El presidente de la Junta Departamental de Salto, Jonnathan Aramburo, esperaba un año relativamente tranquilo, pero la actividad del legislativo departamental tomó otro ritmo en los últimos días. Una de las últimas sesiones, marcada por el tratamiento de la tercerización del servicio de recolección de residuos, fue de las más extensas del período.
En esa instancia, la bancada oficialista respaldó la iniciativa que habilita a la Intendencia de Salto a avanzar en la contratación de empresas para prestar el servicio. Según explicó Aramburo en diálogo con la diaria, la decisión busca dar una respuesta a una prestación que actualmente la comuna no está en condiciones de sostener por sus propios medios.
Más allá de ese debate puntual, el presidente de la junta aseguró que tiene definida una agenda de trabajo que funciona como una hoja de ruta para su gestión. Uno de los principales objetivos, señaló, es descentralizar la actividad del legislativo departamental y fortalecer el trabajo de las comisiones asesoras en contacto con el territorio.
En ese sentido, destacó que distintas comisiones han mantenido reuniones con organizaciones de diferentes puntos del departamento. Como ejemplo, señaló que este viernes la Comisión de Descentralización sesionará en el stand de la Intendencia de Salto en la Expo Salto.
Aramburo también hizo hincapié en la necesidad de mejorar la comunicación de la junta hacia la ciudadanía. Recordó que la función de los ediles es honoraria, al igual que la del presidente del legislativo departamental, aunque existen beneficios vinculados con el ejercicio de la función que varía entre los 19 gobiernos departamentales.
“Nosotros entendemos que nos ajustamos mejor, dentro de esas observaciones que siempre tenemos del Tribunal de Cuentas, a lo que dice la carta magna: sin honorarios”, sostuvo. Para Aramburo, el edil ocupa además un lugar central en el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno departamental: “En Salto la ciudadanía visualiza que el edil es el primer eslabón para poder hacer un planteo y, a partir de ahí, encausar todas las posibles soluciones”.
El presidente de la junta también se refirió a la administración de los recursos del legislativo departamental. Explicó el concepto de duodécimo, que corresponde a la doceava parte del presupuesto anual o del monto máximo de endeudamiento y crédito que, de acuerdo con la Constitución y las normas financieras, puede utilizarse como referencia para determinadas operaciones y asignaciones mensuales.
En ese marco, aseguró que la administración de los recursos se hace con criterios de austeridad. “Venimos con las cuentas muy claras. Yo tengo un concepto muy claro de austeridad”, afirmó.
Uno de los objetivos para este año es renovar la flota de vehículos de la Junta Departamental. Aramburo explicó que los automóviles actualmente en uso son de 2014 y que la flota no fue renovada por las presidencias anteriores. “Nosotros tenemos la disponibilidad presupuestal que finaliza el 31 de diciembre para hacer uso de ese dinero y renovar la flota del legislativo”, sostuvo.
Según explicó, la junta había realizado una licitación para concretar la compra, pero la oferta presentada fue desestimada porque, a juicio del organismo, los vehículos ofrecidos no se ajustaban a las necesidades del trabajo que deberán realizar. Por ese motivo, se avanzará ahora mediante una compra directa, dentro de las posibilidades previstas en el presupuesto y de las competencias del organismo.
Aramburo señaló que la alternativa en evaluación permitiría renovar los vehículos cada dos años o al alcanzar los 50.000 kilómetros en forma gratuita. “Es una inversión que para la Junta Departamental va a significar un antes y un después”, afirmó.
La polémica por una empresa de Montevideo
Consultado sobre las versiones que señalan que la Junta Departamental estaría negociando con una empresa de Montevideo para renovar los vehículos, Aramburo negó que exista un procedimiento irregular y remarcó que la licitación realizada fue pública.
“La licitación, como bien lo dice la normativa, es pública. El órgano legislativo no puede estar haciendo un trabajo con empresas locales o nacionales” por cuestiones de afinidad, afirmó. Agregó que realizar contrataciones de ese modo por parte de un organismo público “sería un delito grave”.
Explicó que la junta recibió una única oferta en el proceso licitatorio y que una comisión analizó la propuesta y resolvió desestimarla por entender que no se adecuaba a las necesidades del organismo.
Una vez finalizado formal y legalmente el procedimiento, indicó, la junta quedó habilitada para dialogar con empresas del departamento y también con firmas nacionales. “Hasta el 31 de diciembre tenemos para tomar esa decisión”, concluyó.
