Los servicios de salud de las unidades penitenciarias 7, de Canelones, 12, de Rivera y 13, de Maldonado, presentan barreras en la accesibilidad para atención de las personas privadas de libertad; problemas de coordinación para la atención dentro de las propias unidades y en traslados a hospitales; no hay equipos de salud mental interdisciplinarios y falta personal. Así lo expresa el Informe temático: salud y alimentación en el sistema penitenciario, que publicó este mes el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (MNP/INDDHH).
Durante el segundo semestre de 2019 y en julio de 2020 (excepto en Rivera, por la emergencia sanitaria), un equipo interdisciplinario de técnicos del MNP, acompañado por una médica y una nutricionista, hicieron visitas no anunciadas a las tres cárceles para analizar el funcionamiento de los servicios sanitarios y de alimentación, y constataron grandes faltas. En relación con la alimentación de los reclusos, los técnicos determinaron que la dieta es “monótona e insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas humanas”, lo que determina “un inadecuado mantenimiento físico y mental”, además de repercutir en el “estado de salud y la calidad de vida” de las personas privadas de libertad.
Estas unidades penitenciarias fueron seleccionadas por su “menor visibilidad respecto a otras unidades penitenciarias del sistema”, la cantidad “considerable” de población carcelaria, su ubicación en el interior del país y la “posibilidad de dar cuenta de las diferencias en los servicios sanitarios que prestan los dos prestadores de salud existentes dentro del sistema carcelario”. En las unidades 7 y 13 la atención de salud está a cargo de la Subdirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, que depende del Ministerio del Interior, mientras que en la Unidad 12 el responsable de la atención de salud es la Administración de Servicios Sanitarios del Estado (ASSE) por medio del Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL).
Salud
En las tres unidades se identificó “un conjunto de obstáculos, de naturaleza diversa, para un adecuado acceso a la salud de las personas privadas de libertad”, constató el informe. En la cárcel de Maldonado, tanto en el sector masculino como en el femenino se encontraron “grandes dificultades” para concretar los traslados correspondientes a las interconsultas con el hospital de referencia. Los técnicos aclararon que si bien los traslados son coordinados sin inconvenientes por el licenciado en Enfermería del centro, cerca de la mitad no son realizados por “falta de móviles”, “escaso número de oficiales para acompañar el traslado” y “coincidencia con el día de visita de los familiares”, lo que provocaba que las personas se negaran a concurrir. A eso se le suma la “imposibilidad de cancelar o recoordinar las consultas, por el desconocimiento de la disponibilidad de funcionarios hasta el día mismo del traslado”.
En la Unidad 12, de Rivera, se encontraron dificultades similares. Los médicos no ingresan a los módulos, sino que sólo atienden en el policlínico y las personas no siempre pueden asistir los dos días que le corresponden a su sector, porque el funcionario penitenciario o el delegado del sector es quien arma el listado de pacientes, con la intención de ser equitativo. Esto, explica el grupo del MNP, genera “barreras para acceder a las consultas espontáneas, debido a que sólo frente a situaciones graves son trasladados al policlínico”. Un problema que se repite son las fallas para concretar los traslados coordinados con otros niveles de atención, principalmente por la escasez de personal penitenciario. En las entrevistas los presos manifestaron su disconformidad con que sólo se pueda asistir a consulta el día asignado para su módulo o sector.
Los obstáculos en el acceso al servicio de salud se repiten en la Unidad 7 de Canelones. Los técnicos encontraron que las consultas externas se logran coordinar sin dificultades, mediante correo electrónico, con los hospitales locales, pero “la mayoría no logra llevarse a cabo por la falta de funcionarios o de móviles policiales”. La asistencia al policlínico también presenta dificultades “al no existir una coordinación que permita vincular los horarios de la policlínica con la disponibilidad de personal policial”.
Entre las recomendaciones en materia sanitaria, los técnicos, apuntan que es “fundamental” tomar en consideración un “enfoque integral de la salud” para lograr una “calidad aceptable de atención”. Esto implica varios desafíos, como “derribar los obstáculos en la accesibilidad”, establecer un “diálogo óptimo” entre los responsables de la atención sanitaria de las personas privadas de libertad y las direcciones penitenciarias de cada unidad, continuar con el desarrollo de modelos de policlínicas de captación, control o atención programada en todas las unidades para lograr una atención primaria en “salud igualitaria, adecuada y centrada en el paciente”.
Historias clínicas
En el informe los autores indican que es importante tener una “correcta evaluación inicial” de las personas privadas de libertad al momento de ingresar al sistema penitenciario y cada vez que son trasladadas de unidad. Para los técnicos, estas instancias “son útiles para lograr la captación e inserción de las personas al sistema de salud” y para hacer una “pesquisa de las patologías más prevalentes en el país y valorar los posibles factores de riesgo que puedan desencadenar o empeorar afecciones físicas o mentales vinculadas al encierro”.
