En Uruguay, desde la ley de riego de 1997, las empresas tienen la posibilidad de apropiarse del agua y venderla con fines de riego. La Red de Agroecología considera que los problemas de la mercantilización del agua se potenciarán con la nueva ley de riego aprobada el año pasado, que habilita a fondos de inversión externos al rubro de la producción a ampararse en la ley de inversiones para ingresar, con exoneraciones tributarias, al negocio del riego.
La Red de Agroecología nuclea a productores, consumidores, procesadores y distribuidores de alimentos. En un comunicado, alerta sobre las consecuencias de la profundización del modelo de riego a partir de la experiencia de Bella Unión, donde tres empresas –Calpica, Calagua y Soforuce– venden agua del río Cuareim a los productores hortícolas y de caña de azúcar.
Según cifras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de 2016, el costo de riego vinculado a la producción de caña de azúcar es de 15%. La red cita un trabajo de Gabriel Oyhantçabal de 2015 que sostiene que en Artigas Calpica actúa como proveedor exclusivo de agua, “lo que le permite cobrar precios monopólicos, por encima del precio de producción, con los cuales se apropian de una masa creciente de plusvalor”. “Sólo para tener una idea, en el verano de 2010, cuando las lluvias hicieron prácticamente innecesaria la utilización del sistema de riego, su costo alcanzó los U$ 300 por hectárea, cuando el costo de la renta del suelo ese año estaba por debajo de los U$ 100 por hectárea. Para los colonos, el carácter monopólico y privado del sistema de riego supone otra forma a través de la cual transfieren plusvalor”, afirma Oyhantçabal en el artículo “¿Yo sé quién soy? Contradicciones en el pasaje de asalariado a colono”, publicado por la colección Biblioteca Plural de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. La Red recuerda también los reclamos de la Intersindical de Bella Unión para que se expropien y estaticen los sistemas de riego de esa localidad.
A raíz de esta experiencia, la Red de Agroecología resalta que “el mercado del agua se sostiene sobre servicios monopólicos”. “No existe la competencia que tanto pregonan los defensores del libre mercado, y quien accede al servicio de riego no tiene una opción B; o riega con esa empresa o difícilmente pueda acceder al agua”, señala. Agrega que los precios los fijan las empresas a partir de su condición de único prestador y de su afán de lucro, que no apunta a “la mera recuperación de lo invertido y poco más”, sino que “se sostiene en el tiempo a partir del trabajo de quien cultiva, agricultores familiares y asalariados rurales”. “Lejos de beneficiar a estos últimos, las empresas se enriquecen a costas de los más desfavorecidos del medio rural”, advierte.
La red sostiene que en este escenario, los agricultores familiares con su trabajo “deberán sostener salarios suntuosos de los gestores del agua, mientras que sus ingresos quedarán muy por debajo de las cifras que estos profesionales se embolsen mes a mes”. A juicio de la organización, con la nueva ley de riego se creará un nuevo sujeto político en el medio rural, que ocupará un lugar similar al que hoy tienen los frigoríficos en la cadena cárnica.
Otras críticas de la red a la nueva ley de riego apuntan a sus efectos ambientales, y para ello citan análisis realizados por científicos de la Universidad de la República. En particular, alertan sobre los impactos que el agua para riego contaminada por agrotóxicos genera en los productores familiares. “El departamento de Canelones ya ha visto en los últimos años varias experiencias de predios vinculados a la producción de hortalizas que se han visto arruinados por la contaminación del agua usada para riego, extraída de arroyos o tajamares particulares. Los niveles de contaminación con herbicidas han sido tales que los cultivos regados se perdieron en su totalidad. A ello se suma, en el caso de embalses, un problema adicional”, alerta, y se pregunta quién se hará cargo de los millones de litros de agua contaminada que no pueden ser vaciados en el medioambiente y cuyo traslado implicaría un costo económico de magnitud para cualquier productor, así como quién asegurará a los productores de las zonas bajas de las cuencas que el agua para riego realmente tendrá condiciones para su uso.
La red concluye que la opción de una producción orgánica o agroecológica se verá coartada con esta ley, que implica una pérdida de soberanía “incalculable” y una mercantilización “pura y dura” del agua.
Sostiene que nadie tiene el derecho a agotar los bienes naturales “por un egoísta afán de acumulación particular, de vivir suntuosamente sobre la base de la miseria de otros y otras”. “Comprometer un bien común como el agua, en función de una mirada productivista de corto plazo, que aumente las ganancias de los sectores empresariales del agronegocio, y cuadre los macronúmeros del Estado, es comprometer la autonomía del país y el futuro (también el presente) de los bienes de nuestro territorio y quienes vivimos en él”, afirman los productores, consumidores y distribuidores de alimentos agroecológicos.