Valeria España, directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dijo a la diaria cuando asumió, en marzo de 2025, fue “la primera vez que se jerarquizaba el tema migratorio” en la cartera. Desde entonces, el organismo que encabeza tiene la rectoría en el asunto y representa al Mides en los órganos de gobernanza sobre la temática, como la Junta Nacional de Migraciones, la Comisión de Refugiados, la Comisión Honoraria para Erradicar la Xenofobia, el Racismo y la Discriminación y el Consejo Nacional de Trata.
Identificaron que el noreste, en particular Rivera, es “el primer acceso de población migrante”, que de acuerdo con el último censo está caracterizada por personas de “nuevos orígenes latinoamericanos y caribeños”, como Cuba, República Dominicana y Venezuela. Aunque Uruguay tiene una “política migratoria de puertas abiertas”, el régimen de visado para 80 orígenes nacionales configura un primer “condicionamiento”. El Mides ofrece asesoramiento documental para los recién llegados, al tiempo que prioriza la atención de otras áreas, entre las que mencionó el reconocimiento de los saberes, historias, perspectivas y trayectorias tanto educativas como laborales para lograr una integración eficiente en la que “la inserción laboral sea en condiciones adecuadas”. La jerarca charló con la diaria sobre lo anterior, pero también abordó la iniciativa para reconocer a los ciudadanos legales como nacionales uruguayos y la vinculación de las poblaciones migrantes con el sindicalismo.
A enero de 2026, más de 104.000 trabajadores migrantes aportaban al Banco de Previsión Social (BPS). ¿Cómo analizan esa cifra y de qué manera evalúan que se está dando esa inserción laboral?
Lo primero que hay que decir es que el estándar en políticas migratorias más aceptado siempre tiene que ver con la migración laboral, en esta idea de pensar que las personas que migran lo hacen con esa perspectiva. En el caso de Uruguay es así: claramente las personas que migran al país lo hacen y se insertan laboralmente por encima de la media nacional.
Es importante decir, en estos términos que plantea Max Frisch, que “queríamos mano de obra y vinieron personas”: está muy bien identificar las necesidades en términos laborales, pero también es importante pensar en términos de una trayectoria que no se reduce a lo laboral, porque no precisamos programas solamente para satisfacer las necesidades de las empresas, sino que necesitamos programas donde las personas también aporten otro valor a la comunidad.
Tenemos áreas de trabajo con sobrerrepresentación de personas migrantes que están sobrecalificadas: más del 70% de la población migrante se inserta en el sector servicios. Esto no es un fenómeno exclusivo de Uruguay, lo vemos también en cifras de Organización Internacional del Trabajo a escala global; es el área más fácil para que los migrantes se inserten, pero también donde hay más exposición en términos de seguridad del trabajo. Vemos que pasa lo mismo en las plataformas, también lo vemos en el sector de los cuidados y en el sector de otros servicios asociados que hacen que haya una sensación térmica de que hay muchos migrantes en la vuelta.
Esa sobrerrepresentación también habla de una sobrecalificación. Estamos fallando en poder identificar adecuadamente los perfiles de la población migrante para que, en el reconocimiento de sus trayectorias educativas, puedan revalidar sus estudios y efectivamente puedan insertarse en las áreas de conocimiento que tienen.
¿Qué pasa con los trabajadores que se desempeñan de forma autónoma?
Hay relaciones de dependencia encubierta que, de alguna manera, se manifiestan en estos aparentes emprendimientos o unipersonales, y lo vemos claramente con los empleos de plataforma. Hay que decirlo: son relaciones de dependencia encubierta y la Justicia en algunos casos lo ha determinado.
