Orosur Mining fue la principal fuente de trabajo y prosperidad de Minas de Corrales. El 14 de junio de 2018 Loryser SA, su principal subsidiaria, se presentó a concurso voluntario de acreedores por una deuda de nueve millones de dólares. Al comenzar agosto cesó la explotación de la mina subterránea San Gregorio y el procesamiento de oro. Redujo su personal a unos 25 operarios para funciones de cuidado y mantenimiento de infraestructura, así como de monitoreo ambiental.
En su reporte anual final, de agosto, Orosur indicó que su continuidad en el país dependería de los avances en la financiación del proyecto subterráneo Veta A y de los permisos ambientales correspondientes. En lo que a financiación respecta, poco antes de entrar en concurso de acreedores solicitó al Banco República un crédito, pero no presentó las garantías que se le exigían para respaldarlo. Luego, al haber entrado en concurso, su clasificación de riesgo crediticio se tornó insuficiente, según se informó desde el banco a la diaria.
En lo referente a la autorización ambiental, la comunicación del proyecto de mina subterránea Veta A había sido presentada en marzo por la subsidiaria Dalvan SA. El Ministerio de Medio Ambiente (MVOTMA) lo clasificó como “C”, es decir, que puede producir un significativo impacto ambiental negativo, dada la peculiaridad de que se sitúa bajo una represa de relaves. El punto de mayor cercanía de la mina proyectada respecto del vaso –la base– de la represa de relaves está apenas a 40 metros. Por eso la División de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, en vista a la comunicación del proyecto –a cuyo expediente se tuvo acceso mediante un pedido de acceso a la información pública–, señaló: “La consecuencia directa de la presencia física del emprendimiento es el aumento del riesgo de desestabilización estructural de la represa de relaves, la principal afectación a la represa podría darse por la pérdida de la integridad física del dique secundario norte de esta, provocando la desestabilización físico-química del depósito de relaves. Eventualmente, un episodio de subsidencia podría comprometer la estructura impermeable de la represa, lo que podría desencadenar la migración de agua y sedimentos con elevado tenor de cianuro y su contacto con unidades acuíferas, comprometiendo en consecuencia la calidad del agua subterránea”. Ponderó de suma importancia señalar que aunque el riesgo de colapso fuera bajo, la magnitud de la consecuencia ambiental sería sumamente elevada. Por eso, la empresa señaló que mediante un estudio hidrogeológico evaluaría la posible infiltración de relaves con cianuro hacia la mina y zonas adyacentes para poder estimar el impacto del proyecto sobre el agua subterránea, según consta en el expediente 2018/14000/005647. Pero jamás presentó el estudio de impacto ambiental para continuar con el procedimiento de aprobación de su proyecto.
El 10 de agosto, los ministros de Trabajo, Ernesto Murro, y de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, encabezaron una asamblea en Minas de Corrales. Entre otras medidas, anunciaron que el gobierno contrataría a un consultor extranjero para que determinase cuánto oro hay en Veta A (y así poder verificar la factibilidad de explotar los recursos estimados por la empresa). Ocurre que el nivel de desarrollo de la exploración del depósito mineral no permite asegurar que haya oro en cantidades explotables. En la comunicación del proyecto Orosur clasificó los recursos como medidos, indicados e inferidos, categorías del sistema de clasificación de recursos minerales. Pero, bajo el argumento de que la geometría del cuerpo y la presencia de la presa de relaves impiden perforar la porción suroeste del depósito, sugirió una cuarta categoría, la de recursos “potenciales”. Con ese criterio amplio, estimó recursos por 70.000 onzas (oz) de oro, a una ley de dos gramos por tonelada, a explotar en dos fases de dos años cada una. En la fase 1 explotaría 22.470 oz de oro, y en la 2, 46.220 oz. Pero sólo logró probar la existencia del oro correspondiente a la fase 1. “La continuidad inferida del cuerpo mineral definido para la fase 1 –que se encuentra abierto– se determina en función del conjunto de datos obtenidos por métodos indirectos y directos que permiten inferir un cuerpo mineral ‘potencial’. Este cuerpo potencial es el que será explotado en una futura fase 2” (sic. ídem 1, f. 47). Los criterios internacionales de clasificación de recursos tienen por finalidad mostrar el nivel de certidumbre de su existencia. Dado que en dicha clasificación no existe la categoría de “potenciales”, aquellos recursos así estimados corresponden a la categoría de reservas inferidas, no medidas ni indicadas, que son las categorías que viabilizan la factibilidad económica de su explotación.
