“Los negocios perdieron el sentido común”, asegura Giselle Della Mea, quien acercó el sistema a Uruguay. “Nunca nos miramos a la interna, y entonces, ¿cómo podemos ser parte de la solución? Creo que hay que volver al origen”, agrega la diseñadora y empresaria. El Sistema B se define como “un movimiento” de empresas con una “visión integral” que contempla lo económico –en primer lugar– y también lo social y ambiental. Se trata de una tendencia a nivel mundial –apoyada e impulsada por organismos como las Naciones Unidas por contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sustentable–.
B en Uruguay: “Más allá de la certificación”
Della Mea, oriunda de Dolores, se fue de Uruguay en 2001 a Gualeguaychú “por amor”. Vivía allí cuando se instaló la planta de celulosa Botnia, un caso que, cuenta, la atravesó “al 200%”. “Una empresa 100% económica generó un conflicto ambiental que después se transformó en un conflicto social, o sea, estaban los tres vectores en conflicto. Ahí fue que hice un clic y me puse a pensar en el diseño al servicio de otra cosa, para causas sociales y ambientales”, recuerda.
Volvió a Uruguay en 2013 “decidida a trabajar desde el cambio de la economía”. El sistema B ya había aterrizado en la región y Della Mea investigó los diferentes modelos. El argentino era el que más se acercaba a lo que ella se imaginaba aquí, pero había algo que no le cerraba. “Lo primero era certificar a mi empresa como B”, cuenta. Si bien mucho de lo que hacían en su empresa, 3 Vectores, iba en ese sentido, “no fue algo fácil: hay que cambiar un chip”.
Después vino la convocatoria. “Me apoyé en varias personas que ya tenían la necesidad de ir hacia un nuevo modelo de negocios. Las primeras reuniones las hicimos en casa y nos planteábamos que queríamos traerlo como algo más allá de la certificación, enfocarnos en las empresas y que estas a su vez lo hicieran en su modelo de negocio con un propósito”.
El actual presidente del sistema en Uruguay, Sebastián Figuerón, sostiene que el sistema B en Uruguay “tiene la forma de un movimiento” y en ese sentido se diferencia de otros países. “No queríamos que funcionara como una fundación con una cúpula fija, pensar que uno nos va a salvar a todos; queríamos que fuera algo dinámico, que identificara agentes de cambio”, apunta Della Mea en relación a quienes llama “multiplicadores B”.
Figuerón explica que se puede integrar el movimiento “sin necesariamente ser una empresa B”: “Los multiplicadores que llevan la metodología la expresan como una manera de vivir y también está la Academia B, así como adjuntos a la causa que no necesariamente la integran, o sea, gente conmovida por la idea”.
Della Mea es crítica de acciones como “el marketing” o la “responsabilidad social empresarial (RSE)”: “La verdad es que no hay que hacer una campaña en contra del plástico, hay que evitar o reducir su consumo a la interna de la empresa; no hay que hacer afiches por la igualdad de género, hay que integrar a las mujeres. Si tu modelo de negocio contempla las dimensiones social y ambiental, no son necesarias esas acciones. No tendrías que invertir en campañas que lo demuestren, sino que hacerlo a la interna habla por sí mismo y dice mucho más”, afirma. En este sentido, sostiene que “con las decisiones que se toman a diario se puede hacer mucho; en principio, definir a quiénes querés que le vaya mejor, a quién querés apoyar”.
El proceso de certificación arranca por iniciativa de la propia empresa, que se somete a un cuestionario online que mide en hasta 200 puntos las acciones a nivel económico, ambiental y social. Aquellas que obtienen más de 80 quedan en condiciones de acceder a la certificación que se hace por medio de BLab, un comité de evaluación internacional.
Hasta el momento hay diez empresas certificadas en Uruguay: 3 Vectores, 4D, Bioterra, Gemma, Estancia La Cristina, MásBus, R&D, VerdeAgua, Werba y YoElijo, y más de 300 que se acercaron a “medirse”, según Della Mea, “algunas para chusmear y otras porque es algo útil”.
Figuerón sostiene que al ser una etapa “gratuita, anónima y confidencial” en la evaluación es más lo que se obtiene que lo que se deja, porque “aporta mucha información a la empresa”, “no desde un punto de vista del bien y mal, sino desde qué nivel de empatía se tiene con el medio que rodea, social y ambiental”.
En este sentido, Figuerón contó que la empresa que dirige, VerdeAgua –de cultivo de hidroponia, creada en el año 2000 con 30 empleadas mujeres, que constituyen 70% del equipo–, se certificó en 2016 con 116 puntos y uno de los planteos que se le hizo desde el sistema fue proponerse una meta de ahorro de energía, desafío que les hizo cuantificar algo que no hubieran “ni considerado de otra manera”.
El directorio del Sistema B está compuesto actualmente por Figueron, la secretaria Belén Hernández, Gonzalo Sobral, María José González, Bebo Gold y Della Mea. El “equipo ejecutivo” está integrado por Tamara Farré, Dioselinda Roa Velasco, Ivana Calcagno, Magdalena Pereira y Natalia Hughes.
Della Mea destaca la “importancia del motor femenino” en el movimiento: “Creo que hay algo de la necesidad de estas nuevas economías que las mujeres estamos entendiendo más, quizás por la conciencia de ciclos, que tenemos más presente” esbozó.
Días B
En 2014 se hizo el primer “Día B” y asistieron unas 400 personas. “La gente se conoce haciendo, entonces para nosotros era una prioridad armar un evento y a partir de eso fuimos evolucionando”, contó Della Mea. El martes se celebra por quinta vez consecutiva en paralelo al Festival Internacional de Innovación Social, un evento inclusivo en Kibón en el que autoridades gubernamentales, de organismos internacionales, integrantes de la academia y del propio sistema expondrán sobre “las nuevas economías”.
En el Parlamento: “Sociedades de beneficio de interés colectivo”
Desde agosto de 2017 se encuentra un proyecto de ley impulsado por diputados de todos los partidos con representación parlamentaria a estudio de la comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la cámara baja.
El texto redactado por el Grupo Legal B –conformado por seis abogadas– define el régimen de “sociedades de beneficio interés colectivo [BIC]”. Una de las integrantes, Natalia Hughes, explicó que “la ley se propone reconocer a las empresas que si bien continúan siendo empresas, es decir, buscando el lucro, incorporan en su objeto social el impacto medioambiental y social que generan”.
También se define un proceso de control y transparencia, el derecho de receso y sanciones. Hughes dijo que en esta instancia no se buscó que haya incentivos tributarios –“un largo debate que tuvimos a nivel doctrinario”– porque “queríamos que el que se acoja lo haga porque es parte de su propia naturaleza”.
En Latinoamérica, Colombia es el único país con una normativa de este estilo aprobada y hay proyectos en estudio en Perú, Chile, Paraguay y Brasil.