No obstante, estos procesos presentan importantes dificultades en las cárceles. En ninguna de las tres unidades estudiadas la historia clínica de los reclusos y reclusas llega al momento de ingreso, y existen “demoras de hasta tres meses en su arribo”, informan los autores. Asimismo, hay un número de casos –no especificado en el informe– en que se extravió el registro médico durante el proceso de traslado de la persona de una unidad a otra. Los integrantes del MNP señalan que los equipos de guardia de los centros “no siempre cumplen con la obligación de registrar todo acto médico”. De todas formas, se destaca que al momento de ingreso de las personas privadas en todas las unidades penitenciarias se les hace una “constatación de lesiones que se reitera cada vez que cambian de módulo o de sector”, establece el informe.
El equipo del MNP recomienda que la valoración inicial de las personas privadas de libertad debe incluir una “anamnesis y examen físico completo, con el consecuente registro en la historia clínica y la solicitud de exámenes complementarios en las situaciones que amerite”. Además, se debe ofrecer a los pacientes la posibilidad de realizarse el test rápido del VIH y la oportunidad de que las pruebas diagnósticas puedan realizarse cada vez que la persona lo solicite.
Alimentación
En las tres unidades estudiadas, bajo la organización de funcionarios policiales, el servicio de alimentación está a cargo de personas privadas de libertad, que se encargan de la recepción, la preparación de los alimentos, la limpieza y el mantenimiento de las plantas físicas. De acuerdo con el informe, el servicio de alimentación es proporcionado entre las 7.00 y las 19.30; esto depende de la unidad, puesto que en algunas la cena se sirve a las 18.00. Eso ocasiona que las personas privadas de libertad se vean expuestas a largos períodos de ayuno.
Con respecto al estado de higiene de los espacios donde se elabora la comida, la única unidad que presentó una “limpieza adecuada y un correcto mantenimiento general” fue el sector femenino de la cárcel de Rivera. El resto presenta una “higiene inadecuada”, resalta el informe. Además, los especialistas sostienen que la vestimenta de las y los internos que cumplen funciones en las cocinas “no es apropiada para ninguna de las unidades”; no usan gorro, uniforme ni zapatos adecuados para las tareas.
En la cárcel, las personas privadas de libertad le llaman “rancho” a lo que se sirve en el almuerzo y la cena todos los días del año: una comida de olla que se elabora con algún cereal (arroz, fideos o polenta) y en caso de que haya disponibilidad se le agrega alguna leguminosa (como poroto o lenteja), vegetales (como papa, zapallo, zanahoria, boniato), carne en trozos y salsa de tomate. No se le agrega sal, pero sí, en algunos casos, adobo, orégano o pimentón. En general, en las unidades, a cada persona se le suministra dos cucharones de 450 mililitros cada uno.
La variabilidad de la dieta es escasa, afirman los autores, y señalan que no existe disponibilidad de frutas ni huevo para ninguna situación. Tampoco comen pescado, y la variedad de hortalizas es insuficiente porque se reduce a “zapallo, zanahoria y cebolla, además de los tubérculos papa y boniato”. La estructura de la dieta no cumple con los estándares de una dieta adecuada y una nutrición sana que garantice los aportes necesarios de calorías, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, fibra y hierro.
Líneas de trabajo 2020 y 2021 sugeridas por el MNP
Necesidad de un prestador de salud único en todo el país
Muchas dificultades en la atención de salud de las personas privadas de libertad son consecuencia de la dualidad de organismos públicos responsables: SAI-PPL/ASSE y la Subdirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial. Los autores consideran que para que se concrete el objetivo de tener un único prestador es necesario que se hagan las asignaciones presupuestales correspondientes.
Aprobación de una ley penitenciaria
Señalan que la reforma del sistema penitenciario es imprescindible para regular los derechos y obligaciones de las personas privadas de libertad, así como las obligaciones de la administración penitenciaria. Es necesaria la incorporación del derecho a la salud y una clara delimitación y atribución de responsabilidades del prestador de salud y de la dirección de la unidad.
Continuidad de la atención entre los establecimientos penitenciarios y las instituciones de salud
Proponen generar un dispositivo eficaz para garantizar la continuidad de la atención entre las cárceles y las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud y constituir una red que dé respuesta en términos de accesibilidad y cobertura de atención, sea en el tránsito y cambio a diferentes cárceles, por derivaciones a centros asistenciales o por el regreso a sus hogares.
Historia clínica electrónica
Integrar los sistemas de información asistenciales, implementando la historia clínica electrónica para cada una de las personas privadas de libertad. Esto permitiría mejorar la calidad asistencial y su continuidad, y favorecer la gestión respetando la confidencialidad.
Atención en salud mental
Fortalecer la atención en salud mental con la provisión de los recursos económicos adecuados y la cantidad de profesionales necesarios para la conformación de equipos interdisciplinarios, asegurando un abordaje integral.
Creación de un programa de alimentación
Promover la creación de un programa de alimentación dentro de la estructura administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación, que, entre otras cosas, deberá adecuar las plantas físicas en conservación, mantenimiento e higiene; fortalecer la capacitación al personal que se dedica a las tareas de cocina; mejorar la variabilidad de alimentos con una mayor cantidad de vegetales e incorporar fruta, pescado y huevos; fiscalizar especialmente la gestión de la carne; incitar a que todos los centros tengan disponible en todo momento agua potable; incluir nutricionistas en los equipos de salud.