Este martes concurrieron a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados integrantes del Colegio Médico del Uruguay (CMU), convocados por el caso de la anestesista Inés Miralles, responsable de la muerte de Soledad Barrera, de 41 años, quien falleció durante una operación de rutina.
Miralles fue condenada en diciembre del año pasado por homicidio culposo pero, en el ámbito profesional, la actual administración del Ministerio de Salud Pública (MSP), encabezado por Cristina Lustemberg, le redujo el tiempo de inhabilitación de cinco a tres años. La ministra fue asesorada por la División de Servicios Jurídicos de la cartera, lo que derivó en la renuncia de gran parte de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que había resuelto la inhabilitación por cinco años de la profesional. El fallo fue recusado por la anestesista y, de ese modo, llegó a decisión de Lustemberg.
La familia de Barrera reaccionó en diversos ámbitos a la decisión de la jerarca. De hecho, llevó el caso al CMU, pidió que se lo tomara como un caso de mala praxis y también presentó una denuncia contra Lustemberg ante el Tribunal de Ética Médica. La denuncia no fue admitida: por mayoría, el Tribunal de Ética Médica resolvió no dar curso a la denuncia que hicieron los padres de Barrera contra la ministra. Los médicos Gerardo Eguren y Fernando Repetto votaron a favor de que continuara la investigación.
Luego de varios intentos de la familia, el Colegio Médico decidió el mes pasado admitir la denuncia de los padres de la fallecida e investigar si hubo falta ética en el proceder de Miralles a partir de los hechos identificados en la denuncia.
Este martes, a la salida de la comisión, el presidente del Colegio Médico, Álvaro Niggemeyer, dijo en rueda de prensa que concurrieron para “explicar cómo es el procedimiento [que sigue el tribunal de ética], es decir, detalles sobre la admisibilidad, el estudio de la prueba, pero no sobre los casos en curso porque por ley no pueden prejuzgar u opinar sobre casos que están en curso”. Evaluó el intercambio como “fructífero”, aunque dijo que “el colegio médico sentimos presiones hacia el tribunal de ética que no nos parecen adecuadas; esperemos que no haya presiones a otros tribunales en este sentido”, deseó. “Entendemos que habría que evitarlo mientras el proceso está en curso”, dijo sobre “afirmaciones” que se dieron en la comisión “sobre algo que está en curso, comenzando”, agregó.
“Le pedimos a los legisladores que dejen trabajar con tranquilidad al tribunal y que, una vez que el proceso termine y tengamos las conclusiones, ahí va a quedar más claro para todos cómo se trabaja”.
Tenemos plena confianza en los cinco integrantes; “están cumpliendo todos los procesos” y explicó que consiste en que, ante una denuncia de un organismo, colega o persona que puede denunciar a un médico, primero se ve la admisibilidad de la denuncia. Se puede rechazar preliminarmente o se puede solicitar mejorarla, como forma de darle garantía a las partes, porque “una denuncia que no está correctamente formulada puede no prosperar por problemas, o puede ser aceptada; hay plazos para responder la admisibilidad, presentar pruebas, puede actuar de oficio para agregar nueva prueba, los testigos declaran, partes presentan alegatos y hay un fallo, el cual puede ser aceptado o revocado por cualquiera de las dos partes”.
Sobre la decisión de Lustemberg, dijo que la pregunta en cuestión “no es si se está de acuerdo o no [con lo decidido por la ministra], es en realidad si dentro de las potestades del tribunal de ética está juzgar a los médicos como tales en actos médicos o juzgar a jerarcas del Poder Ejecutivo o Legislativo en decisiones correspondientes a sus jerarquías”. En esto se decide la admisibilidad, sostuvo. Aclaró que no está dando la respuesta ahora, pero que “probablemente sería un acto de desviación de autoridad si como colectivo médico pretendieramos juzgar presidentes, ministros, diputados o senadores en actos que tienen que ver con su trabajo por el solo hecho de ser médicos; ahí está la fina línea en la que el tribunal en este momento está trabajando”.
El Colegio Médico deberá tener un fallo fundamentado sobre la admisibilidad de la denuncia y, eventualmente, sobre eso se evaluará el proceso, aseguró.
Por su parte, el diputado nacionalista Federico Casaretto, quien ha sido crítico del proceso que tuvo el caso dentro del MSP y también dentro del Colegio, fue consultado en rueda de prensa sobre si se siente aludido por las presiones que mencionó Niggemeyer. Respondió que no y que es algo “totalmente fuera de lugar”. “Estamos cumpliendo en una comisión legislativa con obtener información”, manifestó.
“El centro de la discusión estuvo en hasta cuándo blindar a la ministra Lustemberg va a hacer que estos organismos estén cuestionados”, se preguntó. Por otra parte, cuestionó que este martes no asistió el Sindicato Médico del Uruguay, también convocado por la comisión.
La convocatoria a la que accedió la diaria dice que fueron invitados “para considerar la situación correspondiente a la reducción de la sanción a una profesional médica por parte del Ministerio de Salud Pública”. A esto, el sindicato envió una nota a la que también accedió este medio, en la que responde que “para nuestra institución siempre es un honor y un privilegio ser citados por el Parlamento de la República, donde hemos concurrido en múltiples oportunidades, convocados o a nuestra solicitud, siempre vinculados a múltiples temas en relación con la salud. Agradecemos, por tanto, la invitación, excusándonos de concurrir en esta oportunidad. Nos encontramos en pleno proceso de cambio de autoridades con un nuevo Comité Ejecutivo que asume su ejercicio a partir del jueves 1° de octubre. Más allá de ello, entendemos que no forma parte de nuestros cometidos, en ningún caso, pronunciarnos acerca de los temas que se plantean en la convocatoria”.