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José López.

Foto: Camilo dos Santos

COFE mantiene expectativa por el ingreso de funcionarios públicos al Estado, al filo del plazo

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Este jueves 29 es la fecha tope para que el Poder Ejecutivo apruebe la contratación de recursos humanos para ministerios y organismos estatales.

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El último día de febrero es la fecha límite para que personas que se presentaron a llamados a concursos puedan ingresar a trabajar como empleados públicos. Es por eso que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) está a la expectativa de los trámites que se desarrollen en el transcurso de este jueves 29. Según el artículo 97 del Estatuto del Funcionario Público, “no se podrán celebrar contratos dentro de los 12 meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno”. Esto fue votado en 2013.

José López, secretario general de COFE, dijo a la diaria que “hay que esperar hasta las últimas horas de la jornada. Sabemos que la Oficina de Servicio Civil y Contaduría de la Nación han extendido los horarios para llegar en tiempo y forma a la mayoría de los expedientes”. Destacó que hay cerca de 130 expedientes que están prácticamente listos para ser firmados en Presidencia, pero hay que esperar a que todo se confirme.

“Sabemos que se está haciendo un esfuerzo que intenta corregir todas las desprolijidades que tuvo el proceso”. Consultado sobre estas desprolijidades, respondió: “Es porque claramente con el ajuste que promovió, el Poder Ejecutivo determinó que durante los primeros tres años de esta administración no hubiera ingresos, y lo que reclamamos los trabajadores durante tanto tiempo se terminarán de convencer el último año, después de que se hicieran algunas reestructuras, y que los propios ministros comenzaron a plantear lo mismo que planteábamos los trabajadores”, dijo.

Destacó que “es en ese marco que se habilitó el ingreso de personal en la última Rendición de Cuentas, pero con algunas dificultades, porque los plazos iban a jugar en contra”. Mencionó también que una vez que finalizó la Rendición de Cuentas, “algunos ministerios se demoraron”, y en el tiempo “se fue desarticulando la plataforma Uruguay Concursa de Servicio Civil, lo que provocó que los llamados se hicieran por las propias unidades ejecutoras”.

Sobre los procesos de selección, dijo que “hubo demoras en los llamados, y con poco tiempo para que las personas pudieran presentar documentación física a los concursos abiertos. Aun así podrían cubrirse varias vacantes en distintos lugares”, salvo en determinados “casos puntuales y llamativos”, entre ellos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Comentó que en esa cartera se presentaron más de 10.000 personas para 165 vacantes, “pero por desprolijidades del proceso sólo se definió el ingreso de 26 personas, con siete cargos para Montevideo y 19 para el interior”.

En referencia a qué ministerios o entes públicos tendrían mayor necesidad de recursos humanos, López no dudó en responder que “todas las oficinas del Estado necesitan reformar de manera urgente sus plantillas”, pero afirmó que con estos ingresos “no se va a completar la cantidad de funcionarios que había cuando la actual administración asumió en marzo de 2020”, y recordó que por decreto, por cada tres bajas en el Estado se cubre sólo una.

“Hay servicios que están totalmente desmantelados. Entre ellos están Registros Públicos, que es donde se manejan todas las compras y ventas del país, Aduanas, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Educación y los de Industria y Desarrollo Social, entre otros. Además, lo que no es menor, está la renovación de aquellos contratos que vencen hoy. Todas las oficinas y entes necesitan oxígeno, que no alcanzará para brindar un servicio de manera óptima, sino para tener el número mínimo de trabajadores”, concluyó.

Como antecedente, el 28 de febrero de 2019, el entonces gobierno de Tabaré Vázquez aprobó poco más de 100 nuevas contrataciones. COFE ya tiene previsto para el lunes 4 una reunión del Consejo Directivo, y posteriormente se convocará a una asamblea nacional de delegados. De allí en más se analizará si es necesaria la gestión de una instancia bipartita con el Poder Ejecutivo.

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