, se habilitará la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”.
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y una de sus integrantes, la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR), son algunas de las delegaciones que rechazaron el artículo. En su comparecencia ante la comisión, la CIU solicitó por escrito la eliminación del artículo 140 o, en su defecto, su desglose del proyecto. Entre otras cosas, la gremial argumentó que la modificación “desconocería la inversión realizada” por los primeros importadores y “le otorgaría una ventaja injusta” a los segundos. Además, la cámara advirtió que, de aprobarse la modificación, “la importación de productos provendrá de países principalmente de la región, que tienen costos mucho más bajos para producir, regulaciones menos costosas y más laxas, así como otros estándares laborales y ambientales”.
La ASIQUR, en tanto, consideró que el artículo “no resuelve los problemas de competitividad que enfrentan las empresas uruguayas, sino que, por el contrario, puede generar efectos muy nocivos y negativos sobre la inversión, la innovación, el empleo industrial y el desarrollo productivo nacional”, dijo su presidente, Juan Fernández, en la comisión, según consta en la taquigráfica. Particularmente, manifestó preocupación por la posibilidad de que “terceras empresas pueden aprovechar toda la inversión que hicimos, en recursos y en tiempo, a efectos de obtener los permisos adecuados para nuestros productos, que pueden quedar en manos de terceros”.
Posición de la Cámara de Comercio y Servicios
En la oposición, a partir de los aportes de las delegaciones, consideran que el artículo puede ser más específico. Días atrás, el diputado nacionalista Sebastián Andujar adelantó a la diaria que la oposición buscará que se especifique “qué tan abarcativo es” y “si comprende todo lo que se importa o comprende algunos rubros, porque eso no está detallado en el proyecto”.
En esa línea, la Asociación Rural del Uruguay (ARU), que se mostró a favor del artículo, realizó sugerencias. El presidente de la ARU, Rafael Ferber, afirmó que coinciden con la simplificación del registro para segundos y sucesivos importadores, “ya que favorece la competencia y reduce cargas administrativas sin afectar el control de la autoridad”. No obstante, consideró que el plazo de un año “desde la fecha del otorgamiento del primer registro del producto del país” previsto para que otro importador aplique al procedimiento de registro simplificado “debería atender la sofisticación del producto”. “Hay productos que llevan un proceso que es caro y tal vez un año sea corto para que esa empresa recupere la inversión. Hay productos en los que un año capaz es mucho, que no merezca un año de plazo de ventaja”, explicó Ferber y planteó que “tiene que haber algún criterio que contemple eso”.
Por su parte, este miércoles, la Cámara de Comercio y Servicios (CCS) presentó ante la comisión propuestas sobre distintos aspectos del artículo. En un documento con sus aportes, al que accedió a la diaria, la CCS señaló que “comparte el objetivo de promover una mayor competencia y contribuir a la reducción del costo de vida”. Sin embargo, respecto del artículo 140, consideró que, “de no estar dadas las condiciones”, debería ser desglosado del proyecto.
Varias de las propuestas de la cámara apuntan a igualar las condiciones impuestas al importador inicial con las de los subsiguientes. En ese sentido, consideran que los segundos importadores “deberían cumplir con los mismos requisitos exigidos al importador inicial en materia de información, análisis de producto y verificación de condiciones, de modo de acreditar fehacientemente que se trata del mismo producto”. Asimismo, señalan que los importadores subsiguientes deberían acreditar “el cumplimiento de las mismas exigencias técnicas que rigen para el importador inicial” y que se debería explicitar la condición de cada importador en el rotulado.
También plantean que se dote “de los recursos necesarios para un control efectivo” a los ministerios de Salud Pública y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a las intendencias y al Laboratorio Tecnológico. “De lo contrario, la norma podría ampliar el número de operadores sin una contrapartida equivalente en materia de control”, consideran. En cuanto al plazo de un año, sugieren que se extienda “como mínimo” a dos. Por otro lado, consideran “central” que “la reglamentación precise el alcance de la medida según el tipo de producto y su nivel de riesgo, atendiendo no solo al resguardo de la salud humana, sino también a la sanidad animal y vegetal del país”.
