Durante el último fin de semana del año, trabajadores de PedidosYa frenaron los repartos en protesta por la reducción de las tarifas que, aseguran, bajaron a la mitad en menos de un año. En diálogo con la diaria, Daniel Ríos, uno de los referentes de los repartidores que adoptaron la medida, afirmó que el paro fue “un éxito total” en Canelones, desde el Puente de las Américas hasta Atlántida, donde “90% de los cadetes no trabajó”; en Montevideo “no fue tan efectivo”, sólo acató entre 35% y 40%, “pero nos seguimos juntando y hay gente que entró en conciencia”.
Además de la disminución de la tarifa, como le llaman al margen de ganancia que obtienen, los repartidores denuncian la “desaparición” de las propinas y cuestionan la exigencia de cumplir con determinada cantidad de horas para la asignación de pedidos. También rechazan la desactivación “sin aviso” de cuentas de repartidores.
Mientras evalúan trasladar el reclamo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los trabajadores en conflicto piden abrir un espacio de diálogo y “que la negociación sea realmente una negociación”. Ríos aclaró que no exigen el pago por hora, a pesar de que “nos tienen en una relación de dependencia”, sino el pago de “lo que nos corresponde por cada pedido”. Adelantó que el próximo viernes volverán a parar en Canelones.
“Estamos trabajando para que también lo haga Montevideo”, añadió Ríos, aunque reconoció que en cualquier caso “no nos vamos a acercar ni a 70%” en la capital. Sin embargo, aseguró que “la gente se va concientizando”. “Esto es con tiempo. Quien se canse primero, pierde. Nosotros vamos por lo que corresponde”, manifestó.
La propuesta del gobierno
En parte, los reclamos están condicionados por el tipo de relación que une a los repartidores con la aplicación y su algoritmo. En ese sentido, aunque todavía no ha sido tratado formalmente, desde octubre hay en comisión de Diputados un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que pretende regular el “trabajo desarrollado mediante plataformas digitales”.
La iniciativa sostiene que actualmente “las formas de prestación del trabajo están sujetas a profundas transformaciones”, las cuales generan “una serie de problemas tácticos”, tales como la expansión del trabajo autónomo, la laxitud del horario laboral y la afectación a las condiciones de salud y seguridad. Con ese diagnóstico, el proyecto propone “un modelo de regulación que aporte beneficios mínimos a quienes prestan su fuerza de trabajo”.
El articulado establece que “no será admisible la utilización de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones” que ocasionen una “presión indebida” sobre la salud física y mental de los trabajadores.
Asimismo, establece que las empresas titulares de las aplicaciones “deberán respetar” en sus algoritmos los principios de igualdad y no discriminación. También “deberán informar” a los trabajadores sobre la existencia de sistemas automatizados de seguimiento que se usen para “controlar, supervisar o evaluar” el “desempeño” de los trabajadores.
Al respecto, Andrés Palermo, presidente del Sindicato Único de Repartidores (Sinurep), señaló a la diaria que el proyecto únicamente obliga a las empresas a “explicar” las características del algoritmo, “pero no a transparentarlo, porque no hay ningún ente regulatorio que regule eso”. Así, sostuvo, “la empresa te dice que el algoritmo decidió que llevarás sólo cinco pedidos, pero no te dice por qué ni cómo, ni de qué manera”.
Para Palermo, “lo único bueno que tiene el proyecto” del Poder Ejecutivo es “que obliga a las empresas a pagarles a los trabajadores el Banco de Seguros del Estado”. El resto, sostuvo, “es todo contraproducente para los trabajadores”.
Entre sus 23 artículos, el proyecto establece que ningún trabajador “dependiente” podrá prestar servicios “que superen las 48 horas semanales” para una misma aplicación. En cuanto a los trabajadores “autónomos”, marca que estos “tienen derecho a ejercer la libertad sindical y negociar colectivamente” para suscribir convenios colectivos.
De manera explícita, el Poder Ejecutivo pretende implementar una nueva regulación “sin pronunciarse sobre el problema de la calificación jurídica del vínculo” de los trabajadores con las aplicaciones, dado que, a su entender, “pueden existir tanto empleados como trabajadores autónomos que genuinamente trabajen de una u otra forma”.
Esto no es compartido por el Sinurep. “El trabajador autónom, y no la empresa, debería poner su tarifa. En este caso, la empresa pone la tarifa y te paga un porcentaje, por eso nosotros entendemos que no son autónomos”, apuntó Palermo. A su criterio, todos los conductores y repartidores están en relación de dependencia.
La opinión del Cuesta Duarte
Recientemente, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT presentó un informe jurídico que analiza el contenido del proyecto. En línea con Palermo, el texto cuestiona el concepto de trabajador autónomo: “Al día de hoy, quienes trabajan deben proveer herramientas, vehículo, moto, teléfono y conexión a internet. Los uniformes y las cajas en que transportan la mercadería deben ser pagadas por los trabajadores, esto es, les cobran el uniforme con el cual realizan propaganda para las empresas”.
El documento señala además que, “a diferencia del resto de los trabajadores”, los conductores y los repartidores de aplicaciones deben efectuar aportaciones tanto personales como patronales.
Por otra parte, el informe advierte que en el proyecto no hay ninguna mención a los antecedentes judiciales sobre el tipo de relación entre trabajadores y plataformas, cuando “en el caso de Uruguay la jurisprudencia es unánime pronunciándose por la dependencia”. “La irrupción de la ley sosteniendo que ambos tipos de relaciones son posibles en estos casos va en el sentido contrario a la protección, ya que admite la posibilidad de la no dependencia, lo que la Justicia ha desestimado de plano”.
El Cuesta Duarte concluye que el proyecto “se inclina claramente por las definiciones y defensas ensayadas en juicio por las empresas de plataformas”. Añade que, pese a que elige no pronunciarse sobre el tipo de relación, sí “introduce una serie de elementos que debilitan la posición de quienes trabajan, contradiciendo las resoluciones judiciales que le reconocieron el derecho a la protección del trabajo”.
Cuando se envió al Parlamento, el senior legal counsel de PedidosYa, Rodrigo Turturiello, dijo a la diaria que el proyecto “es muy positivo” porque brinda garantías tanto a las empresas como a los trabajadores. “Hay que saber cuáles son las normas, los aspectos que debe cumplir cada una de las partes y, en ese sentido, creemos que el proyecto cubre en gran medida esa necesidad”, expresó.
Acerca del tipo de relación, Turturiello dijo que pueden coexistir ambas modalidades. Apuntó que hay unos 2.400 repartidores en régimen de arrendamiento de servicios y unos 50 que son empleados dependientes de la empresa. A su modo de ver, “el mejor modelo que se adapta a las condiciones de servicios es el de la autonomía”.