El Poder Ejecutivo inauguró este lunes las primeras jornadas sobre salud mental en el ámbito público, denominadas Compromiso de Estado, acción colectiva, un espacio convocado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), que busca abordar el tema entre las instituciones que conforman el gobierno. Serán dos jornadas en las que participarán casi 30 panelistas.
En la mesa de apertura, el director de la ONSC, Sergio Pérez, explicó que las jornadas son el resultado de un trabajo en conjunto con Presidencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y de “una convicción compartida de que cuidar el bienestar y la salud mental de quienes trabajan en el Estado”. Se trata de “reconocer que en cada lugar de trabajo hay personas que atraviesan momentos buenos y también dificultades”. Ante esto, se asumió “el compromiso de cuidar la salud mental colectiva” para generar mejores ambientes laborales y equipos que detecten a tiempo cuándo alguien necesita ayuda.
- Leé más sobre esto: El MSP presentó en la comisión bicameral la estrategia 2025-2030 que abarca la implementación de la Ley de Salud Mental.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, agregó que hay que mirar “qué hacemos en lo cotidiano para atender una problemática que está en el centro de la sociedad”; “tenemos que aprovechar la oportunidad. La salud mental “estuvo en los programas de todos los partidos políticos, ha sido parte de muchos discursos; lo que necesitamos ahora es pasar a la acción”, consideró.
Hasta hace poco “no era de los temas que más debatíamos en los espacios públicos, y que ahora suceda es resultado, por ejemplo, del esfuerzo de la sociedad civil”, dijo. Para Sánchez, las últimas tres administraciones de gobierno “no han tenido la capacidad de contar con un plan integral con dispositivos que se transformen”. “Hemos hecho un gran esfuerzo y la Ley de Salud Mental es un ‘granito’, pero lo más difícil no es votar una ley, es cambiar las instituciones, los espacios y los dispositivos; cambiar la cultura institucional que muchas veces genera relaciones que no son tan sanas”, manifestó el secretario de Presidencia.
Ejemplificó con el debate de las licencias y cómo “se valora o no se valora” en esto la salud mental, uno de los puntos que tuvo más crítica pública del acuerdo que hubo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). “Muchas veces ha sido difícil contemplar el punto de salud mental”. La sociedad uruguaya “tiene muchos problemas; dos de ellos son la soledad y la ansiedad que genera la exigencia. No siempre estamos bien, a veces estamos tristes y tenemos derecho a esa tristeza”, continuó.
Sobre la población en general, agregó que “todos sabemos que la gente no se atiende donde quiere, sino donde puede, y que muchas veces las alertas tempranas no funcionan, los dispositivos no están, y los casos más complejos es difícil que tengan una atención acorde”.
“No se pueden atender los problemas de salud mental sin políticas públicas sólidas”, enfatizó Sánchez y marcó que los constructores de esas políticas están en estas jornadas. “Tenemos la enorme obligación de pasar de los dichos a los hechos, lo que implica transformar los viejos dispositivos, sumar otros y crear la política pública que necesitamos”, concluyó.
Por su parte, la directora general de Salud, Fernanda Nozar, agregó en rueda de prensa que las jornadas implican la búsqueda del bienestar, bajo el entendido de que trabajar así dentro de la administración pública mejora la calidad laboral y previene enfermedades. Los diferentes organismos “tienen sus factores de riesgo particulares; por ejemplo, en los trabajadores de salud, hay alta presencia de burnout”, sostuvo.
- Leé más sobre esto: Uno de cada tres médicos tiene síndrome de burnout en Uruguay
La mitad de las certificaciones laborales de los funcionarios de ASSE son por salud mental, sostuvo Danza
En diálogo con la diaria y en línea con el ejemplo de Nozar, Álvaro Danza, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), dijo que el prestador tiene más de 35.000 vínculos laborales, “especialmente vulnerables, con mayor prevalencia a problemas de salud mental”, sobre todo vinculados al burnout, las dificultades asociadas a los horarios laborales y al consumo problemático de sustancias.
Actualmente hay vigente un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que ya tiene varios años y se renovó en 2023, que dispone asistencia a través de la casa de estudios o de profesionales contratados a través de la facultad, para brindar asistencia a los funcionarios y a los familiares en primera línea de consanguinidad.
Agregó que una representación de la problemática es que un 50% de las certificaciones laborales de los trabajadores de ASSE son por salud mental.
Sobre la atención de salud mental de los usuarios, dijo que, a través del presupuesto, que asigna una partida de 170 millones de pesos, 100 para dispositivos asistenciales comunitarios, como establece la normativa vigente, y 70 para recursos humanos. Sobre la lista de espera para consultas en salud mental, agregó que cuando asumieron la gestión había 30.000 personas, y que el objetivo es que, para fines de 2025, ya no estén esperando personas que solicitaron consultas antes de 2024.