La planta de cultivo y secado de cannabis medicinal Boreal Uruguay fue inaugurada entre bombos y platillos el 7 de setiembre de 2020, en Salto; el evento contó incluso con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou. La empresa, de inversionistas canadienses, prometió ser la más grande en el rubro en América Latina -de hecho, aún se define así en su sitio web- y generar mil puestos de trabajos directos e indirectos. Sin embargo, desde hace “seis o siete meses”, Boreal inició un proceso de despidos masivos y finalmente, determinó, a fines de junio, el cese definitivo de actividades, contó a la diaria el presidente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay (Utrau), Juan Carlos Albano.
Albano aclaró que la empresa “técnicamente no cerró oficialmente las puertas”. Aunque UTE le cortó el suministro de energía eléctrica y toda la maquinaria agrícola se vendió, aún queda mercadería en el establecimiento y hay tres trabajadores que conservan su puesto de trabajo, comentó. Sin embargo, no saben cuánto tiempo les queda en la empresa ni de quién dependen ni quién les paga los sueldos.
El presidente de la Utrau agregó que aunque se prometieron “miles de puestos de trabajo”, en la primera zafra trabajaron 400 personas y a partir de allí, la cantidad de empleados fue en descenso y “nunca” superó los 40 o 50 por zafra. La empresa sólo logró completar dos zafras, en tanto, la tercera, de este año, no llegó a terminarse: “Hay diez hectáreas de cannabis que estarían abandonadas”, señaló.
La empresa en ningún momento demostró mucha estabilidad, no obstante, el panorama se volvió más incierto para los trabajadores cuando Boreal empezó a enviarlos de a grupos al seguro de paro. “A medida que fueron saliendo del seguro de paro, se les fue comunicando a través de llamadas de Whatsapp que quedaban desvinculados de la empresa”, dijo Albano. “Hay gente desvinculada desde hace tiempo, seis o siete meses”, añadió. Fue el último grupo, de unos 14 trabajadores, de los cuales “tres o cuatro” aún tienen unos días de seguro de paro, quienes iniciaron los reclamos y se pusieron en contacto con la Utrau.
Los trabajadores damnificados reclaman el pago de créditos laborales pendientes, despidos, aguinaldos y salarios vacacionales. El principal obstáculo al que se enfrentan es que se desconoce quién o quiénes están detrás del emprendimiento, por lo tanto, no saben a quién dirigirse. “Lo que se está haciendo es tratar de buscar al responsable. Una persona que se haga cargo de la situación. Un representante de la empresa”, dijo Albano. El dirigente sindical sostuvo que los trabajadores respondían a dos directores, un salvadoreño y un español, pero que ya dejaron el país.
“Había una oficina administrativa en Montevideo, ubicada en Rambla República de México, que se desmanteló y los administrativos también fueron despedidos y están haciendo un reclamo. Fueron desapareciendo todos, quedó un encargado que está con estas tres personas [que conservan el trabajo], pero es encargado de ir a la planta y es el que comunica los despidos que a él le comunica no sabemos quién”, expresó Albano.
Las hipótesis del cierre y una demanda en Canadá
En ningún momento los trabajadores recibieron algún tipo de explicación por el cese de las actividades. “No hay ninguna versión oficial, ya que no hemos encontrado quién nos dé explicaciones. Oficialmente, no sabemos nada”, sostuvo Albano. De todas formas, manejan tres hipótesis. Una es la que defienden dirigentes políticos de Salto, que “sostienen que, por algún motivo, se habrían trancado las exportaciones” y otra, responde a algunas versiones de prensa que apuntan que “se habrían equivocado en la variedad de cannabis que fue sembrada”, “cosa que nos resulta prácticamente de risa”, dijo Albano.
La última es que el representante de Boreal “vació la empresa y se basa en una denuncia que hicieron el inversor John Pollesel y el abogado Brian Montgomery contra la empresa AD Group con sede en Toronto y su propietario Gonzalo Aguiar, publicada en el medio canadiense The Sandbury Star, el 17 de abril de este año. Pollesel alegó ante la Justicia que Aguiar lo engañó sobre un proyecto de cannabis en Uruguay y malversó el dinero de la inversión.
Según informó este medio, Pollesel y Montgomery invirtieron 27,5 millones de dólares en el negocio del cannabis en Uruguay y designaron a Aguiar para administrar ese dinero a través de su empresa. No obstante, con el tiempo empezaron a notar irregularidades en los informes que les remitía Aguiar. Pero, con la pandemia de por medio, no tenían forma de constatar en persona que efectivamente se estuvieran llevando adelante las operaciones que alegaba el empresario. Finalmente, viajaron a Uruguay a principios de este año y constataron que Aguiar los había estafado. El pasado 31 de enero, la Justicia de Canadá ordenó congelar los bienes del denunciado y acceder a su registro bancario. Por el momento, ninguna de las acusaciones ha sido probada.
“Hoy los canadienses cortan el flujo de dinero que venía para la inversión, se termina todo y los que quedan como rehenes, como normalmente pasa, son los trabajadores. Porque todos quedaron con algún resto, menos los trabajadores”, expresó Albano y manifestó que en un país “donde cada vez más empresas dan quiebra”, quienes quedan “desamparados” son los trabajadores.
Intervención de las autoridades uruguayas
Frente a esta situación, los trabajadores recurrieron a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). “Pusimos todos estos problemas arriba de la mesa. Encontramos una muy buena respuesta, sobre todo del director nacional de Coordinación en el Interior, Andres Prati”, dijo el dirigente sindical. No obstante, consideró que “están bastante en blanco como nosotros”.
Además, se intentó establecer una instancia de negociación, pero no concurrió ningún representante de Boreal. “Nosotros recibimos a una delegación de trabajadores o extrabajadores de Boreal. El problema que están teniendo es que no logran identificar quién es el representante de la empresa, y en eso estamos”, sostuvo el titular del MTSS, Pablo Mieres, en declaraciones a El País.
En tanto, Albano sostuvo que “por parte del MTSS” se fue al Banco de Previsión Social (BPS) a averiguar quién firmaba los documentos en nombre de la empresa y “resulta que por ser una sociedad anónima es información confidencial. Por lo tanto, hay que pedir una orden a un juez para que el BPS revele esa información que estamos precisando”. Ese proceso ya está en trámite, afirmó el presidente de la Utrau. Sin embargo, apuntó que esto llevará mucho tiempo y por eso solicitaron al ministro Mieres así como a los legisladores de Salto “tratar de conseguir una extensión del subsidio para que los trabajadores puedan paliar de alguna manera la situación”.
A propósito, también se pronunció el intendente de Salto, Andrés Lima, quien escribió en Twitter: “El Presidente Lacalle Pou y el Secretario Álvaro Delgado, en 2020 inauguraron la planta industrial para el secado de cáñamo afirmando generaría 5.000 puestos de trabajo. Qué pasó? Un pequeño error de cálculo? 3 años después, la fábrica cerro, despidió por mensaje de whatsapp a los trabajadores y dejó en banda a productores. Este es el tipo de inversiones que promueve el Gobierno Nacional”.