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Archivo, abril de 2026.

Foto: Ariel Volpi

Manuela Mutti: “La educación debe ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos”

La edila salteña dijo que se apuesta al Congreso de la Educación con amplia participación ciudadana y énfasis en la necesidad de la Universidad de la Educación.

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El Movimiento de Participación Popular (MPP) definió una serie de prioridades en materia educativa durante el reciente Encuentro Nacional de Educación en Montevideo.

Entre los principales acuerdos figura el respaldo al Congreso de la Educación que convocará el Ministerio de Educación y Cultura, concebido como un ámbito de construcción colectiva para definir políticas de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno.

La edila salteña Manuela Mutti explicó a la diaria que la jornada reunió a militantes, docentes y personas vinculadas tanto a la educación formal como no formal. Allí recibieron informes sobre las principales líneas de trabajo del gobierno y debatieron propuestas que marcarán la agenda educativa del sector.

Según señaló, uno de los ejes centrales fue la organización de las futuras asambleas territoriales, abiertas a la ciudadanía, donde cualquier grupo de personas mayores de 14 años podrá promover instancias de debate para aportar al Congreso de la Educación.

“La educación debe ser una política de Estado que trascienda a los partidos políticos y a los gobiernos”, sostuvo Mutti, quien destacó el compromiso del MPP para que “el proceso tenga participación de todos los sectores políticos y de las organizaciones sociales”.

Durante el encuentro también se hizo un balance de las inversiones en infraestructura educativa durante las últimas administraciones nacionales.

Mutti afirmó que el actual gobierno “parte de un escenario de desinversión” y comparó los recursos destinados a obras en distintos períodos. Según indicó, “durante la administración de José Mujica se invirtieron unos 100 millones de dólares anuales, cifra que descendió a 70 millones durante el segundo gobierno del Frente Amplio y posteriormente a 40 millones en la administración de Luis Lacalle Pou”.

La dirigente sostuvo que “existen ejemplos de inversiones cuya lógica resulta difícil de comprender”, y mencionó el caso del departamento de Flores, donde “se destinaron cerca de 20 millones de dólares en infraestructura, pese a no registrar un crecimiento significativo de la matrícula estudiantil”.

Para el MPP, estas diferencias justifican la afirmación incluida en la declaración política del encuentro, donde se sostiene que el nuevo gobierno “detuvo un retroceso profundo” que habría comenzado en 2020.

Entre las medidas destacadas por Mutti figura “el énfasis presupuestal dirigido a combatir la pobreza infantil y fortalecer las poblaciones más vulnerables”.

Explicó que el próximo año se destinarán 31 millones de dólares específicamente a ese objetivo, mientras que el Codicen contará este año con 50 millones de dólares para distintas políticas educativas.

Asimismo, adelantó que los cambios curriculares previstos serán implementados de forma progresiva para evitar afectar las trayectorias educativas ya iniciadas. “Quienes comenzaron sus estudios bajo un determinado plan deben poder culminarlos bajo esas mismas reglas”, expresó, y señaló que el objetivo “es preservar el derecho a la educación y la gratuidad del sistema público”.

Otro de los anuncios destacados refiere al incremento de la inversión en infraestructura educativa. Según indicó Mutti, “el presupuesto nacional prevé destinar 335 millones de dólares durante el actual período para obras en centros de enseñanza”.

Paralelamente, el MPP mantiene como una de sus principales banderas la creación de una Universidad de la Educación cogobernada. La propuesta apunta “a otorgar rango universitario a la formación docente, habilitando el acceso a posgrados, investigación y formación permanente para maestros y profesores”.

Mutti reconoció que “la iniciativa requiere mayorías especiales” que hoy el oficialismo no posee, aunque consideró que el debate debe instalarse como una necesidad nacional. “Queremos docentes que también investiguen, produzcan conocimiento y escriban sobre lo que sucede en las aulas. Son quienes mejor conocen la realidad educativa del país”, afirmó.

Otro de los desafíos analizados durante el encuentro fue “cómo lograr que más estudiantes culminen sus estudios y cómo reincorporar a quienes abandonaron el sistema educativo”.

Mutti sostuvo que “distintos estudios muestran que la formación terciaria mejora significativamente los ingresos laborales, por lo que la permanencia educativa constituye también una política de inclusión social”.

En ese sentido, destacó el reciente convenio salarial con los trabajadores de la educación, que contempla un incremento del 0,6% y una redistribución de recursos en la que se prioriza a los funcionarios con menores ingresos, especialmente personal no docente.

También resaltó la reorganización de cargos y extensiones horarias “como una estrategia para fortalecer los equipos educativos y mejorar las condiciones laborales”.

La dirigente destacó que actualmente 17 escuelas pasaron al régimen de tiempo completo, “una política que busca mejorar la calidad educativa y, al mismo tiempo, sostener las fuentes laborales docentes en un contexto de descenso de la natalidad”.

Explicó que esta modalidad “requiere inversiones adicionales en alimentación escolar, propuestas de cuidado infantil y adecuaciones curriculares, además de permitir reducir la cantidad de estudiantes por grupo y desarrollar propuestas pedagógicas más integrales”.

Para Mutti, estas transformaciones benefician tanto a las familias como a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Preocupación por el consumo de energizantes y pastillas entre adolescentes

Uno de los temas que causó mayor preocupación durante el encuentro fue la temática sobre consumo problemático de sustancias entre adolescentes.

Mutti señaló que “los datos analizados muestran que una de las combinaciones más frecuentes entre los jóvenes es la de bebidas energizantes con pastillas, incluso por encima de otras drogas ilegales”.

La edila consideró necesario abrir un debate sobre los riesgos sanitarios de estas sustancias y cuestionó la facilidad con que pueden adquirirse en comercios ubicados frente a centros educativos. “Tenemos que educar a nuestros jóvenes, porque estos consumos causan daños reales para la salud y afectan directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje”, sostuvo.

Resumió el espíritu del encuentro señalando que “la educación es un amplificador de la democracia y uno de los principales ámbitos para el desarrollo de una sociedad”.

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