El PIT-CNT ha colocado el tema de las compras públicas en su plataforma, por considerar que su regulación puede ser una herramienta para estimular el pago de salarios dignos y la creación de empleos de calidad, y para incrementar la formalización del trabajo. También, por iniciativa de legisladores del Frente Amplio, está en discusión en la Comisión Especial de Cooperativismo de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece una “reserva de mercado” de las compras públicas de 30% para “productos y servicios nacionales”, entendiendo como tales aquellos que “utilizan para su elaboración o ejecución un mínimo de 35% de integración nacional, ya sea en trabajo o insumos sobre el total del costo del bien”, y para emprendimientos provenientes de la economía social y solidaria que cumplan con los requisitos dispuestos en el proyecto. Al texto de la iniciativa se le hicieron algunas modificaciones y fue aprobado en comisión. Sin embargo, al ser tratado en el plenario se decidió enviarlo de nuevo a estudio.
Pero la regulación de las compras públicas es impulsada también fuertemente desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), que se encarga de brindar apoyo en materia de infraestructura, gestión de proyectos y adquisiciones públicas, impulsa “las adquisiciones sostenibles” como “la práctica de integrar requisitos, especificaciones y criterios en favor de la protección del medioambiente, el progreso social y en apoyo del desarrollo económico”. Por esta razón, el jueves 29 de noviembre, Sylvia Aguilar Camacho, asesora senior de Servicios de Adquisiciones de la UNOPS, y Rafael Cabrera, director de la UNOPS en Uruguay, participaron en el seminario “Compras públicas sustentables”, organizado por la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), a partir de la presentación de un proyecto a nivel internacional, competir y obtener financiamiento para su ejecución por intermedio de la UNOPS.
En diálogo con la diaria, Aguilar explicó qué son las compras públicas sustentables. “Significa que yo no solamente me fijo en el precio del producto o servicio que voy a comprar, sino también en el impacto social y ambiental de ese producto, porque podría comprar un producto muy barato, pero resulta que viene de una empresa que no está pagando derechos laborales, que no está pagando la seguridad social, y por eso sus costos son tan bajos. O, si se considera lo ambiental, puede ser un producto muy barato pero resulta que es tóxico, que es nocivo. Significa que a la hora de comprar nos compliquemos en poquito la vida y no pensemos solamente en el producto que necesitamos sino también en los impactos que puede tener”, dijo la asesora, de origen costarricense.
Para ella, se trata de un procedimiento que “nosotros mismos hacemos en nuestras casas, obviamente según el presupuesto que tengamos”. “Podríamos decidir comprar una licuadora muy barata, de esas que son como desechables y la primera vez que le echas un par de hielitos, se murió el motor. Entonces, esa compra barata te salió muy cara porque tenés que salir a comprar otra licuadora. Llega un momento en que vos decís ‘voy a ahorrar un poquito más y voy a comprar una licuadora de mejor calidad, más robusta, que me dé lo que necesito y que me dure más’”, ejemplificó.
Por su parte, Cabrera dijo que en el seminario se habló siempre del “valor de un producto” y no de su precio, pero el problema es que “normalmente la solución para comprar y no ser acusado de corrupto es comprar lo más barato”. Sin embargo, para el director de la UNOPS en Uruguay esto “ha ido cambiando, los países han ido evolucionando –Uruguay también– y hoy se mira lo que se llama el ‘ciclo de vida’ de un producto”. “Una impresora, por ejemplo, de las más baratas, termina siendo la de los cartuchos más caros. Entonces, cuando uno compra no debe sólo comparar el precio inicial, sino cuánto me va a salir al sumar todos los cartuchos de tinta [que va a consumir al usarla]. Ese es un ejemplo típico en el que ya no se compra por el precio, sino por todo lo que aporta en el ciclo”, explicó. Según Cabrera, los sistemas de adquisiciones “van madurando” y “cuando uno ya tiene algunos temas resueltos empieza a encarar los otros”. “Esta viene a ser una de las partes más evolucionadas: que el país esté dispuesto a comprar un producto mejor desde una perspectiva ecológica y social aunque sea más caro, pero es una decisión de política de Estado, que es el mayor comprador. En todos los países el Estado siempre es el mayor comprador. A veces compra entre 20% y 25% del Producto Interno Bruto”, agregó. Para Cabrera, “una compra pública inteligente no es la que compra lo más barato, sino la que genera mayor valor con el dinero que se está gastando”.
