Un grupo de ciudadanos que se define como apartidario comenzó a trabajar en una propuesta de reforma constitucional que aspira a llegar a las urnas junto con las elecciones nacionales de 2029.
La iniciativa nació a mediados de 2025 con el objetivo de elaborar un proyecto impulsado desde la ciudadanía, utilizando los mecanismos de democracia directa previstos por la Constitución.
El abogado salteño Ignacio Supparo, único representante del departamento en la comisión de este grupo, dialogó con la diaria sobre las motivaciones que lo llevaron a involucrarse y sobre los principales ejes que, a su entender, debería contemplar una futura reforma constitucional.
Supparo explicó que su participación surge de “una preocupación por el rumbo institucional del país y de una fuerte defensa de las libertades individuales”. Según señaló, durante los últimos años percibió “un proceso de deterioro moral e institucional” que, a su juicio, “se hizo particularmente visible durante la pandemia”, cuando entiende que se vulneraron libertades fundamentales. “Cuando vi esa decadencia entendí que no podía callarme más”, afirmó.
Uno de los ejes centrales del planteo de Supparo es su cuestionamiento al funcionamiento actual del sistema político uruguayo. A su entender, “el país dejó de ser un verdadero Estado de derecho para transformarse en un sistema donde predominan leyes” que, según sostiene, “lesionan derechos individuales”.
También cuestionó el papel que cumplen los partidos políticos y afirmó que Uruguay funciona como una “partidocracia” donde las estructuras partidarias concentran el poder y reducen la participación directa de los ciudadanos.
En esa línea, sostuvo que “tanto gobiernos de izquierda como de derecha mantienen una misma concepción socialdemócrata del Estado”. Desde su perspectiva, “el llamado Estado benefactor ha incrementado el gasto público, la presión tributaria y la dependencia de la población respecto de las políticas estatales, debilitando el rol de la sociedad civil y de las organizaciones intermedias”, como asociaciones, iglesias y mutuales, que, según indicó, tuvieron un papel relevante en otras etapas de la historia uruguaya.
Supparo destacó que la Comisión Nacional de Reforma Constitucional 2029 “está integrada por 11 personas”, entre las que se encuentra la escritora Mercedes Vigil, y aseguró que “ninguno de sus miembros integra partidos políticos ni aspira a hacerlo”.
Consideró que la principal característica del proyecto es que pretende construirse “de abajo hacia arriba”, recogiendo la opinión ciudadana mediante consultas públicas.
Según explicó, “la organización ya habilitó una encuesta en su sitio web (reforma2029.org) y un foro de discusión donde miles de personas han expresado opiniones sobre distintos temas”. Esa información será utilizada para definir el contenido definitivo del proyecto, cuya redacción comenzaría en 2027. “Ahora estamos escuchando. No creemos tener la verdad revelada”, resumió.
El primer bloque de propuestas que impulsa la comisión apunta a modificar los mecanismos de democracia directa. Entre las principales iniciativas figura “reducir al 10% del padrón electoral el porcentaje de firmas requerido para promover referéndums, equiparando este mecanismo con el plebiscito”.
También propone “incorporar plenamente la firma digital para la recolección de adhesiones ciudadanas, eliminando el sistema basado en planillas en papel”.
Otro de los planteos consiste en “otorgar mayor estabilidad a las decisiones adoptadas por la ciudadanía mediante plebiscitos y referéndums”. Según explicó Supparo, “cuando una consulta popular aprueba una determinada norma, esta debería mantenerse vigente durante un plazo mínimo de cinco años y cualquier modificación posterior debería requerir mayorías parlamentarias especiales”.
Otro de los temas propuestos está dirigido al funcionamiento del sistema político. Entre las medidas que actualmente forman parte del debate aparecen “la eliminación de los cargos de confianza, la reducción del número de legisladores, la disminución de beneficios asociados a la actividad política, el establecimiento de un tope salarial para cargos electivos y jerárquicos y la eliminación de vehículos oficiales, salvo aquellos indispensables para tareas técnicas”.
Asimismo, la comisión plantea “restringir los fueros parlamentarios exclusivamente al ejercicio de la función legislativa y eliminar otros privilegios” que, según Supparo, “generan desigualdad entre representantes y ciudadanos”.
Para el abogado salteño, uno de los cambios más relevantes consiste en fortalecer el rol del Tribunal de Cuentas. “Actualmente, las observaciones realizadas por ese organismo no impiden necesariamente la ejecución de los gastos cuestionados.
La propuesta busca que esos dictámenes pasen a ser vinculantes”, de modo que un gasto observado por ilegalidad solo pueda concretarse si obtiene posteriormente la aprobación de la Asamblea General por mayoría absoluta.
Supparo sostuvo que “ese cambio permitiría reducir significativamente las irregularidades en la ejecución del gasto público y mejorar los mecanismos de control del Estado”.
Temas que generan debate
Además de las modificaciones institucionales, la comisión abrió la discusión sobre otros asuntos que considera relevantes para una eventual reforma constitucional.
Entre ellos figuran la implementación de listas abiertas con voto preferencial, la exigencia de personería jurídica y balances auditables para los sindicatos, la prohibición de contratos estatales confidenciales salvo mayorías especiales, el endurecimiento de penas para reincidentes y la incorporación del principio de igualdad jurídica efectiva.
También aparecen propuestas que previsiblemente generarán mayor controversia, como el restablecimiento de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado para delitos anteriores a 1985 o el mantenimiento del régimen vigente sobre tenencia y porte responsable de armas.
Supparo aclara que “muchos de estos puntos permanecen abiertos a discusión y que la intención es construir un proyecto que refleje el resultado del proceso participativo iniciado con la ciudadanía”.
Con ese objetivo, “durante los próximos meses el grupo continuará promoviendo el debate público y recabando opiniones con la mirada puesta en un eventual plebiscito nacional que, si logra reunir las adhesiones necesarias, podría coincidir con las elecciones nacionales de 2029”, concluyó.