En la última década se duplicó el número de ciudadanos de la Unión Europea (UE) que se desplazaron a otro país del bloque para vivir o trabajar allí. Son en total 17,5 millones, concentrados en algunos sectores, como el del transporte transfronterizo, en el que trabajan unos dos millones de europeos.
Para regular esta situación, la UE –en la que existe libre circulación de personas– aprobó varias normas sobre los derechos de esos trabajadores. Este año, además, creó la Autoridad Laboral Europea, con el cometido de garantizar que esas reglas comunes se apliquen de manera homogénea. La UE se propone que esta agencia promueva inspecciones comunes de parte de dos o más países cuando se detecten posibles irregularidades, tales como trabajadores no declarados.
La Autoridad Laboral Europea fue creada en febrero y está previsto que recién en 2024 esté completamente en funciones, con sede en Bratislava, la capital de Eslovaquia. La UE dispuso que para entonces cuente con 140 empleados y un presupuesto anual de 50 millones de euros. Pero el miércoles 16 la nueva agencia europea inauguró sus sesiones con una reunión de su Consejo de Administración en Bruselas para establecer sus principales objetivos.
En un comunicado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que la Autoridad Laboral Europea implicará un “paso fundamental hacia un mercado de trabajo europeo integrado”, según publicó la agencia de noticias Efe. A su vez, Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo, dijo que “contribuirá a que el mecanismo de la movilidad laboral funcione mejor, lo cual beneficiará a millones de ciudadanos y empresas europeas”.
La agencia se inauguró en momentos en que la UE y Reino Unido se encaminan a procesar el brexit. Si bien el bloque ha manifestado su voluntad de mantener una regulación laboral similar una vez que Reino Unido ya no forme parte de la UE, en los últimos días surgieron nuevas dudas acerca de esta posibilidad. El diario Financial Times divulgó un documento oficial del Ejecutivo británico en el que se afirma que en la redacción del brexit hay “lugar para la interpretación” en cuanto a los compromisos sobre derechos laborales y protección del medioambiente, y da por seguro que ese contenido será interpretado de forma “muy diferente” por parte de Londres y de Bruselas.
Si bien Reino Unido celebrará elecciones el 12 de diciembre, varias encuestas concluyen que no cambiará el gobierno. Esas mediciones atribuyen al actual primer ministro conservador, Boris Johnson, 36% de los votos, mientras que el Partido del Brexit reuniría 12%.