“Pasó casi un año y no hay voluntad del organismo de solucionarlo”, sostuvieron estudiantes de la Regional Norte de la Universidad de la República (Udelar), en el departamento de Salto.
Desde noviembre de 2023 nueve estudiantes están a la espera de ejercer las prácticas curriculares remuneradas en la Administración de Aduanas de Salto, Paysandú y Bella Unión, tras quedar seleccionados en un llamado laboral en el portal Uruguay Concursa, publicado el 31 de julio de 2023.
Pese a hicieron la toma de posesión del cargo el 24 de noviembre de 2023: se les dio el alta en el Banco de Previsión Social (BPS) y se les comunicó la fecha de inicio, horarios y tareas, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) notificó en la resolución emitida en setiembre que “no había partida presupuestaria”, según informó a la diaria el abogado que lleva el caso, César Signorelli, aunque al principio la versión de la Aduana era que contaba con el monto.
En abril de este año los estudiantes redactaron un documento para solicitar una explicación sobre lo sucedido, el cual se elevó y tuvo una resolución en julio. Para presentarlo recurrieron al instituto del Urgimiento, del nuevo Código de lo Contencioso Administrativo. En el artículo 48 menciona que, luego de vencerse los plazos correspondientes, “el recurrente podrá urgir la resolución expresa del asunto” y, en caso de transcurridos 30 días corridos “sin notificarse la resolución, se considerará que hay ratificación de la denegatoria ficta”. Luego de verificar esa ratificación, correrá el plazo para “interponer la demanda de nulidad, sin perjuicio de mantenerse el deber de resolver expresamente”.
Previamente a recibir la resolución de setiembre, tuvieron una serie de dilataciones administrativas tras realizar una petición simple, amparados en el artículo 30 de la Constitución de la República, y una petición calificada por el artículo 318, en la que solicitaban que se pronunciara la DNA en el plazo de 150 días. Sin embargo, esa petición no fue elevada, aunque la Administración de Aduanas de Salto, por correo electrónico, les aseguró que había sido trasladada a la gerencia. Tras comunicarse con la Aduana de Montevideo, por el mismo medio y en forma presencial, les comunicaron que esto no era así.
Cuando finalmente la petición fue elevada a Montevideo, recibieron un informe técnico en el que se les explicó que no había presupuesto para las prácticas. Al no ser una resolución, el abogado, mediante una nota firmada por los comparecientes, solicitó que dicten una resolución, pero esta tampoco se elevó; estuvo un mes y medio acordonada por la falta de un timbre profesional. El abogado explicó a la diaria que “no corresponde la agregación de un timbre profesional en un escrito sin firma letrada”; sin embargo, adhirieron con el propósito de “no dilatar más las cosas”, aunque de todos modos tuvo “una demora sustancial sin justificativos”.
La resolución se redactó el 10 de setiembre de 2024, pero notificaron al abogado el 25 de ese mes, ya que les exigían que tenían que ir los nueve estudiantes, cuando en realidad “algunos ni siquiera son de Salto”, informaron los estudiantes a la diaria. Es más, un estudiante fue y “no le quisieron mostrar la resolución”, ya que tenía que presentarse el abogado, agregaron. Al respecto, Signorelli dijo que “las resoluciones deben ser notificadas al administrado, no al profesional”, y que “les están exigiendo la asistencia letrada a un acto de notificación cuando no se requiere”. A su vez, el abogado discrepa con lo expresado en la resolución de que “no existió toma de posesión del cargo”, ya que explicó que “no es responsabilidad del funcionario que no se le hayan asignado tareas”.
No elevar las peticiones implica una violación al decreto 500, referido al procedimiento administrativo aplicable al funcionario público.
Las dilaciones administrativas implican una violación del decreto 500 del proceso administrativo, que especifica que los funcionarios administrativos deben darles trámite a todas las peticiones que les lleguen y “no dilatarlas por razones absurdas, como un timbre profesional”, como sucedió en este caso durante un mes y medio, aclararon los estudiantes. A su vez, aseguraron que “no elevar las peticiones es responsabilidad de ellos, es una responsabilidad funcional y es grave porque tienen el deber de hacerlo”.
