Este lunes comenzó a votarse la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes, luego de que el proyecto fuera aprobado en la comisión conformada para su estudio, con legisladores opositores que acompañaron más de la mitad de los artículos. Como ya se sabe, la iniciativa será aprobada en general con los votos del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA), mientras que Identidad Soberana y la Coalición Republicana –Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente– votarán en contra.
La diputada frenteamplista Sylvia Ibarguren leyó el informe en mayoría a favor de la iniciativa. Señaló que, a 17 meses de haber asumido el gobierno, el país enfrenta “un escenario internacional y regional signado por una profunda inestabilidad”, caracterizado por conflictos bélicos y sanciones unilaterales que generan “tensiones macroeconómicas” de las que Uruguay no es ajeno.
Sin embargo, indicó que el Poder Ejecutivo optó por “una política de estricta responsabilidad fiscal sin relegar por ello el compromiso asumido ante la ciudadanía de impulsar el crecimiento económico, disminuyendo las desigualdades y fortaleciendo la matriz de protección social”. Subrayó que la norma “complementa y potencia” el presupuesto al canalizar recursos en cuatro pilares que conforman un “consenso ético y político”.
“Entendemos que los consensos discursivos demandan ser ratificados con acciones, y esta Rendición de Cuentas constituye una oportunidad para hacerlo, además de un instrumento jurídico e institucional indispensable para materializarlo. Por ello, es necesario convocar a todas las bancadas a ponderar con sentido de Estado la urgencia de estas medidas”, dijo.
Ibarguren dijo que la aprobación del proyecto implica, a su vez, ratificar “la eficiencia del gasto público que tanto se reclama”, ya que propone reasignar partidas de “erogaciones prescindibles hacia áreas donde la necesidad es apremiante”. Además, afirmó que el proyecto “trasciende el balance del primer año de gestión” y contiene más de 350 artículos que atienden “urgencias heterogéneas pero interconectadas”.
Con todo, dijo que reafirma una “máxima central”: “Frente al escenario de desigualdad y vulneración de derechos que limitan nuestro desarrollo y cuestionan el modelo de sociedad en la que los uruguayos queremos vivir, la prudencia fiscal y el correcto manejo de las cuentas públicas constituyen una condición necesaria para desplegar políticas que permitan reducir sistemáticamente la vulnerabilidad y avanzar hacia una vida integrada, con oportunidades y con derechos”.
Los pilares del proyecto de ley
Ibarguren sostuvo que el financiamiento de los cambios previstos en materia de protección social, seguridad y educación “se sustenta principalmente en las reasignaciones”.
Por un lado, el rediseño de las políticas de transferencia se financia “mediante la revisión del gasto tributario y de una reestimación de los ingresos fiscales”. Una parte relevante surge “de la racionalización del gasto”, lo que incluye la “reducción de vacantes”, la “optimización de los gastos de funcionamiento” y la “disminución de las partidas destinadas a misiones oficiales y de protocolo”.
La Rendición de Cuentas crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que “representa el cambio más significativo del sistema de transferencia de Uruguay en las últimas dos décadas” y que busca “integrar y fortalecer las prestaciones, simplificar el acceso, ampliar la cobertura y aumentar los montos”, destacó la legisladora. Sostuvo que la reforma tiene un alcance que “trasciende la pobreza extrema” ya que las prestaciones que serán integradas “alcanzarán aproximadamente al 55% de los niños del país”.
Por otro lado, se prevén 193 millones anuales para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para fortalecer la atención de las personas en situación de calle y 50 millones para el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) con el objetivo de reforzar “la respuesta ante situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, el acogimiento familiar, y la mejora en la infraestructura en los centros de atención directa”.
En lo que respecta a la seguridad, el proyecto establece una redistribución de los recursos para impulsar el despliegue del Plan Nacional de Seguridad Pública, con 1.180 millones adicionales enfocados en sus ejes estratégicos.