Un pasivo peligroso
El tratamiento hidrometalúrgico con soluciones de cianuro es el método más simple para extraer oro de yacimientos de baja ley de manera rentable. Una forma muy tóxica de cianuro, el cianuro de sodio, se usa en soluciones de entre 100 y 500 miligramos por litro, dependiendo del tipo de roca. Extraer un kilo de oro requiere en promedio 150 kilos de cianuro de sodio. Como el cianuro reacciona muy fácilmente al contacto con metales, al unirse con los átomos de oro lo separa de otros minerales. Los desechos de una planta de concentración húmeda de minerales se depositan en una represa de relaves, obra de ingeniería diseñada para aislarlos completamente. El relave son partículas de roca molida de la que fue extraído el oro, las aguas que sirvieron para tratarla y cuya composición no permite que sean recicladas, y varios tipos de cianuros: libres, complejos metalcianuros, cianatos, tiocianatos y numerosas otras especies químicas disueltas.
Por su peligrosidad, para evitar la generación de impactos o pasivos ambientales las compañías mineras deben presentar planes de cierre, poscierre y abandono de sus presas de relaves. Se requiere, además, de recursos financieros para todas esas fases. Por ello existe la necesidad de que las mineras cuenten con garantías económicas que cubran los costos de cierre, monitoreo ambiental y remediación, para que antes de abandonar las represas cumplan con las obligaciones contraídas con el Estado.
En el padrón 13.427 de la 5ta sección judicial del departamento de Rivera, propiedad de Loryser, están sus dos presas de relaves. Ocupan entre ambas unas 110 hectáreas. Son las únicas que existen en Uruguay (salvo la de la mina Mahoma, en San José, clausurada en 1995 y ya abandonada). La represa de relaves 1 está en etapa de control pasivo poscierre. Estuvo operativa durante 14 años, desde el inicio de la actividad, en 1997, hasta que colmó su capacidad y la sucedió la presa 2. La empresa recién comenzó el cierre operativo en noviembre, luego de que el MVOTMA la intimase a iniciar su ejecución. Sólo la primera etapa de este proceso puede llevar de tres a cuatro años. En lo esencial, la obra consiste en eliminar el líquido excedente para, drenados los relaves, cubrirlos con distintas capas de suelo superpuestas: primero roca estéril de mina, encima un suelo arcilloso compactado –impermeable– y, por último, suelo orgánico. Esa cobertura cumple la función de reducir la infiltración de agua hacia la masa de relaves y separarla de la zona de escurrimiento superficial, controlar su erosión y proveer un sustrato capaz de sostener el desarrollo de vegetación. El cierre de la presa se diseñó con la meta de “lograr la estabilidad física y química del depósito de relaves y el estado sustentable de la hidrología”, y de “permitir su existencia segura y no poluente que no requiera ningún tipo de intervención ni monitoreo” (plan de cierre de represa de relaves 1). La minera había previsto que en las presas la evolución del cianuro desde el punto de vista químico sería hacia su decaimiento. A mediano y largo plazo la cantidad de cianuro disminuiría significativamente, el remanente se transformaría mayoritariamente en especies no lixiviables y la fracción lixiviable estaría compuesta casi en exclusividad por formas de cianuro de muy baja toxicidad. Concluía que para relaves con más de diez años de antigüedad, un depósito clausurado no representa un riesgo en relación a la liberación de cianuro, según consta en el “Informe ambiental resumen”.
