Un objetivo central de la nueva Ley de Salud Mental es favorecer la inclusión social de las personas con problemas de salud mental; es una ley innovadora que no sólo pretende atender el aspecto sanitario: habla de crear “nuevos dispositivos de integración, inserción laboral, acceso a la vivienda, a la educación, a la cultura, al arte y el uso del tiempo libre”. Dos años y medio después de aprobada la nueva ley, el jueves 13 se pusieron en marcha dos ámbitos fundamentales para alcanzar esa intersectorialidad: la Comisión Intersectorial en Salud Mental y la Comisión Asesora en Salud Mental.
La comisión intersectorial se instaló dentro del Consejo Nacional de Políticas Sociales y tiene el cometido de abordar propuestas de articulación interinstitucional en salud mental y monitorear su cumplimiento. Está integrada por representantes de diferentes ministerios (Salud Pública; Desarrollo Social; Educación y Cultura; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Trabajo y Seguridad Social; Economía y Finanzas; del Interior) y de organismos como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Junta Nacional de Drogas, el Banco de Previsión Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
La Comisión Asesora en Salud Mental es un ámbito multipartito, integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), de la academia, de organizaciones de la sociedad civil (de usuarios, de familiares, del PIT-CNT, de organizaciones vinculadas a la temática de la salud mental), la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental (que corrobora la aplicación de la ley). A estos efectos, las organizaciones propusieron a sus representantes.
En diálogo con la diaria, Matías Rodríguez, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador de la comisión, resumió que se hizo hincapié en dos aspectos. El presupuesto fue el primero que mencionó: “La nueva Ley de Salud Mental deberá tener su expresión en la nueva Ley de Presupuesto, porque necesita recursos que son transversales y que comprometen a instituciones más allá de las que tradicionalmente se ha venido asociando: ya no es sólo MSP ni sólo ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]”. En segundo lugar, dijo que hay que “empezar a provocar una serie de cambios cualitativos” para articular entre los distintos organismos de modo que se anticipen a los problemas, porque “la salud mental no solamente está vinculada a las patologías más graves, sino a cómo se pueden anticipar y prevenir”. Recalcó que tiene que existir diálogo entre ellas y también con las organizaciones sociales, cuya participación fue decisiva para que se aprobara la ley.
Homero Peyrot, integrante de Caminantes, federación de familiares de usuarios de servicios de salud mental, dijo a la diaria que está satisfecho con la instalación de estos ámbitos y dijo que fijaron reuniones para marzo y abril; mientras tanto, cada organización irá pensando en temas concretos a trabajar. Dijo que se necesitará “mucha coordinación” y “un presupuesto intersectorial que va a ser muy diferente” de lo que se ha tenido hasta ahora. Recordó que ASSE está instalando casas de medio camino pero que la ley propone que en 2025 se cierren las instituciones asilares y que es necesario dar oportunidades laborales, vivienda y lograr “la recuperación de las personas” y el cumplimiento de sus derechos humanos.
Peyrot adelantó que en la reunión del jueves supieron que el MSP aprobó el Plan Nacional de Salud Mental, que todavía no se ha publicado. En un breve diálogo con la diaria, Horacio Porciúncula, asesor de Salud Mental del MSP, adelantó que el plan es “un paraguas muy importante de arranque para la salud mental y que abre la perspectiva de generar cambios progresivos”.