También hubo otras vulneraciones de derechos, por ejemplo, al prorrogar la fecha de inicio para comenzar a trabajar: primero el funcionario de la Aduana de Salto les dijo que sería en diciembre por causa de la demanda de trabajo, pero se aplazó al 10 de enero y, finalmente, nunca los llamaron. También les comunicaron que en diciembre cobrarían el sueldo de noviembre “como si hubiéramos trabajado” y los estudiantes interpretaron que quizá era por “haber estado a la orden”, pero ese sueldo no se les abonó.
Una de las estudiantes se contactó con la Aduana de Salto para saber si se iba a llevar adelante la pasantía, porque le había surgido otra oportunidad laboral, pero la respuesta fue que “no sabían qué iba a pasar” y “se habían abierto dos investigaciones administrativas”, porque hubo funcionarios que brindaron la información de que había presupuesto para realizar el llamado, pero “al parecer ahora no habría”. Tras comentarles que tenían que resolverlo ellos, ya que el llamado fue publicado y se hizo la toma de posesión, les dijeron que “puede solucionarse o no”. la diaria se comunicó con el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, quien dijo que no daría declaraciones sobre el caso. Lo mismo respondieron a la diaria responsables de la gestión operativa aduanera de Montevideo y de Salto.
Tras agotar los recursos administrativos, irán “directamente a la Justicia ordinaria”
El Centro Universitario (Cenur) Litoral Norte de la Udelar se encarga del procedimiento de incorporación de estudiantes que cursan la Licenciatura en Turismo o la carrera de Derecho, sea notariado o abogacía, para que hagan pasantías remuneradas. De hecho, el departamento de Recursos Humanos del Cenur les comunicó la designación. “El Cenur cumplió con los pasos y actuó conforme a lo que le informó la Aduana de que necesitaba funcionarios y contaba con las partidas presupuestales para financiar el gasto”, afirmó Signorelli.
Según los estudiantes, la pasantía remunerada equivale a 30 horas semanales de un grado 1 docente, es decir, 35.000 pesos, y es pagado a medias entre la Udelar y la Aduana. Además, hay antecedentes de esta pasantía, ya que hubo dos camadas de estudiantes que la realizaron y, de hecho, en la última, de cuatro estudiantes, dos fueron contratados por el organismo como funcionarios. La pasantía dura un año pero con opción a extenderse a dos años y, según les comunicaron desde la Aduana, suelen renovarla o luego de la pasantía “saldría un concurso en el que tendrían prioridad”. Por lo tanto, para varios de ellos es importante porque se trata de su primera oportunidad laboral y brinda la posibilidad de quedar permanentes en un cargo público, en una región del país donde el desempleo es más alto que en el resto.
Tras agotar los recursos administrativos, irán “directamente a la Justicia ordinaria”, aseguró el abogado.
Luego de haber actuado mediante la vía administrativa y no conseguir una solución, los estudiantes y su abogado presentarán una demanda judicial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), específicamente la acción de responsabilidad del Estado, basado en las normas generales de responsabilidad, por no haberse elevado la petición calificada y la nota en tiempo y forma. Buscan reclamar “los salarios y demás haberes que no fueron abonados y que se debieron abonar porque no es responsabilidad de los pasantes la desprolijidad administrativa”, declaró el abogado.
A su vez, dijo que es lo que “corresponde”, ya que los estudiantes pusieron a “disposición su fuerza de trabajo”, al estar a la espera y a la orden, haber rechazado oportunidades laborales, no tomarse vacaciones y hasta, en algún caso, alquilar un apartamento a sabiendas de que iba a contar con ese sueldo durante al menos un año para poder pagarlo. “Es un acto complejo en el sentido técnico” porque “a nivel normativo se establecieron todos los pasos” –selección, toma de posesión del cargo, alta en el BPS–, por lo que “se formalizó un contrato de trabajo con el Estado” que tiene “una regulación expresa”.
Por su parte, el Consejo del Cenur Regional Norte, mediante resolución, se expidió y consideró dejar sin efecto las pasantías hasta que la DNA “comunique la continuidad del desarrollo de las pasantías remuneradas en el marco del convenio oportunamente suscrito”. Si bien Signorelli mantuvo reuniones tanto con la Udelar como con la Aduana para encontrar una solución, entiende que “la respuesta última la debe dar la Aduana”.