A principios de febrero, el intendente de Rivera, Richard Sander, manifestó en diálogo con los medios públicos su preocupación por la alta tasa de empleo informal en el departamento. Al respecto, dijo que “el 40% del empleo en Rivera no es formal” y consideró que esta cifra significa un “gran problema” porque “las personas básicamente hacen changas” y tareas que carecen de “protección social”.
El intendente explicó que le solicitará al presidente Luis Lacalle Pou que se mantenga en el departamento fronterizo el programa Oportunidad Laboral, lo que le permitiría a 533 personas mantener su fuente de ingresos. Como informó la diaria el pasado 11 de febrero, el presidente le ofreció al Congreso de Intendentes mantener el programa siempre que las intendencias se encarguen de pagar los salarios de los trabajadores, mientras que el gobierno nacional absorbería los aportes patronales.
Pocas ofertas de empleo formal en el sector privado
la diaria consultó a algunas fuentes locales que expresaron su postura sobre el tema. Sergio Rodríguez, presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos en Rivera y presidente departamental del PIT-CNT, el edil por el Frente Amplio (FA) Leonardo Grosso y la diputada por el Partido Nacional Virginia Fros coincidieron en que las cifras de informalidad siempre fueron altas.
Para Rodríguez, la poca generación de empleos formales tiene que ver con la ubicación geográfica del departamento. “Al estar lejos del puerto de Montevideo, y no contar actualmente con el ferrocarril”, el transporte de “materiales y materias primas se vuelve muy caro”, explicó. Esto hace que “sea muy difícil que una empresa se instale” en el departamento.
En el mismo sentido se expresó Grosso. Comentó que actualmente en Rivera no hay “grandes fábricas” ni un destacado desarrollo industrial, lo que hace que las mayores fuentes de empleo en el sector privado “estén en el comercio”. Sin embargo, el edil del FA hizo una diferenciación entre los distintos tipos de establecimientos comerciales: “están los free shops, con un nivel de formalización superior al resto”, pero también pequeñas tiendas y locales en los que muchos trabajadores están “en negro”. Según Grosso, los free shops y la actividad comercial en general “se han visto enormemente perjudicados con la pandemia” de covid-19, por lo que se perdieron muchos puestos de trabajo formales.
Para el edil, otro sector que ha sufrido una merma en su actividad es el de la construcción, ya que “no hay inversión pública en este momento”. Agregó que actualmente no hay grandes obras en construcción, como “complejos de vivienda, edificios u obras de infraestructura”, por lo que muchos trabajadores de la construcción, como alternativa, “trabajan haciendo pequeños arreglos en la casa de algunos vecinos” sin hacer sus aportes al Banco de Previsión Social (BPS).
Grosso señaló que otro rubro con “alto porcentaje de formalización y que genera muchos puestos de trabajo es la forestación”, aunque no alcanza “el 100% de la cadena”. En contraste, “si hablamos del medio rural, en las estancias hay pocos peones y las granjas son pequeños emprendimientos” que normalmente no aportan al BPS.
El edil destacó que en los gobiernos del FA “hubo grandes avances con respecto a la formalización de las empleadas domésticas”, aunque actualmente en Rivera hay muchas personas que hacen ese trabajo de “manera informal”, añadió.
En cuanto a la situación en algunas localidades del interior del departamento, como Minas de Corrales y Tranqueras, las ofertas de empleo formal también sufrieron una caída, según contó Grosso. “En Corrales hubo un cese de la actividad minera hace algunos años, principal fuente de empleo en el lugar”, mientras que en Tranqueras “cerró una empresa dedicada a la actividad forestal que empleaba a 70 u 80 personas”, narró.
El edil considera que parte de este problema tiene que ver con que la Dirección de Obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas “no está orientada hacia el norte del país”. Además, dijo que el otro ministerio que debe “invertir fuertemente” en el departamento fronterizo es el de Vivienda y Ordenamiento Territorial. “Por dos razones: les posibilitaría a los obreros contar con viviendas propias” y “generaría un gran número de puestos de trabajo”. Para Grosso, se debe generar un plan de vivienda que permita construir en Rivera 800 casas al año.
