La Coordinadora de Trabajo Remoto Tercerizado de Ceibal cuestionó la realización de una instancia de intercambio entre la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el pasado martes, sin la participación de la coordinadora ni de las autoridades del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep), que agrupa a los docentes del programa de Ceibal en inglés.
Camila Viera, dirigente de la coordinadora, dijo a la diaria que se dejó fuera de las negociaciones a la delegación de Sintep “en el tratamiento de la implementación del plan educativo remoto”. Apuntó, además, que en esta reunión también fueron excluidos los extrabajadores de Alorica, quienes actualmente se encuentran en seguro de paro, así como la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y la comisión de trabajo tercerizado del PIT-CNT.
Ante esta situación, Viera sostuvo que el MTSS “está generando una situación de indefensión al convocar reuniones sobre un conflicto sin la presencia de quienes poseen la evidencia, la propuesta técnica y la representación directa de los trabajadores afectados”.
Según lo manifestado por los representantes de Fuecys a integrantes de la coordinadora, en el encuentro con el MTSS se trató la posibilidad de extender los seguros de paro de los extrabajadores de Alorica y también la creación de una comisión, en marzo del año que viene, para analizar propuestas de reconversión laboral. Esto, según Viera, “dilata una salida real, retrasa la capacitación urgente de los trabajadores afectados y permite que Ceibal continúe contratando personal en el exterior, incumpliendo principios centrales de la Ley General de Educación”.
Viera señaló que la exclusión de los actores centrales en el proceso de diálogo se da en un contexto en el que el colectivo ha denunciado “incumplimientos graves del modelo de tercerización internacional de Ceibal, especialmente en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, ya que quienes trabajan desde el exterior no presentan certificados de antecedentes, no cuentan con habilitación docente reconocida por Uruguay y que no existe trazabilidad ni control educativo por parte del Estado”.
La dirigente resaltó la necesidad de coordinar una audiencia con todas las partes para “iniciar de inmediato la reconversión laboral y garantizar un proceso transparente, legal y con participación plena, tal como corresponde en un servicio educativo que involucra a miles de estudiantes del sistema público, y que debe cumplir estrictamente la normativa vigente sin exponer a las infancias a riesgos evitables”.