La interna del Casmu continúa movilizada tras la expulsión de uno de los consejeros de la oposición, Álvaro Niggemeyer. Las últimas novedades sobre la situación surgen de la última asamblea de la agrupación de Niggemeyer, El Casmu que Queremos. Según el acta del encuentro, a la que accedió la diaria, este lunes el grupo consensuó que el ambiente “hostil” del Consejo Directivo de la mutualista “no favorece la tarea de los representantes” de la minoría, y definió que “de las propias actuaciones del expediente de exclusión, y de las probanzas consideradas por la Comisión Fiscal y el Consejo Directivo, surge que Niggemeyer no incurrió en ningún tipo de irregularidades”.
En consecuencia, el grupo entendió que quedó “en evidencia” que Mariela Mansilla, la representante de la agrupación minoritaria en la Comisión Fiscal, al igual que el resto de la comisión, “no habría actuado con apego a las disposiciones estatutarias ni a los principios de objetividad, probidad y buena fe que deben regir su actuación como miembro”. Por ello, le retiró el apoyo y el respaldo político a la doctora, y le solicitó que ponga su cargo a disposición, algo que Mansilla acató, según supo la diaria.
En diálogo con la diaria, en representación de la agrupación, Niggemeyer detalló el proceso mediante el cual la oposición llegó a la conclusión de que hay “luces amarillas” sobre la situación del Casmu. Por sobre todas las cosas, remarcó que, contrario a lo que sostiene la versión del oficialismo, su intención no fue ni es “generar alarma sobre la empresa”, sino hacer que se consideren y se aborden los problemas del prestador.
En cuanto a lo que desató el proceso de expulsión, consideró que la situación es parte de la “persecución política” en su contra, que el proceso fue “ilícito” y que el objetivo fue “amordazar” a sus colegas. Según Niggemeyer, las diferencias con la directiva del Casmu se basan en dos temas principales: los pedidos de información sobre la situación financiera que el exconsejero reiteró una y otra vez durante un año, y un episodio puntual con Raúl Rodríguez, el presidente de la mutualista, que, según relató Niggemeyer, se generó en una asamblea. “El abogado que asesora a la asamblea estaba filmando a quienes levantaban la mano, le pregunté a Rodríguez por qué y me dijo que era un pedido de él y que si no me gustaba me podía retirar”, detalló. Niggemeyer denunció el hecho en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
¿A qué te referís cuando afirmás que dentro del Casmu estás sufriendo persecución política?
Primero, no es algo del último tiempo. Trabajo en el Casmu desde hace 34 años, recorrí todos los cargos, le he dedicado mi vida, es mi casa. El año pasado, cuando hubo llamado a elecciones, me convocó un grupo de colegas para que los acompañara a formar una lista entre los que no estábamos de acuerdo con la gestión que estaba haciendo Médicos Unidos; en ese escenario formamos El Casmu que Queremos. Se votó por planchas, conseguimos el apoyo del 44% de los votantes, es decir, más de 800 colegas, desde ahí empezamos a trabajar para tratar de mejorar el Casmu y desde ese momento comenzó la persecución.
¿A qué te referís, puntualmente?
Desde el inicio de la campaña sufrimos amenazas, quienes nos apoyaron también fueron amenazados con perder el trabajo; de hecho, hubo personas que perdieron cargos por apoyar nuestra lista. Dos colegas fueron demandadas por expresar en la interna de la agrupación la situación de acoso laboral que estaban viviendo. La demanda no prosperó porque no tenía fundamentos. Además, nos presentamos poco tiempo antes, algo más que un mes antes, porque teníamos miedo. Con pocos recursos, igual peleamos contra un aparato electoral; parecía una disputa política a nivel nacional.
Decís que presentaron la lista porque no estaban de acuerdo con la gestión de ese momento, ¿con qué aspectos no concordaban?
