Las aguas de dominio público pertenecen al Estado. Los habitantes del país pueden utilizarlas para bebida e higiene, para navegación, pesca y esparcimiento; todos los demás usos requieren de un permiso o concesión, según establece el Código de Aguas.
El trámite para otorgar los permisos es relativamente sencillo: una persona o una empresa obtiene los formularios necesarios de la web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y se presenta en la sede de la cartera para solicitar el “Derecho de Uso del Agua”, un permiso que habilita a utilizar aguas superficiales y subterráneas. Deberá detallar si quiere hacer un embalse, instalar una toma directa, construir un tanque o un pozo. Si el permiso es para riego, tendrá que especificar el cultivo a regar, e incorporar un plan de uso de suelos y aguas.
A su turno, la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del MVOTMA evaluará si la persona está autorizada legalmente a solicitar el permiso –si tiene alguna vinculación jurídica con el predio–, y si existe caudal suficiente. Según explicó a la diaria el director nacional de Aguas, Daniel Greif, este último punto se analiza en función de las estadísticas históricas y de los monitoreos permanentes. “Se conoce el recurso y se estima cuánto puede dar”, apuntó el jerarca.
Cuando no hay suficiente agua disponible, en general los técnicos “saben que no pueden pedir” el uso y “lo que plantean es un proyecto de represa”, explicó Greif. En esos casos, la Dinagua evalúa si las condiciones del curso de agua permiten instalar un embalse.
Según la Ley de Riego de 1997 y la norma que la actualizó, aprobada en 2017, podrá otorgarse una concesión siempre que exista agua disponible “en cantidad y calidad, acorde con lo que establezca el Poder Ejecutivo; el cual podrá reservar un porcentaje del volumen disponible para otros usos o fines en forma adicional al caudal ambiental”.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo todavía no tiene claro cómo definirá el concepto de “caudal ambiental”. La definición de este criterio “tiene una complejidad importante y es lo que muchos países están empezando a trabajar: cómo otorgar el agua para usos industriales o agrícolas manteniendo un determinado régimen de caudal para la vida de los ecosistemas”, indicó Greif.
Permisos y concesiones
Los permisos de uso de agua son precarios y revocables. No tienen una duración concreta. En cambio, para las concesiones se establece una duración máxima de 50 años. A su vez, la concesión tiene exigencias mayores, como la realización de audiencias públicas previas al otorgamiento.
En general, las autorizaciones para tomas de agua directas o pozos constituyen permisos, y las autorizaciones para construir embalses o represas se realizan por medio de concesiones.
Tanto los permisarios como los concesionarios están obligados, según el Código de Aguas, a evitar la degradación de las aguas, los suelos y el medioambiente en general; a conservar la cobertura vegetal protectora de fuentes, cursos y depósitos y a indemnizar por los perjuicios causados, entre otras exigencias. Greif no recuerda ningún caso en que se haya exigido indemnización por daños de este tipo.
El Plan Nacional de Aguas contempla la posibilidad de aplicar un gravamen por el uso del agua; esta opción en realidad ya estaba establecida en la Ley de Riego de 1997. Allí se señalaba que la reglamentación determinaría los casos en que las concesiones se otorgaban gratuitamente y los casos en que debía pagarse un canon o contribuciones. Sin embargo, nunca se cobró por el uso del agua, y la Dinagua pretende ahora implementar el canon, recordó Greif.
El jerarca consideró que el cobro del canon persigue dos fines: un uso más eficiente del agua y la mejora del ambiente. Deberá determinarse mediante decreto el monto del canon que cobrará el Estado, a quiénes les cobrará y cómo se pagará. “En eso estamos trabajando”, aseguró Greif. La Dinagua tiene un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República para considerar todos los aspectos de la implementación del cobro. También suscribió un convenio de cooperación con Costa Rica, que ya tiene implementado un canon. Greif explicó que se están considerando diferentes alternativas, según el volumen de uso y la capacidad de pago.
Los beneficiados
la diaria hizo un pedido de acceso a la información pública a Dinagua para tener datos sobre los beneficiarios de los permisos y concesiones de uso del agua superficial. En la tabla que acompaña esta nota se detallan las empresas con más cantidad de permisos y concesiones otorgados entre 2011 y 2018; las renovaciones cuentan como un permiso. Además, se detalla para qué usos del agua fueron otorgados los permisos o concesiones. La fuente de los datos puede ser consultada en este enlace.
En primer lugar, en términos generales la mayoría de los permisos o concesiones de uso de agua otorgados son para riego (59%), seguidos de los permisos para uso industrial (16%), otros usos agropecuarios (13%), otros usos (7%) y consumo humano (5%).
La empresa con más permisos o concesiones de uso de agua otorgados es Conaprole: tuvo en total 49 permisos en el período señalado, 48 para uso industrial y uno para otros usos. Solicitó autorización para hacer pozos en el río Negro, en el Santa Lucía, en el Río de la Plata y en el océano Atlántico.
Le sigue Gamorel SA, una empresa de cultivo de arándanos ubicada en Salto, que funciona desde 2005; tiene 37 permisos y concesiones, 30 de ellos para riego. Hizo represas y pozos en el río Uruguay.
En el tercer lugar del ranking está Milagro SA, una empresa citrícola de capitales argentinos, con 34 permisos y concesiones para riego. Hizo pozos en el río Negro y en el Santa Lucía, y represas en el río Uruguay. Salus SA ocupa el cuarto lugar, con 21 permisos concedidos para uso industrial; fueron para pozos en el Santa Lucía y en el Río de la Plata.
En quinto lugar está la cabaña Magdalena SA, con 20 permisos para construir pozos en el Río de la Plata, con fines de riego. Le sigue la empresa Bioenergy SA, a cargo de una planta de generación de energía eléctrica en Tacuarembó, con 19 permisos para hacer pozos en el río Negro de uso industrial.
Ecolat SA, empresa de productos lácteos fabricante de la marca Parmalat, que en 2015 se retiró del país, recibió 18 permisos de uso del agua desde 2011; la mayoría fueron para pozos en el Río de la Plata.
La empresa citrícola Antonio de Souza e hijos tuvo 15 permisos entre 2011 y 2018 para hacer pozos en el río Uruguay. Gimley SA, una empresa agropecuaria, fue beneficiada con 14 permisos y concesiones para hacer represas en el río Negro y en el Santa Lucía. Otra empresa agropecuaria, Lembay SA, fue beneficiada con idéntica cantidad de permisos para hacer pozos en el océano Atlántico.
En el período mencionado, también tienen más de diez permisos o concesiones Estancias del Lago, un tambo de capitales argentinos ubicado en Durazno que construyó represas en el río Negro; el feedlot de capitales argentinos Del Carmen ACISA, que hizo represas y pozos en el río Negro; y la bodega Establecimiento Juanicó SA, para hacer pozos en el Santa Lucía.
Algunas de estas empresas, como Gimley SA, Lembay SA o Estancias del Lago, son al mismo tiempo beneficiarias de exoneraciones tributarias al amparo de la Ley de Inversiones.
La distribución geográfica y la intensidad de las licencias para el uso del agua pueden consultarse en el Mapa del agua.
Los datos pueden consultarse en Río Abierto Datos
Equipo de datos: Ana Tuduri, Silvia Da Rosa.