Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) emitieron una declaración este miércoles en la que expresan su preocupación por “el crecimiento de la informalidad” en el sector. En diálogo con la diaria, el presidente del Sunca, Daniel Diverio, explicó que desde que se decretó el año pasado que el Banco de Previsión Social (BPS) en su inspección sólo debe controlar que el trabajador esté en planilla, sin revisar que su salario esté por encima del laudo, varias empresas comenzaron a generar contratos irregulares.
“Hemos hecho denuncias formales al Ministerio de Trabajo, a las cámaras empresariales, hemos convocado a Consejos de Salarios para formalizar las denuncias y también lo hemos hecho en reuniones bipartitas con las empresas involucradas, y el resultado que hemos tenido ha sido muy poco”, dijo Diverio. Para el sindicalista, desde que el BPS dejó de controlar el cumplimiento efectivo de lo que se negocia a nivel general en los Consejos de Salarios, hay “menos riesgo del sector empresarial al trabajar en ese tipo de precarización, porque puede hacerlo sin ser sancionado”.
Además, el sindicato denuncia violaciones a los protocolos de seguridad e higiene establecidos. A modo de ejemplo, Diverio mencionó la obra del ferrocarril central, para la que se armó un protocolo antisiniestros específico para el tipo de trabajo particular que se tiene que hacer a lo largo de 200 kilómetros. “En esta obra tenemos muchas dificultades para generar la aplicación de la normativa vigente”, sostuvo, y detalló: “Hay contratos de trabajo que están por fuera de la normativa de la construcción y que no contemplan los laudos”.
Asimismo, comentó que otro foco de preocupación para el Sunca son las obras en los barrios privados. Diverio aseguró que en complejos como La Tahona y Altos de Carrasco en Canelones, y otros en Maldonado, prohíben la entrada del sindicato, por lo que no se puede organizar reuniones ni que los trabajadores hagan inspecciones.
“Ahí se están viendo mayores dificultades con el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene, porque no hay inspección del ministerio y la organización no puede entrar para ayudar a comprobar eso, entonces se acelera la informalidad”, detalló el dirigente sindical.
Para Diverio, acompañado el crecimiento de la industria “empezó a avanzar la desregularización”. Según estimaciones del sindicato, en la obra del Ferrocarril Central hay cerca de 3.000 trabajadores, algunos formalizados, porque pertenecen a las empresas madres del consorcio, “pero quizás más de la mitad trabajan con subcontratos tercerizados, y ahí es donde se empieza a desregularizar. Está claro que las empresas madres contratantes son las primeras responsables, porque empiezan a desregular en una obra en la que son los responsables”.
En esta línea agregó que “hay otro porcentaje importante, de unos cientos de trabajadores, que están en los barrios privados con estas dificultades, y en el interior profundo también hay obras en las que se ven afectados unos miles de trabajadores”. Sobre este último punto el comunicado del Sunca detalla que en Cerro Largo la departamental instaló un conflicto en una empresa al comprobar que a los trabajadores se les pagaba 800 pesos por día, muy por debajo de lo establecido en el laudo. Para el dirigente es preocupante que “este ensayo que se está haciendo pueda ubicarse después como una modalidad de contrato en la industria”.
Entre las irregularidades, los trabajadores denuncian que hay empresas que están contratando por 90 días, cuando el contrato habitual en la construcción es a término hasta que finalice la obra, con un período de 45 días de prueba. “Estos contratos de tres meses se vencen y después se renuevan, son formas que, amparadas en cierta legalidad, van deformando el espíritu histórico que hay en la industria de trabajar en la formalidad”, afirmó.
Autoridades demuestran preocupación, “pero no alcanza”
En todos los ámbitos en que el sindicato presentó estas denuncias, las autoridades se mostraron preocupadas por la situación, “pero no alcanza”. Para el dirigente sindical, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social necesita tener una infraestructura que le permita resolver los casos, con un mayor cuerpo de inspección y con más agilidad para recibir las denuncias, porque en muchos casos “demora la llegada de la inspección a la obra y muchas veces pasa cuando ya está terminada”. En el caso de las cámaras empresariales “hay preocupación, pero tampoco vemos que tengan mucho interés en intentar modificar esto”.
Ante la falta de acción por parte de las autoridades, los trabajadores no descartan que se puedan tomar medidas como paros nacionales. Sin embargo, entienden que estas semanas que restan antes de comenzar la licencia de la construcción -que empieza el 23 de diciembre-, serán de negociación, y cuando se retome el trabajo el 12 de enero, se evaluará el avance hecho y si es necesario tomar medidas.