“Uno de los principales hitos de este proyecto es la creación de 300 cargos de policía ejecutivo, junto con las partidas necesarias para la adquisición de uniformes y equipamiento de protección”, indicó la diputada del FA. Asimismo, se prevé la “renovación y ampliación” de la flota automotriz, la adquisición de 12 comisarías móviles, la compra de servicios informáticos y la renovación del arrendamiento del sistema ShotSpotter, entre otros. También destacó la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), lo que permitirá, por ejemplo, “fortalecer su rol técnico y programático frente a la histórica concentración de recursos en el componente custodial” o darle mayor ejecutividad a la toma de decisiones.
En el plano de la educación, señaló el incremento de recursos por unos 407 millones de pesos para 2027. Del total, 300 millones corresponden a la ANEP; 100 millones corresponden a la Universidad de la República y el resto estará destinado a la Universidad del Trabajo para “financiar el preacuerdo salarial con sus funcionarios”. La iniciativa incorpora la propuesta para la exoneración del IVA para los costos directos de la construcción de las cooperativas de vivienda, que comprende los materiales y servicios derivados. “Constituye uno de los 63 compromisos del gobierno y se enmarca en una agenda más amplia de fortalecer el sistema cooperativo de vivienda”, precisó la legisladora.
Con el proyecto, el gobierno pretende “intervenir decididamente en las demandas sociales”
“El proyecto mantiene la misma concepción que orientó al presupuesto nacional que fue refrendado por casi todo el sistema político y se asienta sobre tres pilares: la negociación mediante el diálogo institucional con todos los actores que manifestaron voluntad de alcanzar acuerdos con la bancada de gobierno, una trayectoria fiscal orientada a la sostenibilidad y al mantenimiento del equilibrio en las cuentas públicas y, fundamentalmente, la profundización de la vocación redistributiva de esta administración con énfasis en la justicia social y la reducción de las desigualdades estructurales persistentes”, dijo.
Ibarguren afirmó que el gobierno decidió “intervenir decididamente en las demandas sociales” y llamó a no interpretar las reasignaciones como “medidas coyunturales”, sino como “parte de una perspectiva de política de Estado”. La legisladora dijo que, de aprobarse, el proyecto consolida medidas para el “bienestar general” de la población y llamó al cuerpo a acompañarla “ratificando el principio supremo de que el interés nacional trasciende cualquier división partidaria”.
Fernanda Auersperg: “Cuando miramos el conjunto de la rendición, discrepamos profundamente”
La encargada de exponer el informe en minoría por la Coalición Republicana (CR) fue la diputada nacionalista Fernanda Auersperg. Comenzó señalando que en esta instancia, el gobierno “ya no puede hablarnos de lo que piensa hacer” sino que “toca rendir cuentas de lo que hizo”. “Cuando miramos el conjunto de la rendición, discrepamos profundamente”, subrayó.
Recordó que durante la discusión del presupuesto, la CR advirtió sobre “problemas que hoy la propia realidad confirma: advertimos sobre proyecciones excesivamente optimistas, advertimos sobre el aumento del gasto, advertimos sobre la fragilidad fiscal” y “sobre decisiones que podían afectar derechos y garantías de los ciudadanos”, enumeró Auersperg.
Aclaró que las discrepancias de la coalición con el proyecto no son “con una reasignación presupuestal en particular” sino “con el rumbo” del gobierno. “En este primer año y poco que va de gobierno, esta gestión se caracterizó por la falta de un rumbo definido, por marchas y contramarchas, por inacción, por muy pobres resultados y sobre todo, por un marcado retroceso en las áreas más importantes para la sociedad”, cuestionó, y explicó que por este motivo, la valoración de la CR sobre el proyecto de rendición “no puede ser otra que negativa”.
Señaló que esta rendición confirma “el excesivo optimismo” de las proyecciones macroeconómicas realizadas por el gobierno en la elaboración del presupuesto, y agregó que lo mismo sucede con las proyecciones contenidas en la actual rendición. Afirmó que “matemáticamente no tenemos chance” de que el crecimiento de la economía uruguaya sea el que proyecta el gobierno, de 1,6%, cuando la media de expectativas de los analistas se sitúa en 1,2%. Al mismo tiempo, las proyecciones contenidas en la rendición “obligan a mirar con preocupación el escenario económico: para 2026 se proyecta menor crecimiento, menor creación de empleo, mayor inflación y un crecimiento más reducido del salario real”, remarcó Auersperg.