Minas de Corrales (archivo, 2016)
Foto: Mike Peel
Los relaves en la presa 1 tienen hoy más de diez años. El ingeniero químico Ignacio Stolkin dijo a la diaria que, según los datos de cianuro que constan en los informes a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), el sistema no ha logrado el equilibrio. Consideró que es necesario controlar filtraciones dada “la presencia, aún escasa, de compuestos cianurados, a nivel de trazas en el exterior de la represa sellada”. Evaluó que lo mejor que puede pasar es que el gradiente de cianuro baje fuertemente, es decir, que la concentración en el interior sea tan baja que la transmisión de materia al exterior sea menos dependiente de posibles defectos en el material que produce el freno al pasaje, hoy constante, de cianuro.
En los resultados de los pozos construidos dentro de la presa cerrada para monitorear el decaimiento del cianuro, Stolkin dijo encontrar cierto parentesco con lo anterior. Analizó las curvas de decaimiento del cianuro, que muestran en una gráfica la evolución en el tiempo de sus concentraciones en un pozo dado.
Señaló que “si bien el pozo 1 muestra una curva con clara tendencia descendente, la presencia de cianuros solubles a bajos pH muestra enormes saltos. Estos productos, provenientes de complejos menos solubles, muestran desviaciones del equilibrio químico que revelan la inestabilidad del sistema, y lo mismo es válido para el pozo 2 para cianuros estables y solubles, y para el pozo 3 en el caso de los solubles”. Concluyó que el sistema requiere “un control más largo en el tiempo, casi sin interrupciones”.
Sin garantías
La situación para el cierre de las represas es delicada. La garantía económica para cubrir el costo de los controles previstos del plan poscierre y abandono de la represa 1, una fianza solidaria del Banco Santander por 100.000 dólares, venció en octubre. La autoridad ambiental ve necesario que la empresa amplíe su plazo de vigencia como mínimo seis meses más, hasta el 1º de abril de 2019, según consta en el expediente 2005/14000/02962.
En lo que al cierre de la presa 2 respecta, sobre la base del cálculo estimado para su ejecución se constituyó una garantía económica por igual monto, 1.326.018 dólares, para asegurar su cumplimiento. Se compone de una fianza solidaria del Banco Santander por 1.175.000 dólares y un seguro de fianza de Sura por 151.018 dólares, con vigencia al 27 y 28 de febrero de 2019 respectivamente. Pero dados los plazos previstos para el cierre de la presa 2, y debido a que las actividades de relleno cubiertas por las garantías constituidas se iniciarán una vez eliminado el líquido sobrenadante, recién dentro de tres meses, la ministra de Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, intimó a la compañía a extenderlas a los efectos del cumplimento de su plan de cierre y también para el poscierre de la otra presa.
La compañía primero indicó que la decisión sobre la renovación surgiría de la Junta de Acreedores del 17 de diciembre, donde se definiría continuar o no con la actividad, y que en caso de decidir no continuar con el proyecto minero y de que la Dinama no estuviera de acuerdo con el plan de cierre, podría ejecutar la garantía constituida a su favor. Pero al suspenderse la Junta de Acreedores horas antes de su celebración, porque el convenio propuesto por Loryser logró adhesiones por 68% del monto de la deuda, quedó pendiente de resolución el asunto de la renovación de las garantías.
Consultado en el juzgado, el abogado de la minera, Joaquín Sarroca, dijo a la diaria que las garantías para el cierre ambiental no van a ser necesarias porque la empresa tiene interés en hacer el cierre por sí misma.
Queda el interrogante sobre qué pasará con el cierre de la presa 2 y con la continuación de las tareas de monitoreo poscierre en la presa 1 si la empresa termina yéndose de Uruguay, y en especial qué sucederá con el control del cianuro en los pozos de observación, dado que no se está cumpliendo el decaimiento proyectado. Todo esto considerando que la minera no cuenta con un seguro a largo plazo que cubra los costos en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro. Si se va, retirará el depósito en garantía por eventuales perjuicios de las represas que le había exigido el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los potenciales impactos negativos son significativos: contaminación con cianuro del agua subterránea por infiltración y del agua superficial por vertidos; riesgos por desborde, infiltración excesiva o fallas estructurales; muerte de animales por intoxicación; alteración del paisaje y alteración de la escorrentía y disponibilidad de agua. Y no está claro quién asumirá la responsabilidad si estos efectos se producen.