Una delegación de la Comisión Interna de la ex Colonia Etchepare –actual Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos)– de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concurrió a la Comisión de Salud Pública de Diputados con el fin de plantear a los legisladores su preocupación sobre el posible cierre del centro, que debería producirse si se cumple con lo establecido en la Ley de Salud Mental, que determina que en 2025 este tipo de dispositivos deberían cerrar. Según entienden los trabajadores, el prestador público no cuenta con un plan concreto frente a esta posibilidad, aunque desde ASSE se desmintió la posibilidad de cierre.
Al finalizar el encuentro, en diálogo con la prensa, Rolando Tolesano, secretario de la Comisión Interna, dijo que se trasladó la “gran preocupación” ante el hecho de que ASSE presentó un proyecto sobre adicciones para reconvertir el centro, pero todo indica que el sustento para el cambio es la venta de parte del predio en el que se encuentra el centro de atención. “Es poco serio estar pendientes” de esa venta, agregó el funcionario.
Tolesano agregó que esta semana se inició una mesa de diálogo entre ASSE y los trabajadores, tras un período de “poca” comunicación. Según entiende la Comisión, “hoy el centro está a la deriva”, pendiente de “la venta de un campo” y de que se apliquen los fondos que se aprobaron en la última Rendición de Cuentas, de los cuales seis millones de dólares se destinaron al prestador público para la atención de usuarios con adicciones: “tienen que aparecer” y se tiene que saber “en qué se invirtió”.
Asimismo, los integrantes de la Comisión Interna expresaron a los legisladores la necesidad de “repensar” la Ley de Salud Mental, que si bien consideran “buena”, entienden que pasó mucho tiempo desde que se creó (en 2017) hasta ahora, y que en el medio “hubo una pandemia y la sociedad no es la misma”.
Por su parte, la diputada por el Frente Amplio y presidenta de la comisión, Lucía Etcheverry, sostuvo que los funcionarios están “en una situación compleja, tras haber intentado dialogar con las autoridades” de ASSE porque “no están obteniendo respuestas” sobre el proceso por el que van a transitar las excolonias con respecto a lo que plantea la ley.
Etcheverry dijo que actualmente “el prestador incumple” lo acordado en cuanto al refuerzo presupuestal, porque en 2023 se resolvió “que se iba a distribuir” entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas y ASSE y tener como “único destino toda la problemática de salud mental”. ASSE, además de capacitar funcionarios, “se comprometió a crear tres centros individuales dentro del predio” y “hasta ahora no sucedió”, indicó la diputada.
“Lo cierto es que más allá de que es difícil de que Ceremos cierre, los trabajadores no tienen certeza de qué es lo que va a pasar” porque “les dicen que no hay dinero y que no hay proyecto”, continuó Etcheverry, y aseguró que la comisión que preside va a “acompañar para ayudar a facilitar el desarrollo de las mesas de diálogo porque son imprescindibles”. En cuanto al cambio de paradigma que estableció la ley, Etcheverry sostuvo que los cierres no se deben definir de un día para otro.
Hace casi una semana ASSE brindó una conferencia en la que aseguró que “el compromiso del directorio es mantener todas las fuentes laborales y el tipo de función o vinculación” que cada funcionario tenga con el organismo y convertir las excolonias en un centro de tratamiento de adicciones. El nuevo centro requerirá nuevas obras para las cuales ya se realizó la licitación. Para ejecutar el proyecto ASSE espera la venta de parte del predio que, según dijo, ya está en proceso.