“Esto es dar un derecho a las trabajadoras para que, ante situaciones de violencia doméstica, puedan tomar el recaudo correspondiente expresado en la licencia pero, más que nada, es un respaldo para que puedan actuar y prevenir, que no se repitan los hechos de violencia”, sostuvo ayer Marcos Carámbula, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en diálogo con la prensa. ASSE firmó ayer un acuerdo con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior a partir del cual otorgará una licencia especial de diez días hábiles al año a víctimas de violencia de género “incluyendo toda forma de violencia doméstica”, explicita el texto. La licencia no podrá fraccionarse; para tramitarla, la trabajadora –o el trabajador– deberá presentar la denuncia policial y la medida cautelar dispuesta por la Justicia.
En junio de 2018, previo al envío del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, ASSE se había comprometido con los sindicatos a analizar la creación de esta licencia. El organismo argumentó que la medida se basa “en el marco de las políticas institucionales de mejora en la calidad de vida de sus trabajadoras, tomando en cuenta el avance de la legislación nacional así como las buenas prácticas de otros países de la región y las legislaciones comparadas más modernas”, reseña el acuerdo.
Carámbula expresó ayer que la sociedad uruguaya tiene que hacer “un gran esfuerzo colectivo” para luchar contra la violencia doméstica, y que este beneficio busca respaldar a quienes estén en esa situación, quienes en su enorme mayoría son mujeres.
En diálogo con la diaria, Gustavo Grecco, presidente del SMU, expresó que “cuando una víctima de violencia de género hace una denuncia y quiere escapar de la situación de riesgo vida, riesgo de lesiones, del estrés personal y familiar que significa sostener la actividad laboral, tener diez días para reordenar su vida es una ayuda importante”.
Además, comentó que el beneficio también contempla a los pacientes: “Una colega que sufre violencia de género, con el riesgo que eso implica, difícilmente pueda estar en condiciones de ver pacientes y resolver situaciones complejas. Hay toda una protección al paciente: es cuidar a la persona pero también al sistema, que pueda desempeñar adecuadamente su trabajo sin que implique una alteración para los demás”.