Mantener la transparencia
Aguilar dejó en claro que la introducción de nuevas exigencias y condiciones en las licitaciones se debe hacer siempre “respetando los principios de transparencia” y que “las empresas que van a competir en ese tipo de licitaciones o concursos cuenten con toda la información de primera mano”. “Las reglas siguen estando claras y, si se toma la decisión de comprar productos de limpieza biodegradables porque tienen menos impacto en los ríos, eso debe estar muy claro en las bases de la licitación, no es que de pronto me van a cambiar las reglas del juego”, remarcó.
La asesora puso ejemplos de direccionamiento de compras poniendo el énfasis en lo regional o en la exigencia de dar participación en los procesos a las pequeñas y medianas empresas (pymes). “Hay experiencias internacionales en el tema, o maneras en que uno podría hacer eso, por ejemplo con la regionalización. Voy a comprar en un país muy grande y sé que hay empresas que solamente pueden ofertar si están en ciertas regiones, entonces regionalizo, establezco que la compra sea a empresas que estén en la región donde voy a comprar”, explicó. Sin embargo, aclaró que “por el principio de libre competencia, si una empresa de la capital marca que puede ir hasta ese lugar no le podría restringir necesariamente que participe, pero eso depende de la normativa de cada país”. “Hay países, como Brasil, que en proyectos muy grandes, que tal vez no se pueden adjudicar a una empresa pequeña o mediana porque no tiene capital de trabajo, lo que se hace es establecer en la gran licitación que 20% de la obra se tiene que dar en subcontratos a pymes”, agregó Aguilar. Otro ejemplo que puso fue el de una licitación reciente en Estados Unidos en la que se contrataron servicios de recolección de basura. “Es un contrato por muchos años, y esos residuos sólidos iban a ir a un relleno sanitario que está ubicado en una zona muy pobre, muy deprimida y con falta de trabajo. El contratante de la administración puso que se iban a dar diez puntos más en la licitación si se demostraba que se iba a contratar personal de esa zona”, explicó.
Por casa
ACCE está trabajando en la elaboración de un decreto por el que se introducirá un marco legal para comenzar a transitar por el camino de las compras públicas sustentables en cinco productos: computadoras, automóviles estándar, equipos de aire acondicionado, papel para impresoras o fotocopiadoras, y mobiliario de madera; y en un servicio, el de limpieza. “Hay muchas experiencias y posibilidades en la propia legislación uruguaya. Uno puede direccionar ciertos aspectos de una compra exigiendo, por ejemplo, que la empresa contrate equis porcentaje de mano de obra, equis porcentaje de mujeres, equis porcentaje de personas con discapacidad. El Estado direcciona porque tiene el poder de comprar. El Estado hace política social y económica mediante las compras; lo que no se puede hacer, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque fuimos cascoteados fuerte en la región por temas de corrupción, es que eso se transforme en una estratagema para darle la compra a un amigo”, señaló Cabrera.
Otro aspecto que se está imponiendo en materia de compras es exigir que los productos estén sometidos a procesos de trazabilidad y que se pueda conocer dónde y por quiénes fueron elaborados, y con qué materias primas. “Se ha llegado a esos niveles por escándalos que han salido a la luz, por ejemplo, en la industria textil, en la que hace poco, como cinco o seis años, se cayó un edificio completo, donde se descubrió que había varias fábricas de marcas muy reconocidas de prendas de vestir, y la gente sabía que su maquila estaba ubicada en ese lugar y en esas condiciones”, mencionó Aguilar.
“Todo lo que mejore el proceso por el que uno puede evaluar un producto mejora el valor. No solamente estoy comprando precios, también estoy siguiendo una trazabilidad, puedo evaluar que en su producción no se está yendo contra los principios de la ONU, que no se están violando leyes. Eso me da mucha más información del producto que estoy comprando”, concluyó Cabrera.