Veíamos varios problemas y alarmas iguales a las de otras instituciones de salud, [como] exceso de tercerizaciones; cuestionamos el manejo de los recursos humanos, porque se cruzaba lo político con lo técnico, una línea que nunca hay que cruzar. Entendemos que uno siempre quiere tener a los mejores trabajando, sin importar al candidato que apoyan, porque cuando se persigue al que piensa distinto se va mucha gente valiosa. Todavía estábamos y estamos a tiempo de solucionar las pérdidas. Veíamos problemas en el manejo económico, pero sin tener información certera.
Al ocupar el lugar de oposición en el consejo comenzaron a pedir información.
Sí. En lo personal llevo un año participando en el Consejo Directivo y desde el inicio hemos tenido enormes dificultades; se nos negó el acceso a la información económica, contratos de trabajadores, de empresas tercerizadas, las condiciones de los cargos de confianza que se votaron. En definitiva, no nos permitieron ejercer el rol de administradores para el que habíamos sido votados.
La directiva dice que hay datos a los que no accedieron por negarse a firmar cheques y declaraciones. ¿Eso es así?
Nuestros asesores contables nos aconsejaron que si no teníamos los estados financieros y los flujos de caja y no sabíamos en qué se gastaba el dinero ni cuánto iba a entrar, no firmáramos cheques. Nuestra postura era pedir primero la información para luego firmar, porque los cheques tienen una responsabilidad personal, civil y penal. No fue un capricho ni una manera de entorpecer; como agrupación queríamos saber dónde estábamos parados.
También dicen que lo que solicitaban se lo facilitaron y que consta en actas.
Desde que iniciamos la gestión en el consejo había problemas para obtener información financiera fidedigna, por ejemplo, los flujos de caja; eso siempre se nos negó. Dicen que nos la dieron pero era incompleta. También faltaba información sobre los contratos, sueldos, evaluaciones. Esto, seguido de la persecución diaria, fue generando un clima complicado. Dentro del consejo, aunque pedimos información que tenían que entregar, no lo hicieron y eso generó un manto de sospecha. Entonces, el vínculo entre los integrantes se fue tensando.
Álvaro Niggemeyer.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
La raíz de la expulsión
Antes del inicio del trámite de expulsión, ¿te advirtieron sobre tus comentarios sobre la empresa?
No, lo único que recibí, también como parte de la persecución, fue una advertencia verbal de algún integrante de la comisión de que no insistiera tanto en pedir información. A fin de cuentas, me advertían para que no usara lo que son mis derechos. Nada formal, nunca fui convocado por la Comisión Fiscal por algún proceso previo a la expulsión. El inicio lo generó un audio.
¿Qué decías en ese audio?
El día de las elecciones universitarias coincidió con el día en que las AFAP [administradoras de fondos de ahorro provisional] comunicaron el monto que los trabajadores tenían para cobrar de excedentes. Decenas de colegas llamaron a nuestra agrupación ante la preocupación de que no habían cobrado sus excedentes. Al consultar a las AFAP, les decían que era porque el Casmu no había hecho los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social. Nos comunicamos con uno de los gerentes y nos dijo que hubo un atraso en los aportes de setiembre y que, tras esa situación, se había hecho un convenio de pago en paralelo, con cheques diferidos que iban a entrar el 20 de diciembre, por lo cual hubo una apropiación [del dinero] de los trabajadores, que no recibieron sus aportes en tiempo y forma. Eso nos prendió otra luz amarilla, porque no se logró hacer los aportes en tiempo y forma y a eso se sumó que, como integrantes del Consejo Directivo, nos enteramos por los colegas y por la prensa. Mandamos un mensaje expresando la preocupación por la falta de transparencia e información y que como agrupación íbamos a pedir una reunión con la ministra de Salud Pública, Karina Rando –que, de hecho, nunca nos la concedió–, junto a otros episodios.
¿Cuáles?
