Este miércoles las cooperativas sociales, con el apoyo de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), realizaron una serie de manifestaciones, que se iniciaron a las 11.00 con una concentración frente a la Torre Ejecutiva; en esa instancia los cooperativistas entregaron una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, y fueron recibidos por Benjamín Irazábal y Wilson Ezquerra en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). Según la Ley 17.978, las cooperativas sociales son aquellas que proporcionan a sus integrantes “un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas [...] con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social”. Estas entidades cuentan con exoneraciones tributarias y pueden contratar con el Estado mediante la modalidad de compra directa.
Marisol Fuentes, integrante del Consejo Directivo de FCPU, contó a la diaria que obtuvieron una respuesta “alentadora”. “Más allá de la voluntad política que tienen desde el principio, que es sostener la herramienta cooperativa [...], queremos resolver urgencias”, afirmó, y dijo que a pesar de que saben que tienen las puertas abiertas, a la hora de solucionar problemas “la lentitud es mucha”.
“Se nos manifestó que se van a seguir armando cooperativas sociales y que se van a buscar los mecanismos para que los trámites no sean una carga para la continuidad de los convenios”, dijo. También se aseguró que las cooperativas sociales podrán volver a trabajar con sus plantillas completas, algo que generaba preocupación, ya que en los últimos meses los organismos públicos que contratan con estas cooperativas habían bajado considerablemente la demanda de tareas y de mano de obra.
“Lo que quedaron fueron compromisos”, sostuvo, y agregó que ahora son los cooperativistas los que tienen que monitorear que estos se cumplan.
En la carta entregada al presidente, los integrantes de FCPU señalan que desde hace un año y medio los cooperativistas se han reunido con distintas autoridades de gobierno y de entes públicos, sus contratantes, “para saber cuál será la decisión sobre el futuro de los contratos”. “Las respuestas han sido distintas de acuerdo a cada organismo; en algunos casos nos indicaron que no se nos va a renovar los contratos, en otros, que debemos pasarnos a constituir como cooperativas de trabajo y competir por la tarea que hasta ahora venimos haciendo, y finalmente, otros, nos han mencionado que esas tareas no se seguirán haciendo y se perderán las fuentes de empleo”. Esto ha generado incertidumbre ya que el valor de los cooperativistas son sus “manos” y su “fuerza de trabajo”. “Hemos estado a la orden de los organismos estatales (nacionales y departamentales) en todo momento, las evaluaciones por parte de los contratantes han sido satisfactorias y somos conscientes de que las organizaciones públicas han logrado mejoras a partir de nuestro trabajo”, dice la carta.
En el texto FCPU propone una prórroga y renovación de los contratos que tienen con el Estado (a nivel nacional y departamental) con las cooperativas sociales al menos por un año; que se les garantice los pagos que les adeudan a estas y que se logre establecer una sistematización para asegurar los pagos; igualdad en las condiciones de trabajo y partidas económicas asignadas para la misma tarea de diferentes organismos públicos; capacitar y dar herramientas para el desarrollo y mejora de los procesos productivos; y que el Estado fije un porcentaje en las compras públicas para las cooperativas.
Las cooperativas sociales, agrupadas en la Mesa de Cooperativas Sociales, están integradas por cerca de 4.000 trabajadores. Se desempeñan, en su mayoría, en el sector servicios (barrido, limpieza, espacios verdes, mantenimiento en general, camilleros, auxiliares de servicio, entre otras tareas) y su principal contratante es el Estado y, dentro de este, las intendencias departamentales. En la movilización de este miércoles participaron integrantes de varios departamentos: Artigas, Salto, Paysandú, Cerro Largo, Rivera, San José, Maldonado, Colonia, Canelones, Durazno y Montevideo.
Contratos con OSE se extendieron hasta febrero de 2022
Luis Verdún, integrante de la Mesa de Cooperativas Sociales y representante de la cooperativa La Chispa (Tacuarembó), participó en una reunión con la Comisión de Seguimiento de Cooperativas Sociales de OSE, conformada por un asesor de cada director de la empresa pública. Verdún dijo a la diaria que el plazo de los contratos se extendió hasta el 15 de febrero, la inquietud de las cooperativas era que vencían a fines de junio y no tenían respuesta de las autoridades de la empresa pública sobre que pasaría después del 30 de junio.
Son 38 cooperativas de todo el país, con 300 trabajadores, que se dedican a una amplia gama de tareas, desde tratamiento de aguas residuales hasta conexiones de saneamiento y reparto de facturas. “Nos dicen que tenemos que reinventarnos y salir a buscar privados, pero en pandemia es imposible. Eso lo entendió la OPP, y el directorio de OSE votó que trabajemos hasta el 15 de febrero”, comentó. Sobre lo que pasará vencido ese plazo dijo que dependerá de las cooperativas y del crecimiento de la organización. Sobre la posibilidad de reconvertirse dijo que deben tratar de tener una inventiva colectiva para resurgir. Sostuvo que es un momento importante para capacitarse y poder hacer trabajos que les permitan adquirir más maquinarias. A pesar de la incertidumbre sobre lo que pasará en 2022, Verdún dijo que la jornada fue un día de unión de distintas cooperativas y aseguró que recibieron la noticia de la extensión del plazo con mucha alegría.