El Consejo de Sector Financiero Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) se declaró esta semana en preconflicto; al amparo del artículo 25 del convenio colectivo vigente, activaron la cláusula de prevención de conflictos, que tiene como plazo siete días hábiles y venció este jueves.
Lorena Lavecchia, presidenta del sector, contó a la diaria que la convocatoria a la negociación llegó el mismo día en que vencía el plazo y fueron citados para el viernes 3 de julio en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Los trabajadores bancarios públicos reclaman que se están realizando modificaciones en los presupuestos de los bancos en forma unilateral, que se eliminan vacantes, que hay falta de personal y una privatización y precarización laboral; además, denuncian que hay una pérdida de servicios y de salario real, así como un ataque contra las libertades sindicales.
Lavecchia contó que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) envió un instructivo a los bancos para la confección de los presupuestos, y dentro de estos “apareció la eliminación de todas las vacantes que no se hubieran completado antes del 31 de diciembre de 2019”. Además, comentó que en ese documento queda establecido que por cada ascenso se elimina una vacante: “Cuando se haga un concurso de ascenso, se eliminaría partida presupuestal”, explicó.
Lavecchia dijo que hasta ahora eso no lo habían podido discutir, y que las autoridades no les comunicaron cómo lo van a hacer ni qué va a pasar con las carreras administrativas y con las dependencias que no van a poder abrir por falta de funcionarios.
La integrante del sindicato aseguró que pidieron una reunión con las autoridades de la OPP, pero hasta esta semana no habían tenido respuesta: “Los directores de los bancos no saben, te dicen que están negociando y no te atienden”” aseguró.
Lavecchia recordó que el sindicato viene reclamando por la privatización del sector desde el gobierno anterior, pero aclaró que ahora se está profundizando más. “Esto pasa en el medio de una epidemia, uno está trabajando para que los compañeros no se contagien, para que tengan mamparas y puedan atender al público, y ellos en el medio hacen un montón de cambios estructurales que afectan el servicio que brindamos”, dijo.
Lavecchia sostuvo que la reducción de funcionarios públicos ya había sido anunciada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero con la ley de urgente consideración esperaban “que todo el movimiento sindical de alguna manera reaccione”. “No hay una oposición férrea por parte de la clase política, y el sindicalismo se quedó como esperando”, comentó.
La integrante del sindicato dijo que hoy se hacen transferencias por comisiones de dos millones de dólares mensuales a las redes de cobranza, mientras que “no hay gente en los bancos para atender” y se toman becarios por sueldos muy bajos.
“Después está el salario: en el año móvil la inflación ya pasó los dos dígitos y no hay aumento salarial, la capacidad de compra disminuyó sustancialmente y hay que sentarse a negociar”, afirmó.
Sobre la posibilidad de tomar medidas más drásticas, como paros, dijo que creen que “el camino de la negociación tiene un fin, en tiempo y como finalidad”, pero admitió que el problema es que, al ser “servidores públicos”, cualquier paro de actividades “va en contra de aquellos a los que defendemos, que son los dueños de las empresas públicas, los uruguayos”. “Lo complicado es hacer un paro defendiendo a las empresas y que los usuarios y clientes entiendan que es por ellos y para ellos”, reflexionó.