Una semana después de comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, concurrió este martes a la comisión homóloga de la Cámara de Diputados. El motivo de la visita era el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y la “calidad del agua que consume la población de Montevideo y parte del área metropolitana”. Sin embargo, al igual que ocurrió en la comisión de la cámara alta, la renuncia de gran parte de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública estuvo presente en la sesión y motivó los principales cuestionamientos por parte de la oposición.
Las renuncias se produjeron a fines de abril y fueron en protesta por la reducción por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) del período de inhabilitación por mala praxis que había sido impuesto a una anestesista, que fue condenada en diciembre del año pasado por el homicidio culposo de una pediatra de 41 años, que falleció durante una operación de rutina.
En rueda de prensa, Lustemberg puntualizó que no han renunciado todos los miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública, si bien dijo que se trata de un acontecimiento de “lo más triste”, que la ha “tenido muy conmovida, en lo personal, con respecto al fallecimiento de una colega, y también al derecho a defenderse que tiene la otra colega”. Señaló que para la modificación del tiempo de inhabilitación de cinco a tres años fue asesorada por la División de Servicios Jurídicos de la cartera y apuntó que la resolución mantuvo el resto de la sanción, incluído el requisito de reevaluación de la Unidad Académica de Anestesiología para la habilitación de la especialidad.
El senador nacionalista Martín Lema dijo en rueda de prensa que la actitud de Lustemberg con respecto al caso ha sido “muy misteriosa”, ya que al comparecer ante la comisión del Senado la ministra solicitó la confidencialidad de su respuesta. “No quedó para nada claro qué fue lo que llevó a esta renuncia masiva de la Comisión Honoraria de Salud Pública; no quedó claro por qué no se pudieron presentar antecedentes de estas características sobre episodios de mala praxis que hayan tenido, por ejemplo, una reducción en la sanción”, señaló.
En la misma línea, el diputado nacionalista y José Luis Satdjian, quien en el período pasado se desempeñó como subsecretario del MSP, dijo en rueda de prensa que “cada vez que la ministra trata de explicar este tema quedan más dudas sobre el asunto, sobre el fondo de por qué decidió bajar la sanción de cinco a tres años para el caso de una mala praxis confesa y con una persona fallecida”.
Consultada sobre la justificación para la reducción del plazo de inhabilitación, Lustemberg citó un informe de la división de Jurídica en el que se consigna que “en otros casos similares la pena de inhabilitación para el ejercicio de la prevención no excedió de los tres años”. “Por ahora es lo que tengo para informar”, manifestó Lustemberg.
“Estamos revisando todo el proceso y evaluando cada una de las decisiones que tomamos, sabiendo que es una situación muy triste, es una situación desgraciada, [y] en lo personal me ha afectado muchísimo”, agregó la ministra.
Según Satdjian, este martes en la comisión “se adujo vicios de forma en el proceso, se adujo que no se le había dado vista a la anestesista”. El diputado de la oposición cuestionó que, “si esa era la razón por la cual se bajó la pena, no tendría que haberse bajado la pena”, sino que debió haberse “anulado todo el proceso”.
El legislador sostuvo que los argumentos de la ministra “no son claros ni concretos”, lo que debilita “la postura del Ministerio de Salud Pública ante el TCA [Tribunal de lo Contencioso Administrativo]”. Recordó que la anestesista presentó un recurso ante el TCA, que aún no se ha resuelto, por lo que la reducción de la inhabilitación sin “una explicación razonable” podría provocar que el tribunal falle a favor de la anestesista o que anule todo el fallo. “No es de recibo ni la gradualidad de la pena, ni los vicios de forma, ni los argumentos que ha expresado hasta ahora la señora ministra”, aseveró Satdjian.
Según una resolución del Ministerio de Defensa Nacional divulgada por el programa La Pecera de radio Azul, en abril de este año la anestesista fue dada de baja de las Fuerzas Armadas, donde ostentaba el grado de Teniente 1°, luego de ser condenada “como autora penalmente responsable de un delito de homicidio culpable” a ocho meses de arresto domiciliario nocturno y a una prohibición “para ocupar cargos en el ejercicio de la profesión médica, así como cualquier cargo que implique asistencia en el área de la salud por el plazo de la pena”, es decir, 24 meses, sin perjuicio de las sanciones impuestas por el MSP.
Por otro lado, en la plataforma Change.org hay una petición para que la ministra revea su decisión, que ya suma más de 2.000 firmas digitales. Consultada al respecto, Lustemberg dijo que se está “siguiendo muy atentamente este proceso y viendo todas las connotaciones que tiene en lo jurídico, en lo personal, y en lo familiar para estas personas”. Acerca de si existe posibilidad de rever la decisión, reiteró: “Por ahora no me voy a referir más a este tema”.
Las medidas de ajuste en el Casmu
Con respecto de la situación del SNIS, Lustemberg afirmó que “hoy está estable”, si bien puntualizó que “económicamente tenemos algunas dificultades, quizás con algunas instituciones”. Por su parte, Satdjian reconoció que la situación del sistema es “de estabilidad, salvo algunos prestadores que presentaron balance negativo”, en particular, el Casmu, que se encuentra intervenido desde julio. Dijo que en este caso “se han tomado medidas de ajuste que han llevado a la institución, en este último año, a visibilizar en el balance una realidad que no se había visibilizado y a tomar medidas de ajuste para estabilizar o tratar de estabilizar a la institución”. En esa línea, sostuvo que la comisión seguirá de cerca “cuál va a ser el avance en el tema del Casmu”.