Por su parte, Rodríguez recordó los años 2012 y 2013, en los que hubo “mucha inversión pública”, entonces “había trabajo”. Sin embargo, cuando “escasean las fuentes trabajo”, la gente “tiene que vivir igual, incluso aceptando la informalidad”.
En el mismo sentido, Fros comentó que “la frontera ofrece una diversa gama de posibilidades de empleo y las personas tienen la necesidad de subsistir y dar una vida digna a su familia”. Debido a eso, algunos “no se preocupan en tener un trabajo formal, mucha gente vive el día a día”. Aunque “anhelan poder tener un trabajo bien remunerado y cumplir con los aportes a la seguridad social, puesto que son garantía para una vejez más tranquila”, agregó
Problemas con la regularización
Para la diputada nacionalista, gran parte del problema tiene que ver con que “muchas veces se dan acuerdos entre empleado y empleador”, que pueden tener muchas finalidades. Comentó que “existe la creencia de que si el patrón no realiza los aportes correspondientes”, el trabajador percibirá una mayor remuneración.
“También he escuchado que muchos trabajadores prefieren no estar cubiertos por la previsión social debido a que perderían ingresos que les brinda el Estado por medio de políticas sociales”, agregó, y que otra razón para evadir los aportes puede ser “la carga tributaria y los valores de la previsión social”.
Para Fros, “se debe entender que la seguridad social es un derecho de todo trabajador y una obligación para el empleador”. A su vez, “es un respaldo a nivel jurídico y también económico para ambos”, sentenció.
En tanto, Rodríguez mencionó lo que considera son dificultades a la hora de denunciar irregularidades ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Entiende que actualmente en Rivera “está pintado el ministerio”. Además, considera que los funcionarios de la oficina del MTSS en Rivera carecen de las potestades necesarias para actuar en muchas situaciones, ya que el trámite de las denuncias debe pasar por las oficinas de dicha cartera en Montevideo y desde la capital se designa al personal para realizar las inspecciones correspondientes. Para el dirigente sindical, “todo esto apunta a beneficiar al empresariado del interior”.
También criticó una iniciativa conjunta de la intendencia departamental y el MTSS con la que se busca generar empleo juvenil pero “al costo de exonerar a los dueños de empresas del pago de aportes al BPS”. El dirigente sindical considera que esto “quiere decir que se ofrecen empleos informales”.
En contraste, para la diputada nacionalista “desde el gobierno nacional se viene incentivando a que los trabajadores salgan de la informalidad”, y que los pequeños y medianos empresarios “puedan acceder al beneficio del monotributo que brinda el Ministerio de Desarrollo Social” para que aporten “módicamente a su seguridad social”. También consideró que “es importante informar sobre las posibilidades, generando espacios donde se brinden talleres y charlas con la finalidad de introducir a quienes no están al tanto”.
La legisladora agregó que “los Jornales Solidarios han sido una medida de pandemia que ha funcionado muy bien, el gobierno nacional tomó la decisión en noviembre de que [el programa] se extienda hasta marzo”. “Estamos a pocos días” de que culmine el plazo y, “viendo la labor que se ha venido realizando con este programa en todos los departamentos, expresamos nuestro apoyo a su continuidad”, sostuvo.
Por su parte, para Rodríguez una posible solución “para combatir la informalidad y otras irregularidades” es la “formación de un cuerpo inspector único”, administrado de forma conjunta por el MTSS, el BPS “e incluso la Dirección General Impositiva”. En dicho organismo debería “tener participación un representante electo por los trabajadores”, agregó.
Grosso, consideró que hace falta “un mensaje claro del gobierno nacional que apunte a la regularización”, acompañado de “los mecanismos de contralor correspondientes”.