La próxima semana, el Poder Ejecutivo remitirá a la Cámara de Senadores un proyecto de ley sobre competitividad y reducción de costo de vida, que había sido anunciado en marzo de este año. Se trata de una iniciativa de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Salud Pública.
En una conferencia de prensa encabezada por los titulares de las cuatro carteras, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, resumió el proyecto como “una modesta pero importante reforma del Estado”, tema que desde 1995 “no ha estado puesto sobre la mesa”, según dijo. “Para nosotros lo importante es poner sobre la mesa una ley que creemos que es un buque insignia de la señal que queremos transmitir como Poder Ejecutivo”, expresó.
El ministro adelantó que se trata de un proyecto “que genera un conjunto de oportunidades, pero también mueve un equilibrio”. “Hay una zona de confort en la que muchos agentes están, que este proyecto pretende remover para ir a un Estado de relacionamiento más eficiente, más moderno entre el Estado y los agentes; eso va a provocar discusiones y seguramente en la reglamentación tendremos que contemplar cosas”, afirmó.
El proyecto tendrá más de 240 artículos. Oddone apuntó que los objetivos específicos son la generación de más empleo y de inversión, la promoción de una reducción de precios y la reducción de la burocracia en Uruguay. Para esto, el titular de la cartera apuntó que el “camino” que están “recorriendo” es la adopción de “un conjunto de microrreformas o de varias reformas de gestión y de relacionamiento del Estado con los ciudadanos”, así como la “promoción de vínculos diferentes entre los agentes económicos para tener como resultado un menor costo de vida y una mayor competitividad”.
Oddone subrayó que el proyecto de ley es resultado del trabajo de los cuatro ministerios, tuvo aportes de representantes de cámaras empresariales, de la academia, de los sindicatos y de organizaciones de la sociedad civil, luego de 40 reuniones, y también se abrió una consulta pública para que los ciudadanos pudieran hacer sugerencias. A su vez, mencionó que tuvieron el apoyo del exministro de Economía de Chile del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau, con base en “su experiencia en el desarrollo de una ley asimilable que tuvo lugar en el período pasado de gobierno [chileno]”.
“Menos burocracia”
El primer capítulo que detalló el ministro tiene que ver con que haya “menos burocracia” en el Estado y que este sea más ágil. Oddone planteó que “hay un conjunto de registros que la administración pública tiene de manera dispersa, a los cuales los ciudadanos y los agentes económicos deben registrarse, teniendo que duplicar acciones para hacerlo”.
En ese marco, según detalla el sitio web del MEF, se promoverá el uso de las declaraciones juradas, se establecerán plazos máximos para obtener una respuesta, y se dispondrá la falta de respuesta como un consentimiento, lo que Oddone llamó “silencio positivo”.
Una de las medidas destacadas por Oddone es la creación de un registro único de apoderados y representantes, en el que las empresas registrarán a sus representantes una única vez. El Estado tendrá la obligación de usar esa información para evitar pedirla en cada oficina.
Otros artículos se centrarán en la gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios en cuanto al arribo, la permanencia y la salida de buques; para mejorar el acceso al crédito se disponibilizará la “información positiva” de los solicitantes; se creará un sistema de información integral para la cadena cárnica; y se establecerá un mandato a “interoperar” con el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos.
A su vez, este capítulo comprende la ampliación de la duración de los registros sanitarios o técnicos. El ministro explicó que estos registros de mercadería que están sometidos a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental, aumentarán de cinco a diez años la vigencia que tendrán, al igual que en Argentina y Brasil.
Promoción de la competencia y reducción del costo de vida
En el capítulo dedicado a promover la competencia y reducir el costo de vida, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia se convertirá en un servicio descentralizado; de esta manera se la dotará de mayor independencia y tendrá un “rol más proactivo en sus cometidos”. Algunos de ellos son investigar el funcionamiento de los mercados y de eventuales conductas anticompetitivas, recibir información sobre concentraciones de empresas, prevenir la conformación de monopolios y sancionar conductas anticompetitivas.
Para reducir el costo de vida se habilitarán “múltiples registros de un producto sin requerir información que el regulador ya tiene”. En este marco, “se debe garantizar que el producto es el mismo y asegurar la trazabilidad de cada lote”.
Asimismo, con el objetivo de “facilitar la toma de decisiones con base en información de calidad”, se establecerá que los locales comerciales deberán publicar, junto al precio de venta de los productos, los precios según la unidad de medida equivalente en kilogramos, litros, metros o unidades del producto. En esta medida están contemplados los comercios con grandes superficies, los establecimientos que vendan alimentos y artículos de higiene personal o de uso doméstico, y los canales de comercio electrónico.
Consultado sobre de qué forma estas medidas se van a traducir en la reducción del costo de vida, Oddone aclaró que “acá no hay ningún mecanismo que establezca rebajas de precios”, sino que lo que se propone es que haya “un ambiente más competitivo y mucho más fácil para que las empresas no tengan tantos costos”. “Seremos nosotros quienes tendremos que estar vigilantes para que esas reducciones de costos efectivamente tengan un destino final, que es el precio de venta a las personas”, aseveró.
Mipymes y estímulos sectoriales
Para promover la innovación y acelerar la inversión, el proyecto establece medidas en tres aspectos: las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la innovación en fintech y los estímulos sectoriales.
En el primer caso, se llevará adelante una simplificación tributaria mediante una graduación de tributos a las empresas Literal E, a los efectos de “acompañar su crecimiento”; se facilitará la gestión y facturación electrónica por medio de la creación de un sistema integrado de gestión y facturación gratuito; y se reducirán los costos de registro de productos de mipymes.
En cuanto a la fintech (tecnología financiera), entre otras medidas, se habilitarán espacios controlados (sandboxes) con menores regulaciones, a los efectos de probar y desarrollar nuevas soluciones financieras; y se creará un sistema regulado por el Banco Central del Uruguay que permitirá a los usuarios compartir sus datos financieros de forma segura con instituciones autorizadas mediante su consentimiento.
Por otro lado, habrá mayores incentivos tributarios a usuarios, así como facilidades en las autorizaciones de recategorización del suelo para parques industriales; se dispondrán incentivos para la investigación clínica; y se ajustará la definición de minería de gran porte.
Comercio exterior
Para facilitar el comercio exterior, la iniciativa creará un “autodespacho aduanero” para que los importadores y exportadores puedan registrarse ante la Dirección Nacional de Aduanas para hacer sus propias declaraciones aduaneras. Los titulares o sus empleados deberán acreditar formación en comercio exterior.
En ese sentido, se agilizarán procedimientos aduaneros mediante la eliminación de la intervención previa de la Dirección General Impositiva en mercadería que retorna, y se implementará el cobro diferido de tributos.
La última medida es el “desempapelamiento”, lo que consiste en digitalizar decenas de trámites, entre ellos, los relacionados con el comercio exterior. Aduanas pasará a aceptar exclusivamente documentos electrónicos y el archivo de documentación será en formato electrónico.