Es claro que PedidosYa es un espacio de inserción laboral relativamente rápido para quien llega, pero con altos problemas que venimos trabajando desde el Mides en articulación con el hospital del Banco de Seguro del Estado, identificando con preocupación las altas tasas de siniestralidad. Para un proyecto migratorio en el que todo es frágil, las redes son frágiles, las personas prácticamente hipotecaron todas sus pertenencias para poder migrar; si en los primeros meses que están acá padecen algún accidente –generalmente le ocurre a quien es el proveedor o proveedora del hogar–, eso afecta muchísimo y las condiciones que se dan para cubrir este tipo de siniestro son limitadas.
En el paraguas del reconocimiento a las trayectorias, una problemática son las reválidas. ¿Cómo se trabaja este punto? ¿Identifican un enlentecimiento en estos procesos?
Lamentablemente, en el histórico de las reválidas, dos años no es nada. Hay casos de profesionales que para revalidar [su título] han pasado más de diez años, algo que va en contra de cualquier proyecto migratorio.
Es cierto que también por medio de la ley de urgente consideración [LUC] se modificó la atribución que tenía la Universidad de la República [Udelar] para hacer las reválidas. En su momento, alguien que se había puesto al hombro este tema era el entonces rector Rodrigo Arim [hoy director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto], y hubo varias ordenanzas que de alguna manera generaron mejores condiciones, pero justo cuando eso ya estaba funcionando, la LUC modificó estas atribuciones y se las asignó al Ministerio de Educación y Cultura [MEC].
El MEC viene trabajando en este tema; en ese sentido tenemos que seguir profundizando, porque también tenemos que respetar el debido proceso de quien inicia un trámite, que pueda ser informado. Claramente, uno de los esfuerzos de la política migratoria tiene que ser reducir razonablemente el tiempo de respuesta.
¿Hay matices entre los distintos países de origen en lo que respecta a la inserción laboral de los migrantes en Uruguay?
Es importante no caer en eso de la inserción laboral dependiendo del origen nacional, porque tenemos algunos casos cercanos –por ejemplo, el argentino, que históricamente ha sido de los países sudamericanos con mayor cantidad de población migrante– en los que empezó a estereotiparse a la persona: por su origen nacional desarrollaba una actividad u otra.
Más que en el origen nacional de las personas, me focalizaría en las regiones, los sectores productivos y las condiciones de explotación que generan. Por ejemplo, en Colonia sabemos que en el área de los tamberos y el área agrícola está habiendo mucha explotación, en el caso de Artigas también identificamos algunas situaciones –hubo situaciones constatadas de trata de personas en áreas vinculadas a la explotación minera, pero el campo no es la excepción– y en el caso del santoral, en la zona de Canelones, también identificamos estas prácticas. Se juntan dos cosas: la dificultad de las personas migrantes para revalidar rápidamente e insertarse profesionalmente, y prácticas de explotación a personas migrantes focalizadas por determinados sectores productivos.
El gobierno presentó un proyecto de ley para que los ciudadanos legales sean reconocidos como nacionales uruguayos, igual que los naturales. ¿Cuál es la posición del Mides y qué beneficios concretos se podría lograr si prosperara?
La posición que tiene el ministerio en relación con el tema de la ciudadanía es que somos ciudadanos en la medida en que ejercemos nuestros derechos fundamentales; de hecho, el modelo de atención está basado en la atención ciudadana por esta razón. Dicho eso, una persona ejerce sus derechos independientemente de su origen nacional.
Después sí está la regulación más específica desde el punto de vista normativo de lo que establece la Constitución en términos de la distinción entre ciudadanía y nacionalidad. Esta distinción ha sido un histórico problema a partir de la interpretación de [Justino] Jiménez de Aréchaga, que tenía una inspiración basada en el nacionalismo étnico, en la que se establecía que para ser uruguayo tenía que haber algo particular, especial y vinculado sobre todo al lugar de nacimiento y también a los vínculos filiales: esto es el ius soli y el ius sanguinis. El tercer punto, que todos los países del mundo, a excepción de Uruguay y Myanmar, reconocen, es el ius domicili, que tiene que ver justamente con que una persona, independientemente de su lugar de nacimiento, puede acceder a la naturalización y con ello poder considerarse ser nacional.
