La Mesa Política Departamental de Salto calificó la decisión de la intendencia como un retroceso en materia de protección social y sostuvo que el argumento económico no justifica el cierre de una institución con más de 30 años de trayectoria.
La decisión de la Intendencia de Salto de cerrar el Hogar Municipal de Ancianos generó el rechazo de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, que cuestionó tanto el fundamento económico esgrimido por el gobierno departamental como la alternativa de trasladar a los residentes a instituciones privadas.
Para la fuerza política, la medida implica un retroceso en las políticas sociales y supone el desmantelamiento de un servicio público que durante más de tres décadas funcionó como una red de contención para las personas mayores en situación de vulnerabilidad.
En una declaración remitida a la diaria por el presidente de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, Luis Alonso, la organización expresó su “más enérgico rechazo y profunda preocupación” por una resolución que, a su entender, no puede considerarse un mero trámite administrativo, sino que representa la pérdida de una herramienta esencial de protección social.
El pronunciamiento pone el foco en el carácter histórico del Hogar Municipal, cuya continuidad fue sostenida por sucesivas administraciones departamentales. En ese sentido, el Frente Amplio considera que su cierre compromete una política pública de cuidados y advierte sobre las consecuencias que puede tener para quienes deberán abandonar el lugar donde residen.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al realojo de los adultos mayores en centros privados. La Mesa Política entiende que las políticas de cuidados no pueden quedar sujetas a la lógica del mercado ni resolverse mediante procesos de tercerización que, según advierte, pueden provocar el desarraigo de los residentes y afectar sus vínculos, su estabilidad y su bienestar emocional.
“El problema no es la falta de recursos, sino una definición política sobre las prioridades de gobierno”, sostiene la declaración, que también pone en duda la explicación oficial sobre los elevados costos que implicaría mantener en funcionamiento el hogar.
Al respecto, el Frente Amplio afirma que la sostenibilidad de este tipo de servicios depende de las prioridades políticas de cada administración y recuerda que durante sus gobiernos departamentales se mantuvo el funcionamiento de la institución, incluso en contextos de restricciones presupuestales. Según plantea, en aquellas gestiones se optó por priorizar la inversión social antes que recortar derechos o clausurar el servicio.
La declaración también incorpora cuestionamientos al manejo financiero de la actual administración. En particular, señala una contradicción entre la falta de recursos que se argumenta para sostener el Hogar Municipal y el incremento del gasto en salarios, designaciones y nuevas áreas administrativas. Para la fuerza política, esa diferencia evidencia cuáles son las prioridades establecidas por el gobierno departamental.
En el tramo final del documento, la Mesa Política Departamental reafirma que el cuidado de las personas mayores constituye un derecho humano y una responsabilidad pública que no puede quedar relegada.
Por ese motivo, reclama a la intendencia que revea la decisión de cerrar el hogar, dé a conocer los criterios utilizados y los costos que implicará el traslado de los residentes a instituciones privadas, y garantice condiciones adecuadas de dignidad, salud y calidad de vida para cada una de las personas afectadas.
El planteo incluye, además, un reclamo por la estabilidad laboral de los funcionarios que desempeñan tareas en la institución, otro de los aspectos que, según el Frente Amplio, debe ser contemplado en cualquier resolución sobre el futuro del servicio.
Así, el cierre del Hogar Municipal de Ancianos suma un nuevo capítulo a la discusión sobre el papel del Gobierno departamental en las políticas de cuidados y la responsabilidad de garantizar atención a las personas mayores más vulnerables.