En este escenario, cuestionó que la respuesta del gobierno vuelva a ser “aumentar el gasto y postergar las reformas de gestión que el Estado necesita”. “El país necesita señales claras de priorización y responsabilidad fiscal”, y sin embargo, esta rendición “primero incrementa el gasto y después determina cómo financiarlo”, “recurriendo a una mayor carga impositiva”, agregó la diputada nacionalista.
Auersperg también criticó lo que calificó como “revisionismo” del gobierno al detener “importantes proyectos de inversión pública” como el dragado del puerto, el saneamiento en el interior y la planta de agua potable de Arazatí, lo que, según evaluó, fueron “determinantes” para el bajo nivel de inversión que se registra.
Las disposiciones que sí votará la Coalición Republicana
Más allá de estos cuestionamientos, Auersperg mencionó que de 365 artículos considerados en la Rendición de Cuentas, 194 fueron aprobados con votos de la coalición, y destacó que la oposición “analizó cada artículo con foco en los derechos de la gente”. Recordó que votaron en comisión -y lo harán en el plenario- los recursos para infancia, seguridad, educación y situación de calle, porque comparten las prioridades establecidas en la rendición.
Sin embargo, cuestionó que no se haya logrado “una rendición de gasto cero”, que hubiera mostrado “compromiso fiscal”, y también criticó la forma de conseguir recursos del Poder Ejecutivo, porque en un gran porcentaje “no se reduce el gasto efectivo sino que se eliminan créditos presupuestales que no están siendo ejecutados hoy”.
Auersperg sostuvo que la coalición discrepa con la “reducción indiscriminada” de vacantes en el Estado y cuestionó especialmente que el gobierno no haya proporcionado al Parlamento un mapa de las vacantes del Estado como para evaluar si correspondía suprimir las que se propone eliminar en el proyecto de rendición. Esa información es una condición “elemental para poder ejercer el control parlamentario”, remarcó la diputada nacionalista.
Si bien afirmó que la CR acompaña el nuevo régimen de transferencias monetarias para la infancia, dijo que no se puede “generar la expectativa de que esta medida por sí sola logrará reducir en un 25% la pobreza infantil”, y que no se debería “presentar una contribución parcial como si fuera una solución estructural”. “Sin crecimiento, sin inversión, sin empleo formal y sin mejores ingresos laborales no hay transferencia capaz de suplir indefinidamente la falta de oportunidades”, señaló, y reclamó un “enfoque multidimensional para combatir la pobreza en la infancia”.
Además, Auersperg recordó que la coalición se opone a que sólo el 20% de las transferencias queden sujetas a condicionalidad, y acotó que la justificación que apunta a la “reducción del estigma no es de recibo para nosotros”. Mencionó que estudios realizados durante el Diálogo Social “identificaron una valoración positiva de los propios beneficiarios sobre las condicionalidades”. También indicó que si toda la prestación puede pagarse con efectivo, no se puede hacer “el seguimiento” de que el gasto se realice siguiendo los objetivos de la política.
Finalmente, la diputada nacionalista aseguró que existe una “preocupación institucional” de la coalición porque en esta rendición “se pretenden incorporar modificaciones sustantivas que afectan reglas jurídicas, derechos y garantías”, y que deberían ser discutidas “con otros tiempos” en las comisiones especializadas del Parlamento. Puso como ejemplo la legislación sobre medios de comunicación, que puede “afectar la libertad de expresión y la libertad de empresa”, así como las modificaciones en normas sobre patentes y en el Código de lo Contencioso Administrativo. Y apuntó que en esta rendición “se incurre en nuevos avasallamientos al secreto bancario y no se atienden necesidades presupuestales” del sistema de justicia ni de los organismos de contralor.