Un día, el abogado que asesora a la asamblea estaba filmando a quienes levantaban la mano, le pregunté a Rodríguez por qué y me dijo que era un pedido de él, y que si no me gustaba me podía retirar. Denuncié este hecho en el SMU.
¿El audio fue el motivo de la expulsión, entonces?
El audio lo envié a los médicos capitalizadores por una situación que me preocupaba y se inició el proceso de expulsión como una conspiración. El audio mostraba una preocupación real, manifestaba que se reconozca un problema; no es una falta, sin embargo tiró por tierra 35 años de trabajo. No hablamos en contra del Casmu, hablamos a favor y lo defendemos. Todas las críticas son para que mejore.
Además de la expulsión, ¿qué significa y en qué cambia tu situación dentro de la empresa que tampoco continúes como médico capitalizador?
En 2009, cuando el Casmu se separó del SMU y pasó a ser “Casmu IAMPP”, los trabajadores asumimos parte de la deuda, [que] durante años se nos descontó de nuestro salario. Ser capitalizador es como ser dueño del Casmu, te permite votar en las elecciones y otros beneficios. No serlo te deja en desventaja: además de no elegir, por ejemplo, no te podés presentar a algunos concursos.
¿Qué opinás del accionar de la Comisión Fiscal?
La opinión es en nombre de la agrupación. Violaron mi libertad de expresión y la de todos los integrantes del grupo. Hay miedo de contar lo que ocurre en el Casmu. Quienes más me preocupan son los colegas que van a una asamblea y tienen miedo de levantar la mano. Mi caso es una evidencia de un montón de barbaridades que se han hecho. Lo que quiero es representar a los cientos de colegas que sienten miedo de expresar lo que quieren, sean votantes de nuestra agrupación o no. Mi expulsión fue ilícita, para amordazar a los colegas que no se alinean con las ideas de la mayoría.
¿Qué resaltarías de tus descargos, aunque no se les hizo lugar?
En los descargos reafirmé que no hice nada ilícito, que las preocupaciones se las transmití a los médicos capitalizadores. Pero todo el proceso estuvo mal. En el caso de que tuviesen razón en los motivos, la votación estuvo mal. Revisamos todas las actuaciones; la resolución fue tomada irregularmente, tanto por el contenido, porque utilizaron un mecanismo disciplinario de los estatutos para ejercer abuso de poder y no hay pruebas de que el audio fue una falta, como en cuanto a los votos. El estatuto plantea que para ciertas decisiones se consideran cuatro votos en cinco, una de esas cosas es eliminar a un médico capitalizador. La mayoría simple de un consejo no puede echar a un miembro de la oposición. A nuestro entender, la resolución es nula y les quita las garantías a los colegas.
¿Entienden que la información “se oculta” para mantenerla en reserva o porque los datos no son alentadores?
No puedo hablar con propiedad porque nuestro problema es justamente que nos falta información; lo poco que sabemos, más allá de la información oficial, que es insuficiente, lo sabemos por colegas y proveedores, y no es información completa.
¿Cómo sigue la agrupación y cómo seguís vos? ¿Pensaste en renunciar?
Si bien el objetivo era amordazarnos, consiguieron lo contrario. El lugar en el consejo sigue siendo de nuestra agrupación y será ocupado por un colega tal vez con más herramientas que yo. En lo personal, quiero dejar claro que nada más lejos de mi intención que destruir al Casmu. Lo primero que quiero hacer ahora es trabajar para que se termine la persecución. Reitero que mi preocupación es por los más jóvenes; ellos tienen que saber que la medicina no es estar expuestos a presiones. Nuestra agrupación está fortalecida. Todos queremos revertir la situación actual para tener una mejor calidad de asistencia. No sé cómo va a seguir la situación, estamos viendo qué pasos damos; nos estamos asesorando con los abogados que nos respaldan y vamos a seguir respaldando al 44% de los médicos que nos votaron. Ya me expulsaron como capitalizador, pero sé que en este contexto de persecución pueden buscar cualquier motivo para echarme como trabajador.