Un día después de la aprobación por parte del Senado de la reforma del régimen de certificaciones médicas en el sector público, el Consejo Directivo de la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE) emitió una declaración en la que expresa que estos cambios, que impulsó el Poder Ejecutivo a través de la Rendición de Cuentas y que fueron votados por mayoría en ambas cámaras del Parlamento, persiguen “como principal objetivo” recortar “a costa de la salud de los trabajadores”. Por esto, COFE “rechaza el nuevo sistema de certificaciones médicas, que constituye una rebaja salarial”.
Para COFE, “la tijera del gobierno de coalición no tiene límites y avanza sobre los derechos y las políticas sociales, perjudicando a los trabajadores en los momentos donde la situación económica de la familia es más compleja, cuando se transita una enfermedad y se generan gastos adicionales asociados a la misma que afectan la economía familiar”.
El sindicato ya había manifestado sus discrepancias con la iniciativa el 23 de setiembre en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado.
En la declaración COFE expresa que los cambios realizados en el Parlamento al proyecto original del Poder Ejecutivo “establecen que, durante la enfermedad, habrá nueve días en el año (alternados o consecutivos) que no generan descuento y a partir del décimo día se percibirá 75%, lo que significa una rebaja salarial del 25%”.
Según COFE, esta modificación significa “un posible ahorro de 90 millones de dólares” para el gobierno, y considera que detrás del discurso “de desprestigio al trabajador estatal se encubre el objetivo central de achicar, recortar y violentar los derechos de los trabajadores públicos”.
Profundizar el sistema de desigualdad
Para el sindicato, el objetivo “central” del gobierno “es claro”: “Profundizar el sistema de desigualdad, engrosando la riqueza de quienes más tienen, a los que el propio presidente ha nombrado los ‘malla oro’, perjudicando y extrayendo directamente del bolsillo de los trabajadores, jubilados y pensionistas ese aumento brutal de la concentración de riqueza”.
COFE denuncia que ha hecho propuestas concretas y que ninguna ha sido considerada por el gobierno, y las detalla en la declaración. “Instalar los servicios de prevención y salud en los organismos públicos, que en el sector público brillan por su ausencia; análisis serio y profundo de la determinación de las causas de las enfermedades y la vinculación a la tarea desempeñada, adoptando las medidas preventivas necesarias; dotar de la cantidad de personal y recursos adecuados al departamento de certificaciones de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado], de forma que puedan realizarse los controles necesarios ante una situación de enfermedad; que efectivamente los organismos convoquen a las juntas médicas en los plazos previstos; que se establezca la destitución del funcionario en caso que se falsee la realidad; instrumentar el cruzamiento de datos obligatorio de todos los organismos públicos con el BPS [Banco de Previsión Social] y un sistema de auditoría y control adecuado”; e “instrumentar un sistema gradual donde en una primera etapa el foco sea la mejora de los controles y seguimiento para luego, de ser necesario, analizar otras formas de abordar la situación”.
COFE advierte que “abogados especializados” en derecho constitucional y administrativo “sostienen que este nuevo sistema de certificaciones médicas es inconstitucional”, por lo que anuncia que se tomarán “las acciones necesarias para recorrer el camino de la inconstitucionalidad de la ley”.
Finalmente, como entienden que esta ley “no transitó ningún ámbito de negociación colectiva”, incumpliendo la Ley 18.508, de negociación colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público, y como resta la definición de un decreto “previo a que se aplique efectivamente el nuevo sistema”, COFE insta al presidente Luis Lacalle Pou “a que convoque los ámbitos de negociación colectiva establecidos” e “inicie un espacio de intercambio que hasta el momento no ha existido, donde discutir, intercambiar y negociar sobre todos los puntos incluidos en el nuevo régimen”.