La preocupación por las altas temperaturas que cada verano afectan a Salto llevó al edil de Izquierda Frenteamplista Independiente Walter Campos a elaborar una propuesta orientada a incrementar la forestación urbana como herramienta para mitigar el impacto del calor y mejorar la calidad de vida de la población.
En diálogo con la diaria, explicó que la iniciativa surgió tras conocer experiencias exitosas desarrolladas en otras ciudades y luego de participar en una capacitación organizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en Paysandú.
Campos recordó que Salto, junto con Artigas, es una de las zonas más cálidas del país y sostuvo que aumentar la cobertura verde puede contribuir a disminuir la temperatura urbana y, en consecuencia, reducir el consumo energético durante el verano.
“Estamos esperando que la OPP nos facilite la nómina de especies que pueden plantarse en Salto, porque no se trata de colocar cualquier árbol. Hay que elegir aquellos cuyas raíces no terminen levantando las veredas”, señaló.
El edil explicó que la intención es plantar árboles “en todos los lugares posibles” mediante un proyecto que incluso prevé la búsqueda de financiamiento internacional a través de Mercociudades.
Además, indicó que existen técnicas que permiten controlar el crecimiento de las raíces mediante estructuras de hormigón, evitando daños en la infraestructura urbana y facilitando el mantenimiento de los espacios públicos.
Otra de las preocupaciones de Campos está vinculada al estado ambiental de los arroyos Sauzal y Ceibal. A su entender, las tareas de limpieza anunciadas por la Intendencia de Salto (IDS) constituyen una medida necesaria, pero insuficiente, si no forman parte de un plan integral de recuperación.
El edil sostuvo que existen sectores donde será imprescindible llevar adelante obras de mayor envergadura para estabilizar las márgenes y evitar procesos de erosión, especialmente ante los anuncios de un posible fenómeno climático que incremente las precipitaciones.
En ese sentido, destacó el trabajo de la Universidad de la República sobre el arroyo Sauzal y adelantó que mantiene contactos con los equipos técnicos para impulsar acciones coordinadas.
Entre las propuestas figura la forestación y parquización de las riberas, con la incorporación de especies acuáticas que permitan mejorar la oxigenación del agua y reducir los procesos de contaminación y malos olores.
Campos también cuestionó la falta de controles ambientales por parte de la IDS. Según expresó, vecinos de distintos sectores han denunciado reiteradamente la aparición de aguas con olores desagradables producto de vertidos irregulares. “Faltan controles y están fallando”, afirmó.
Para el edil, el gobierno departamental debe intensificar las inspecciones a lo largo del recorrido de ambos arroyos, verificando tanto los posibles vertidos contaminantes como el cumplimiento de la normativa que establece una franja de servidumbre de diez metros a cada lado del cauce.
Indicó que esas disposiciones ya existen y que corresponde a la Unidad de Inspectoría controlar su cumplimiento antes de recurrir a sanciones económicas. “No inventé yo esas normas, ya están reglamentadas. Lo que falta es hacerlas cumplir”, enfatizó.
Reglamentar la plusvalía para generar recursos públicos
Durante la charla con la diaria, Campos también profundizó en uno de los temas que ha planteado en la media hora previa de la Junta Departamental, la reglamentación de la recuperación de plusvalías urbanas prevista en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial.
Según explicó, actualmente la normativa nacional reconoce el derecho de los gobiernos departamentales a participar del incremento del valor de determinados inmuebles cuando ese aumento se produce por decisiones públicas –como cambios en la planificación urbana o inversiones estatales–, pero en Salto ese mecanismo aún no ha sido reglamentado.
El edil sostuvo que la valorización del suelo no siempre responde al esfuerzo del propietario, sino que muchas veces deriva de inversiones realizadas por toda la sociedad. “Si el incremento del valor fue generado por decisiones públicas, corresponde que una parte de ese beneficio retorne a la ciudad”, argumentó.
Desde esa perspectiva, afirmó que la propiedad posee una función social y que el instrumento de la plusvalía constituye una herramienta para redistribuir parte de esos beneficios hacia políticas públicas.
Campos explicó que, para aplicar este sistema, será necesario distinguir cuánto del valor del inmueble corresponde a la inversión realizada por el propietario y cuánto obedece a factores externos, como nuevas obras de infraestructura, modificaciones normativas o mejoras impulsadas por el Estado.
Asimismo, recordó que la legislación ya prevé la existencia de instrumentos como la cartera de tierras y el Fondo de Gestión Territorial, aunque ambos permanecen sin reglamentación departamental.
En caso de implementarse, el edil considera que los recursos obtenidos mediante la recuperación de plusvalías deberían destinarse prioritariamente a obras de interés colectivo.
Entre los posibles destinos mencionó la construcción de viviendas, obras de saneamiento, pavimentación, alumbrado público, creación y mantenimiento de espacios públicos, así como inversiones en educación y salud.
Para Campos, reglamentar estos mecanismos permitiría fortalecer la capacidad financiera del gobierno departamental sin crear nuevos impuestos, sino recuperando para la comunidad parte del valor generado por decisiones públicas.
Con propuestas que abarcan desde el arbolado urbano y la recuperación ambiental hasta nuevas herramientas de gestión territorial, el edil sostiene que “el desafío pasa por planificar el crecimiento de Salto con una mirada de largo plazo, donde el desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental avancen de forma complementaria”, concluyó.
