Con cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de jurisdicción marítima –que incluye el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y los derechos sobre la plataforma continental extendida–, Uruguay cuenta con una superficie en el agua mayor a la terrestre. En ese territorio, y particularmente en los puertos de Montevideo y Capurro, la actividad pesquera opera sin pausa.
En ese marco, se realizó el seminario “Trabajo en el sector pesquero Industrial del Uruguay” en lugar en la sala Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar). Allí se presentaron los avances del proyecto “Salud y seguridad en la pesca industrial uruguaya: subjetividad, riesgos y competencias laborales”.
La actividad, moderada por Mariana Mendy, de la Unidad Académica del Prorrectorado de Extensión de la Udelar, contó con la participación de Soledad Nión Celio, socióloga y encargada del proyecto (FCS y Facultad de Psicología); los estudiantes Gina Araujo, Giovanni Torrens y Manuel Cabrera, del proyecto “Mundo laboral pesquero: el puerto de Capurro y las embarcaciones pesqueras” (FCS); Adrián Burgos, del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma); Juan Pablo Suertegaray, del Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay (Sudeppu); Jerónimo Estévez, del Centro de Maquinistas Navales (CMN), y la abogada María José Sosa, asesora de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Durante el seminario, Nión profundizó en los primeros avances del proyecto desarrollado entre abril y setiembre de 2026. La investigación, financiada por el Programa de Vinculación Universidad, Sociedad y Producción de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar, se extenderá hasta marzo de 2028. Su exposición se articuló en cuatro ejes: la caracterización socioocupacional, la institucionalidad y la normativa sectorial, el estado de la flota y las condiciones de habitabilidad, y las perspectivas sobre viabilidad y futuro del sector pesquero.
El estudio destacó la heterogeneidad de la pesca industrial. En esa línea, la socióloga señaló que las condiciones de trabajo varían según el origen de la empresa –nacional o extranjera– y el tipo de barco. A esas diferencias se suman “la prolongada separación familiar” y “las limitaciones espaciales y habitacionales de los barcos” en los que pueden estar días –o incluso meses– bajo “constantes presiones físicas y emocionales” que complejizan la gestión de riesgos en materia de salud y seguridad.
La flota industrial la integran entre 50 y 54 buques con permisos de pesca vigentes, en su mayoría de las categorías A (merluza) y B (corvina y pescadilla), con tripulaciones que van de siete a 12 marineros en los costeros, y de 20 a 30 en los congeladores.
Nión advirtió que la intervención de organismos como la Prefectura Nacional Naval, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), el MTSS, el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Seguros del Estado genera una “fragmentación institucional” que presenta “zonas grises” que dificultan la calidad de condiciones habitacionales de los trabajadores a bordo.
Respecto del estado de la flota y las condiciones de trabajo, el estudio diferenció la precariedad en los barcos pesqueros frente a las condiciones de los congeladores. La socióloga señaló que la renovación de la flota se ve frenada por “factores económicos”, de “conflictividad laboral del sector” y normativas que limitan el cambio. Sostuvo que estas condiciones influyen en la salud y en la desmotivación del sector para la integración de nuevos trabajadores.
En cuanto al futuro del sector, la investigación recogió reclamos socioambientales como la “falta de planificación de las zafras de pesca, las habilitaciones de pesca extranjera en jurisdicción uruguaya y la autorización de prospecciones sísmicas” que puedan causar una “disminución de la captura” de pesca. Entre quienes creen que hay una “sobreexplotación del recurso” o que “no se explota correctamente”, los sindicatos coincidieron en una actualización de la Ley de Pesca 19.175 que permita “la inversión pública en la renovación de la flota, la reducción de costos, el fortalecimiento en la institucionalidad pública y la gestión de recursos”.
Dos visiones
Durante la intervención, Suertegaray cuestionó la falta de respuestas estatales ante “problemas de hace 40 años”. “Cuando uno navega, lo hace con la familia”, expresó, y advirtió sobre la salud psicológica del sector al no llegar a las metas propuestas, ya que, al no lograrlo, la ganancia se reduce.
A su turno, Sosa reconoció que históricamente el país “no ha mirado al mar como debería”. La jerarca advirtió que a partir de un relevamiento preliminar que comenzó en 2026 identificaron “más de 160 normas relacionadas con el trabajo marítimo”. En tanto, señaló la pluralidad de actores involucrados como una oportunidad para mantener un diálogo más cercano entre instituciones, para unificar criterios y mejorar la situación que atraviesa el sector.
La realidad del puerto de Capurro
A través del proyecto investigativo en el puerto de Capurro financiado por la Comisión Secundaria de Extensión y Actividades en el Medio de la Udelar, los estudiantes elaboraron una cartografía participativa junto con los sindicatos (Suntma, Sudeppu, CNM) y organismos públicos (Dinara y la Administración Nacional de Puertos, ANP), en la que expusieron un diagnóstico preliminar sobre la infraestructura y los riesgos en el puerto.
En materia de infraestructura, señalaron que el puerto fue diseñado desde la ANP sin consultar a los trabajadores, lo que profundizó necesidades ya presentes en el puerto de Montevideo.
Entre las principales dificultades destacaron la falta de transporte público en el área que estuviera adaptado a los turnos y las distancias, la falta de baños y duchas, la ausencia de personal médico o de bomberos y la falta de depósitos de frío en el puerto. Esto último requiere una extensa coordinación de la actividad de carga, descarga y transporte de mercadería en el momento y afecta a la flota costera.
Por último, el estudio advirtió que las normativas utilizadas en el puerto, como el Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias e ISO, se orientan al control del puerto respecto de la seguridad patrimonial y de accesos, lo que deja la seguridad física y laboral de los trabajadores en un segundo plano. Entre los riesgos cotidianos, se apoyaron en la dificultad de los trabajadores para embarcar por la falta de accesibilidad y seguridad a través de redes de contención o escalas adecuadas para subir al buque.