En Uruguay, en la práctica y de acuerdo con lo que establece la Constitución, para poder acceder a la ciudadanía legal necesitas cumplir una serie de ritualidades. Estamos hablando de un promedio de siete años en caso de familia constituida y, en el caso de que no haya familia constituida, un período de entre ocho y diez años para poder acceder a la credencial cívica. Es un período largo, pero en este caso lo que identificamos es que toda esa ritualidad es lo mismo que se le pide a cualquier país para la naturalización.
Entonces, en esa duda, en la cual la interpretación generaba un delta entre ser ciudadano nacional [y no serlo], en la práctica empezó a haber discriminaciones que generaban situaciones de ciudadanía de primera y de segunda, lo cual obviamente genera discriminación y xenofobia. El proyecto es muy importante porque zanja esta desigualdad histórica, pero a su vez también para evitar generar situaciones de apatridia, porque una persona puede, por la disposición de su propio país, renunciar a su nacionalidad de origen, hacer todo el ritual para tener la nacionalidad uruguaya, y que en la interpretación constitucional digan que no es nacional, sino ciudadano.
¿Qué pasa con los problemas asociados al pasaporte?
Creemos que el foco no tiene que estar en lo documental exclusivamente, porque la discusión es constitucional y está basada en algo que tiene que ser un pilar fundamental de cualquier estado de derecho, que es el principio de igualdad, pero esta interpretación lo que generaba en la práctica administrativa y concretamente en el tema de los pasaportes es que en el pasaporte uruguayo se consignara la extranjeridad del propio ciudadano. Entonces, en la lectura de cualquier país del mundo y en particular de los países del espacio Schengen, se leía que esta falta de claridad y consistencia entre un pasaporte que consigna que tienes la nacionalidad de otro país y que en los datos biométricos saltaba que tenías un pasaporte uruguayo y el origen nacional de tu país de nacimiento, empezó a generar una serie de rebotes, situaciones de discriminación, personas que no podían viajar y personas con el riesgo de ser deportadas a un país donde habían nacido pero no necesariamente tenían la nacionalidad o algún vínculo.
Uruguay tiene una fuerte tradición sindical y una cultura de negociación colectiva. ¿Cómo es el encuentro de las personas migrantes con estas estructuras?
El asesoramiento y el acompañamiento son fundamentales. La información es un derecho y una precondición para el acceso a otros derechos e incluye, obviamente, los derechos a un trabajo digno.
Estamos apostando a que las políticas sociales y las políticas públicas en general tengan una mirada intercultural. Esta mirada también nos permite identificar que también Uruguay tiene mucho para aportar en términos de que ha sido un país siempre de vanguardia en temas laborales, y creo que para las personas migrantes que recién llegan es una buena noticia conocer de primera mano estas condiciones que puede generar el país, que las estructuras sindicales también tienen que ver con la conquista de derechos y, por lo tanto, es importante que las personas migrantes que recién llegan a Uruguay se familiaricen con esa larga historia de lucha que ha logrado tener conquistas muy claras.
Es cierto que puede haber experiencias en otros países donde el sindicalismo esté mal visto y haya una mirada de cooptación, pero en definitiva –a partir del trabajo incluso del PIT-CNT, que ahora desarrolló una comisión de migrantes para poder identificar en diferentes sindicatos cómo esta mirada puede incorporarse–, en la medida en que la persona trabajadora reconozca que a través de la organización y a través del trabajo colectivo es posible generar mejores condiciones, esto también mejora no solamente su acceso a derechos, sino también su vinculación con el entorno y con sus propios compañeros. Es un desafío que tenemos: Uruguay tiene que apostar a, desde una pedagogía amorosa, poder mostrar todo lo que tiene para dar a aquellas personas que deciden vivir en Uruguay y, en ese sentido, saber que los derechos no se negocian, que es un país con una matriz de protección social fuerte y que esa matriz implica poder brindarla sin distinción.
