La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) denunció la existencia de dificultades e irregularidades en los procesos y concursos realizados para el ingreso de recursos humanos a diferentes ministerios. Por tal motivo, ya hay definido un plan de acción de la organización, que incluye un paro de funcionarios públicos por 24 horas y la ocupación de determinadas oficinas en las secretarias del Estado, en caso de que no haya soluciones claras antes del 29 de febrero.
El secretario general de COFE, José Lorenzo López, expresó a la diaria que “lo que hace la confederación es transmitir su preocupación en el tema, por irregularidades detectadas en los concursos de ingreso. En algunos casos se han podido subsanar, pero en otros es realmente preocupante y muy llamativo”.
López explicó a modo de ejemplo que en uno de los ministerios donde se han detectado más complejidades es en el de Transporte y Obras Públicas. Detalló que para el ingreso de funcionarios administrativos a nivel nacional se presentaron más de 10.000 personas para cubrir 165 vacantes, “pero producto de la desprolijidad del procedimiento y seguramente de intencionalidades políticas, sólo se pudieron cubrir 26 puestos, siete en Montevideo y 19 en el interior. Es algo inadmisible por los recursos que se destinan a estos procesos”.
El dirigente recalcó que desde COFE se ha impulsado el ingreso de personal “porque es absolutamente necesario”, pero recalcó que “una cosa es que ingresen recursos humanos a la órbita pública y otra diferente es que se realicen maniobras complicadas que no dan garantías a los procesos”. Recordó también que por ser año electoral, después del día 29 de febrero no pueden ingresar más empleados al Estado.
“Seguramente después de esa fecha se realizarán artilugios para que se pueda cubrir vacantes y funciones con contratos disfrazados, con personas que ingresarán al Estado por designación directa y no por concurso, y eso es lo que nos preocupa”, dijo López.
COFE: “Desprolijidades atentan contra la transparencia del proceso”
En el comunicado COFE resalta que, en este contexto, “con plazos acotados y apremiantes se limitan las garantías de la mayor difusión y oportunidad a los ciudadanos que quieran presentarse y concursar para un cargo público. Nos vemos en la obligación de informar a la población en función de nuestra representación de funcionarios públicos e integrantes de los tribunales de concursos de ingreso como veedores, donde nuestro rol es garantizar la transparencia en el proceso de reclutamiento y selección para el ingreso”.
Desde la confederación se entiende que “estas desprolijidades atentan contra la transparencia del proceso” y que además “facilitan el acomodo en el concurso, entre otras cosas porque se brindaron plazos imposibles para la presentación de documentación, en varios casos dando sólo dos días a los inscriptos, quedando así muchos ciudadanos fuera de los llamados”.
La organización transmitió que, tanto desde su base como desde cada sindicato filial, “se intentó revertir con planteos en los ámbitos de negociación, en muchos casos solicitando la excepción en el cumplimiento del Decreto 440/022, advirtiendo las consecuencias que traería para la población, pero los mensajes fueron desoídos. Tuvieron que pasar muchas cosas para que, de forma tardía, el gobierno fuera incorporando organismos del Estado a la lista de exceptuados para cumplir con el Decreto que había promulgado”.
COFE quiso aclarar también que “en los lugares donde no se va a poder completar el llenado de las pocas vacantes que se habilitaron por Rendición de Cuentas, es absoluta responsabilidad del Poder Ejecutivo”, y que esto se debe “no sólo a que ha tenido una política deliberada de precarización en los contratos para favorecer el clientelismo, sino a que se desmanteló el área especializada en la Oficina de Servicio Civil para el desarrollo y la democratización del ingreso de personal al Estado, como era el programa y plataforma Uruguay Concursa”.
“Desde COFE reivindicamos el fortalecimiento del programa Uruguay Concursa no sólo para acelerar los procesos de ingreso, sino también para dar garantías a todos los concursos de ascenso que están en proceso en toda la Administración Central”, concluye el texto.