Según estima la ONG Global Witness, 201 defensores del ambiente fueron asesinados en el mundo en 2017, 115 de ellos en América Latina y el Caribe. El 4 de marzo de 2018, 24 países de la región – entre ellos Uruguay – adoptaron el tratado vinculante “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como acuerdo de Escazú, que señala expresamente la voluntad de las partes de prevenir y sancionar este tipo de agresiones.
El 16 de mayo, en el anfiteatro del Ministerio de las Relaciones Exteriores, se realizó el Seminario “Acuerdo de Escazú y la democracia ambiental: Ambiente, Sociedad y Estado”. Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL, destacó que el acuerdo de Escazú busca llenar un vacío, incorporando la perspectiva ambiental al concepto de desarrollo sostenible.
El director general para Asuntos Políticos de la cancillería uruguaya, Daniel Castillos, destacó que su ministerio ha dado “una alta prioridad y una recomendación política en cuanto al interés que tiene para el Poder Ejecutivo lograr una rápida aprobación de este acuerdo” en el Parlamento. “No puede ser sino un lógico y natural desarrollo de lo que es la política en la materia” en Uruguay, añadió.
Principios claves
El objetivo del acuerdo, según su primer artículo, es la “implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe” de los derechos humanos vinculados con el medio ambiente: información, participación y justicia. La profesora Valentina Durán Medina, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, enfatizó en el Congreso la importancia de los principios de no regresión y de progresividad en esta materia, porque implican “un compromiso de avanzar”. Otros principios destacables son los de prevención y precaución, mencionados por José Luis Sciandro, docente investigador en el Centro Universitario Regional Este (UdelaR). El principio de precaución se aplica ante la posibilidad de un daño grave. Para el docente, este concepto doctrinario “complejo” y “novedoso” todavía tiene que madurar, pero permanece “innegable su utilidad teórica y práctica en el ámbito del derecho ambiental, donde la incertidumbre, el riesgo y la ciencia se vinculan drásticamente”.
En cuanto al acceso a la información, en el acuerdo priman los principios de transparencia y máxima publicidad.
Justicia en asuntos ambientales
El artículo ocho del acuerdo obliga a las partes a “garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales”. Para ello, los costos de los procedimientos judiciales no deben ser prohibitivos. También se pide que los estados apoyen a poblaciones vulnerables lo que, “según corresponda”, puede incluir una ayuda técnica y jurídica gratuita. La seguridad de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental igualmente encarna un asunto clave: deben poder “actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”, y por tanto es necesario implementar medidas para “prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”. Se facilitará además la evidencia del daño ambiental a través de la inversión de la carga de la prueba. En otras palabras, los acusados tendrán que, “cuando corresponda y sea posible”, probar la ausencia de daño en vez de dejar al denunciante demostrar el daño. Daniel Castillos remarcó la necesidad de “promover la progresiva construcción de una justicia especializada en cuestiones medioambientales”.
Durante el congreso, José Dallo, abogado y representante de ONU Medio Ambiente, sostuvo que los diferentes hitos ambientales de la comunidad mundial, desde la cumbre de Río de 1992, influyeron fuertemente en el derecho latinoamericano. El acuerdo de Escazú parece llegar justamente cuando la pregunta es cómo incentivar a los países a ser más ambiciosos con sus agendas ambientales, porque “hoy la tendencia es que vamos a estar a más de tres grados, inclusive cumpliendo con” los compromisos que hicieron los países después de París. Por su parte, Marcelo Cousillas, abogado y profesor de derecho ambiental en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo, se refirió al Pacto Mundial por el Medio Ambiente, impulsado en 2017 por el Club de Juristas de Francia y expertos de más de 40 países para promover la protección del ambiente. Consideró que hay una concordancia fuerte entre este pacto y el acuerdo de Escazú, principalmente en lo que refiere a sus principios. Cousillas notó que el pacto también incluye la esencia del acuerdo latinoamericano y caribeño, es decir, el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
El acuerdo de Escazú no solo se nutre de la legislación y jurisprudencia mundial en asuntos ambientales, sino que también fomentará nuevos procesos y decisiones a favor del ambiente. Para Carlos de Miguel, el acuerdo es un “granito de arena” necesario para que se fomenten e impulsen otros procesos de protección del ambiente.