En un comunicado el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) desmintió algunas de las afirmaciones que hizo el lunes en una conferencia de prensa la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Según el SUNCA, la ministra “afirmó que el gobierno asumió el costo y financiamiento” de la partida especial de 16.505 pesos que recibió el sector en marzo (que implicó unos 17 millones de dólares), pero en realidad el costo de la partida fue asumido en parte por las empresas y los trabajadores.
Según el acuerdo tripartito al que se llegó, más de 50% de la financiación fue asumida por los empresarios y 25% aproximadamente fue financiado por los trabajadores del sector al aportar un jornal de la licencia y otro del aguinaldo, afirma el SUNCA en el comunicado.
Los trabajadores rechazan “que el gobierno se atribuya como iniciativa propia una medida que se tuvo que tomar precisamente ante la ausencia de respuestas desde el propio gobierno”.
Asimismo, en el comunicado el Sunca insiste con que el Poder Ejecutivo debería firmar un decreto presidencial que garantice que “los trabajadores de edad avanzada, con enfermedades preexistentes y las trabajadoras embarazadas sean certificados y accedan a una cobertura especial que preserve su salud y sus ingresos en medio de la crisis”. Agregan que este aspecto se acordó en la negociación colectiva pero “el Poder Ejecutivo aún no cumple”.
El secretario de prensa del sindicato, Cristian Techera, explicó a la diaria que el problema del anuncio de la ministra es que esos 17 millones de dólares no fueron cubiertos en su totalidad por el gobierno. “Es más, prácticamente lo que llega a cubrir el gobierno no alcanza el 30%”, apuntó.
Al inicio de la pandemia, en un ámbito de negociación colectiva, se acordó entre los trabajadores y el sector empresarial una licencia especial que abarcó a 44.000 trabajadores. ¿Cómo se financió esta licencia? Techera explicó que al sector empresarial se le aumentó una tasa en los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y a los trabajadores se les hipotecó un jornal de la licencia y uno del aguinaldo.
“En el caso de los trabajadores incluidos en la 14.411 [decreto ley de aportaciones sociales patronales y obreras en la industria de la construcción], se retuvieron los jornales por parte del BPS al momento de cobrar a fin de año y, en el caso de los trabajadores excluidos de la ley, las empresas retienen una parte y la otra parte la retiene el Foscov [Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción], que es uno de los fondos sociales que tiene el sindicato acordado con el sector empresarial. El resto lo cubre el gobierno, casi un 30%”, apuntó.
Techera advirtió que si no se hubiese llegado a ese acuerdo que rige entre el sector empresarial y los trabajadores organizados, el costo que hubiese asumido el gobierno sería casi el triple de los 17 millones de dólares.