La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compareció a mediados de junio ante la comisión de Salud Pública del Senado para explicar, entre otras cosas, la decisión de rebajar de cinco a tres años la pena de inhabilitación para la anestesista Inés Miralles, responsable de la muerte de la paciente Soledad Barrera, pediatra de 41 años.
La Comisión Honoraria de Salud Pública había resuelto la inhabilitación por cinco años de la profesional, pero el fallo fue recusado por la anestesista y de ese modo llegó a decisión de Lustemberg, quien con asesoramiento del área de Jurídica de la cartera resolvió bajar a tres años la inhabilitación.
Este viernes El País informó que con los votos de los médicos Diana Domenech, Hugo Rodríguez y Álvaro Giordano, por mayoría el Tribunal de Ética Médica resolvió no dar curso a la denuncia que hicieron los padres de la fallecida, Rosario Barrera y Néstor Núnez, en contra de la ministra. Los médicos Gerardo Eguren y Fernando Repetto votaron a favor de que continuara la investigación.
Los fundamentos esgrimidos por el tribunal apuntan a una denuncia semejante de 2018 contra un subsecretario de Estado. En esa oportunidad, en un fallo del Tribunal de Alzada se argumentó que “los denunciados actuaron en su calidad de soportes humanos del órgano Ministerio de Salud Pública, integrante del Poder Ejecutivo, y no en el marco de su ejercicio médico profesional, y en ese contexto hicieron las declaraciones públicas que motivaron la denuncia que se instruyó en los presentes obrados”. En otras palabras, los denunciados actuaron en “calidad de políticos, titulares de cargos del Poder Ejecutivo” y no como doctores.