En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Pablo Abdala consideró que la visión de la CCS es “muy compartible”. Consideró que la redacción podría “poner el límite en cuanto a qué debe contener la ley y qué debe quedar liberado para la reglamentación”. Por ejemplo, mencionó que se podría “precisar un poco más el concepto de trazabilidad”. El artículo establece que el registrante subsiguiente “debe garantizar un sistema de trazabilidad que le permita distinguir los lotes comercializados por él respecto de los de otros registrantes del producto y se hará responsable por los mismos en los términos que establezca la reglamentación, la que podrá condicionar su aplicación a determinados productos y países de origen del abastecimiento”.
La CCS consideró “necesario dimensionar adecuadamente” el eventual riesgo de la coexistencia de múltiples importadores en la pérdida de trazabilidad. La propuesta de la cámara es que se exija “a cada importador subsiguiente registros propios de origen, lote y destino de cada partida, que permitan un rastreo y retiro rápido del mercado”. Abdala señaló que, “si bien el artículo deja librado a que la reglamentación después defina la responsabilidad del importador, eso no da garantías de que después la reglamentación necesariamente defina estos aspectos”.
Aunque en el Senado la coalición acompañó el artículo e introdujo modificaciones, Abdala dijo que, en esta instancia, “nos proponemos perfeccionar la redacción, mejorarla contemplando todos estos aspectos”.
Oddone: es “lo que Kristalina Georgieva nos dijo”
El economista Álvaro Lalanne, asesor de Oddone, ha señalado que la medida procura fomentar la “competencia intramarca”. “Si será importante este asunto de la competencia intramarca que nosotros hicimos un relevamiento de distintos productos, en los que hay una presencia dominante de algunas marcas; son productos de uso masivo, de uso generalizado en el consumo de los uruguayos”, señaló días atrás en el Parlamento. Además, apuntó que, en comparación a los precios de “exactamente las mismas marcas” en otros países de la región, en Uruguay existe un sobreprecio de 70% en promedio.
“A mí me divierte mucho la discusión sobre el segundo importador”, comentó Oddone en el foro de la ACDE. El ministro dijo que “en Uruguay hay condiciones de registro sanitario y fitosanitario que restringen la posibilidad de que exista un segundo importador”, lo cual “genera condiciones monopólicas en la distribución de varios productos que son relevantes en la cadena y el costo de vida de la gente”.
Apuntó que, en caso de aprobarse el cambio, algunas empresas que “hoy disfrutan una renta monopólica” se verían afectadas. “Por lo tanto es absolutamente legítimo que las empresas entiendan y encuentren argumentos para sostener que esta es una idea que puede generar afectación en su rentabilidad, y por lo tanto afectación de la producción en Uruguay, y por lo tanto afectación de puestos de trabajo”, señaló. No obstante, sostuvo que el régimen vigente “es la contracara de que el costo de vida es el que es”. “Obviamente no estoy diciendo que el IPC [Índice de Precios del Consumo] tiene que ver con esto, pero estoy diciendo que una cosa viene con la otra”, puntualizó.
Oddone consideró que el hecho de decir “somos caros, bajame el costo de vida”, pero cuando existe una iniciativa al respecto decir “por acá no, empezá por allá”, no es una postura “consistente”. El ministro llamó a pensar de manera distinta la gestión de la microeconomía porque, de lo contrario, “vamos a converger a un bajo crecimiento de una economía cara”. “No estamos diciendo que nosotros tengamos razón, estamos diciendo que tenemos que pensar de una manera distinta. Lo que Kristalina Georgieva nos dijo: 'Dejemos de mirar por el espejo retrovisor'”, expresó, en referencia a la reciente visita a Uruguay de la directora del Fondo Monetario Internacional.
Oddone afirmó que, como “el resto de los capítulos macroeconómicos están bajo control”, “la batalla hoy está en reformas microeconómicas para mejorar aspectos que tienen que ver con la productividad y con la competitividad”.