La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, compareció este martes ante la Comisión de Salud Pública del Senado para explicar, entre otras cosas, la actuación de la cartera en torno al caso de Soledad Barrera. La ministra fue convocada a instancias de los legisladores del Partido Nacional Martín Lema y Carlos Camy.
Barrera, médica pediatra de 41 años, se sometió a una operación de vesícula en octubre de 2023 en la mutualista Servicio Médico Integral (SMI). Prácticamente un año después, en agosto de 2024, luego de una mala praxis en la intervención, falleció. Por su muerte fue condenada a dos años de prisión en régimen de libertad a prueba, por homicidio culpable, la anestesista María Inés Miralles.
Según informó Búsqueda días atrás, el SMI despidió a Miralles y la Sociedad Médica Universal no volvió a convocarla para cumplir tareas como profesional independiente. La anestesista también fue dada de baja del Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas el pasado 22 de abril, mediante una resolución firmada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.
A su vez, la Comisión Honoraria de Salud Pública inhabilitó profesionalmente a Miralles por un período de cinco años. Sin embargo, en octubre del año pasado, Lustemberg dispuso la disminución de esa sanción a tres años, lo que provocó malestar en la comisión honoraria, a tal punto que la mayoría de sus integrantes (11 de 13) renunció.
La resolución de la ministra, además, ha provocado manifestaciones de rechazo de los familiares de Barrera; este martes, de hecho, hubo una movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
“Venimos a representar a la mamá de Soledad y a todos los familiares, amigos, compañeros de trabajo y todo el equipo de salud que estuvo involucrado en esta desgracia”, dijo una de las manifestantes en diálogo con la prensa, y expresó que lo que sucedió con Barrera fue “un evento adverso en el que hubo una omisión y no se cumplieron las normas mínimas básicas de lo que es una seguridad en un block quirúrgico”.
Según Lustemberg, no hubo “ningún tipo de cuestionamiento” a la comisión honoraria
Este martes, ante los legisladores de la comisión, Lustemberg manifestó: “Hoy fui convocada para referirme al caso de Soledad Barrera, un acontecimiento por demás triste y desgraciado, que en lo personal me ha afectado mucho, solidarizándome con la familia de la colega y empatizando con su dolor”, según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) al término de la sesión de la comisión.
La ministra puntualizó que todas las resoluciones que adoptó la cartera en torno a este caso fueron previas a su asunción, a excepción de “la consideración del recurso jerárquico interpuesto por Miralles contra la resolución de la Comisión [Honoraria] de Salud Pública”. “Es decir que si la doctora Miralles no recurría la resolución, no correspondía que en mi calidad de ministra evaluara la resolución y, por tanto, analizara la sanción propiamente dicha”, agregó.
Luego de hacer un repaso de las denuncias presentadas por la madre de Barrera en distintos ámbitos administrativos, Lustemberg señaló que, “previo a la resolución ministerial, por informe del director de la División Jurídica”, se respaldó el accionar de la comisión honoraria, “pero visto los temas formales que fueron constatados, y además el criterio de gradualidad de la sanción, y que en otros casos similares la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión no excedió los tres años, se sugirió apartarse de la pena sugerida y disponer la inhabilitación por el plazo de tres años”.
Con respecto a la resolución ministerial que redujo el tiempo de inhabilitación –que continúa vigente–, la ministra afirmó que esta “comparte la decisión de la comisión [honoraria] en cuanto al fondo” del asunto, esto es, “atribuir responsabilidad a la doctora Inés Miralles respecto a los apartamientos constatados en el procedimiento quirúrgico llevado a cabo en relación a Soledad Barrera”. Y aseguró que, en ese sentido, no existió “ningún tipo de cuestionamiento respecto a la competencia e idoneidad de los integrantes de la comisión [honoraria] a la hora de evaluar lo ocurrido”.
Acerca de la disminución de la sanción, Lustemberg dijo que “los aspectos por los cuales se entendió que debía abatirse el ‘quantum’ sancionatorio se refirieron fundamentalmente a los principios de discrecionalidad, proporcionalidad, razonabilidad y de individualización de la sanción; es decir, fundamentos de tipo jurídico y no del fondo del asunto”.
Por otra parte, la ministra puntualizó que en el ámbito penal, además de la condena por homicidio culposo, la Justicia dictaminó “una inhabilitación para ejercer la profesión de dos años”, es decir, un plazo menor al dispuesto por el ministerio.
Asimismo, Lustemberg apuntó que en la resolución ministerial se dispuso “la reevaluación obligatoria por parte de la Unidad Académica de Anestesiología de la Universidad de la República, lo que en definitiva podría llegar a incidir en el plazo final de inhabilitación, según el alcance de su pronunciamiento y potencialmente incluso mucho mayor al fijado por la propia comisión”.
Al cierre de su intervención, la ministra manifestó que “no hubo en este caso ningún tipo de apartamiento de las normas y, mucho menos, una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles”.
Lema sostuvo que Lustemberg “ocultó información al Parlamento”
En una rueda de prensa, el senador colorado Pedro Bordaberry consideró que el asunto “no quedó del todo claro”, en referencia a las explicaciones que dieron las autoridades del MSP en la comisión. “Se trajo una cantidad de antecedentes, algunos jugaban a favor, otros jugaban en contra, según cómo los mirás, [pero] no parece del todo claro por qué se desoyó a la comisión especial que tomó esa decisión”, expresó.
Por su parte, también en una rueda de prensa, Lema calificó la comparecencia de Lustemberg de “decepcionante”. Dijo que la expectativa que tenía la oposición era que “se reconociera el error, se reconocieran los problemas que hubo en el proceso y que se busque corregirlos para dar garantías a los usuarios del sistema de salud”, pero “después de un largo debate sobre el tema siguen las interrogantes”.
El senador nacionalista dijo que, en “un caso de mala praxis en el que la profesional que intervino lo confesó en sede penal, en el que lamentablemente se dio un fallecimiento, todavía no sabemos por qué la ministra baja de cinco a tres años la inhabilitación”.
Asimismo, Lema sostuvo que la ministra “ocultó información en el Parlamento”, puesto que cuando semanas atrás compareció ante las respectivas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados “ya se sabía que el MSP no se defendió ante el recurso presentado por la profesional en cuestión y no se dijo”. “Se hizo referencia al proceso y no se dijo, por lo tanto, claramente hay una pérdida de confianza en el actuar de la ministra y nos genera una profunda indignación”, lamentó.
Consultado sobre si este caso podría derivar en una interpelación, Lema prefirió no “adelantar anunciando una herramienta determinada”, pero puntualizó que esto tampoco se puede “descartar”. Afirmó que “lo más importante” es la “pérdida de confianza” en la ministra.