La Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP) denunció este martes la falta de respuesta de las autoridades en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de la Ley de Negociación Colectiva.
“Ante los problemas que sufrimos por condiciones de trabajo que implican riesgos para nuestra salud, los trabajadores del MGAP [Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca] venimos recurriendo a la negociación colectiva, de buena fe y dispuestos a construir soluciones en conjunto. Pero no se pueden construir soluciones negociadas cuando las autoridades no brindan ni la información, ni el espacio de diálogo, ni trabajo sobre las problemáticas concretas, sino que constantemente los difieren”, apunta un comunicado que difundieron hoy.
Los funcionarios exigen que la administración cumpla con sus obligaciones de “salvaguardar” su salud y seguridad en el trabajo. “Exigimos el cumplimiento de los protocolos vigentes, basta de tolerar ambientes de trabajo con acosadores: que se investigue y se diriman los problemas. Aprobamos un protocolo ante situaciones de acoso moral y laboral, pero la Dirección General no toma las medidas derivadas de la Comisión Asesora Bipartita que integra”, agrega.
También exigen que el presidente Luis Lacalle Pou “cumpla con su palabra”, porque todavía esperan que se aplique la norma que habilita a cubrir las 380 vacantes que hay en el MGAP. “Hemos solicitado información y un ámbito para negociar, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Hay compañeros realizando tareas permanentes inherentes al MGAP, durante más de diez años, a través de vínculos contractuales precarios, excluidos de una serie de derechos básicos como es la cobertura del Banco de Seguros del Estado [BSE]”, denuncian.
Otro de los puntos que reclaman es la cobertura por parte del BSE para todos los trabajadores del ministerio, funcionarios y contratados. Además, exhortan que se cumpla el Decreto 169/14, que refiere a la compensación de horas. “Hace un año venimos trasladando la situación de las y los compañeros de Dirección General de Recursos Naturales a los que no se les están compensando las horas trabajadas”, indicaron.
Carolina Alcuri, funcionaria del MGAP, contó a la diaria que, como integrante del consejo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), mantuvieron una reunión con Lacalle Pou y con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, el miércoles 6 de octubre, en la que el presidente les confirmó que iba a habilitar el llenado de las 380 vacantes mencionadas en el comunicado, una excepción del Decreto 90/020, que establece que se debe cubrir una vacante de cada tres.
“Dijo [el presidente] que en esos días se iba a firmar un decreto o una resolución, pero al día de hoy no hemos tenido ningún avance”, aseguró Alcuri, y aclaró que al otro día del encuentro con Lacalle Pou se juntaron con el ministro, Fernando Mattos, y la directora general, Fernanda Maldonado, y estos “ratificaron” lo dicho por el jefe de Estado; además, aseguraron que se efectivizarían los casi 500 ascensos que hay pendientes. En esa instancia los funcionarios pidieron otra reunión para poder darles su opinión sobre los perfiles que se iban a llamar, “pero hasta ahora no hemos sido ni informados, ni convocados”, dijo Alcuri.
La integrante del sindicato consideró que estos 380 ingresos son “totalmente insuficientes”. “De concretarse es algo que saludamos porque es un indicio de [que se tomó en cuenta] lo que venimos pidiendo desde marzo del año pasado. Hoy somos 1.500 funcionarios, de los cuales la mitad tiene causal jubilatorio y está comenzando sus trámites. Hoy con esos 1.500 ya se produce el desmantelamiento de los servicios, porque hay mucha falta de recursos humanos. El Poder Ejecutivo va a tener que trabajar fuertemente en la Rendición de Cuentas del año que viene para habilitar la creación de vacantes porque vamos a estar en dificultades más serias de las que estamos hoy”, advirtió Alcuri.
Con relación a los trabajadores que están contratados pero no son funcionarios, señaló que también está pendiente su regularización; son alrededor de 160 personas.
Sobre los casos de acoso que señalan en el comunicado, Alcuri aseguró que el sindicato trabajó con el ministerio en la bipartita de salud laboral en la redacción de un protocolo que quedó consensuado en 2019. “En enero de este año conseguimos que se apruebe el protocolo” y la Comisión Bipartita Asesora se conformó de “apuro” ante una denuncia de “acoso moral laboral”. El 4 de octubre, esa comisión elevó un informe con una serie de recomendaciones ante la directora general, pero no se tomaron ninguna de esas acciones. Alcuri no dio detalles sobre el caso, pero dijo que desde octubre hasta ahora se recibió otra denuncia.
Los trabajadores del MGAP se reunirán en un ámbito tripartito este jueves en la Dirección Nacional del Trabajo y convocan a una concentración de los funcionarios en la puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las 10.00.