“Hay un proyecto de discusión interna –nuestro, en el gobierno, con las cámaras y con el espectro político– de ver qué se hace para adelante, porque todo el mundo sabe que cada vez las zafras son más cortas y lo que hay que hacer es ampliar cada vez más los períodos de seguros de paro. Hay que buscar una forma de regularlo”, dijo el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, consultado sobre la situación del sector citrícola en una rueda de prensa este miércoles en la Cámara de Comercio y Servicios, antes de un evento que conmemoraba los 20 años de la ley que reguló el trabajo doméstico.
El 26 de octubre, ambas cámaras del Parlamento aprobaron el proyecto de ley que remitió el MTSS para extender el seguro de paro en el sector. El articulado facultó a la cartera a establecer “por el plazo de 90 días por trabajador y hasta el 31 de marzo de 2027, como máximo, un régimen especial de subsidio por desempleo” para los trabajadores de la cosecha, el packing y la industria de jugos, que alcanzará a aquellos que “aún continúen en el goce de subsidio por desempleo o hayan agotado el plazo máximo de cobertura”. Lo anterior implicó una reducción respecto a los 120 jornales –o seis meses equivalentes– que se otorgaban históricamente, lo que disparó críticas por parte de algunos legisladores.
Al día siguiente, una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MTSS compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Allí, el director nacional de Seguridad Social del MTSS, Leonardo Di Doménico, dijo que en 2025 y 2026 se reunieron con los actores del sector para “buscar alternativas para establecer, con mecanismos de previsibilidad, una cobertura que permita a los trabajadores de la actividad saber que, una vez que culmine la cosecha, que se cierre la última quinta, podrán acceder a este beneficio”.
Indicó que se pensó “sobre la base de que es necesario que todos los actores involucrados participen contributivamente en el financiamiento de un seguro de trabajo poszafra” en una “suerte de fondo de estabilización laboral”, ante lo que hubo una “respuesta positiva”. Buscan que sea “previsible” en su aplicación, que “no haya que recurrir cada año a la legislación” y que “se pueda establecer, en forma equilibrada y razonable, la coparticipación del Estado y de los privados en el sostenimiento de esta herramienta de protección”.
Por otro lado, el jerarca indicó que la zafra fue mejor que las anteriores y estimó “un ingreso bruto de producción de entre US$ 138 millones y US$ 142 millones”: según sus cálculos, la renta citrícola de todo el complejo nacional para 2026 fue de “entre US$ 48 millones y US$53 millones”. “No se trata de imponer; se trata de buscar mecanismos inteligentes de aproximación entre las partes en la búsqueda de distribución del ingreso”, señaló y, más adelante, aseguró que “la postura empresarial es de apertura”.
El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, repasó la evolución histórica de la cobertura y expresó que, si bien se utiliza desde 2012, a partir de 2016 la situación “fue continua” y el fundamento central para las sucesivas extensiones era “el proceso de reconversión que había iniciado el sector citrícola a partir del 2010”. No obstante, planteó que en 2026 se supone que “ese proceso ya debería haber madurado” y otros fenómenos que sí afectaron en años previos –como las condiciones climáticas– “tampoco están presentes”.
Por otro lado, dijo que si se considera el promedio de los últimos tres años, el costo anual del subsidio ascendió aproximadamente a $ 250 millones y tuvo un promedio de 2.000 beneficiarios por mes, aunque en los “picos” estuvo cerca de los 3.000, con “períodos concentrados de aproximadamente tres o cuatro meses” en los que recibieron el beneficio. Sobre el seguro de paro común, comentó que “entre enero y septiembre de 2026 se destinaron $ 133 millones a la cobertura de un promedio de 770 beneficiarios por mes” y, entre ambos seguros, el Estado destinó unos “$ 536 millones a la cobertura del seguro de desempleo del sector citrícola” en lo que va de 2026, equivalente a US$ 13,4 millones.
“Es mucha plata para los recursos de que disponemos”, señaló el jerarca del equipo económico, quien dijo que es necesario tener “una mirada que cuide la equidad” y “compatibilizar” las “necesidades genuinas con las posibilidades con las que cuenta el erario público”. Así, enfatizó lo dicho por Di Doménico sobre la necesidad de “evaluar las mejores herramientas” para atender una situación para la que el seguro de paro no está pensado.
El sindicato llamó a “contribuir todos”, pero las empresas evalúan “márgenes apretadísimos”
Consultado sobre la reducción del beneficio, el secretario general de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), Germán González, dijo a la diaria que sabían que “en algún momento iba a suceder” porque lo fundamental es “discutir la ley de seguro de paro para los trabajadores zafrales”, ya que a los trabajadores rurales se les exige 220 jornales para acceder al subsidio por desempleo, mientras que a los ocupados de industria y comercio les piden 150, por lo que cuestionó que sean “de segunda clase”.
Respecto a la iniciativa que maneja el MTSS, indicó que es preciso “contribuir todos” y el Estado tiene que ser “la pata fundamental” de la mesa de diálogo: “Hacemos un fuerte hincapié en que, sin que el sector empresarial colabore con este fondo postzafra, es imposible que lo logremos, esto va a terminar muriendo antes de nacer y en algún momento algún gobierno de turno va a decidir no pagar más”, señaló en referencia a que un trabajo tripartito entre empresas, trabajadores y gobierno representa “el camino más saludable”.
Por otro lado, calificó como un “error conceptual” pensar únicamente en el sector citrícola al hablar de zafralidad, e indicó que muchos trabajadores acceden al seguro de paro de ese sector, pero, al no existir una “alternativa de prorrateo”, trabajan informalmente en otras cosechas –como la de la uva, que dura 15 días– para no interrumpir el beneficio. Por eso, plantean que sea posible trabajar formalmente y, “al término del seguro de paro, o al siguiente, tengas un cobro indebido y se te descuente esos 15 días que cosechaste”.
Alejandro Buratovich, CEO de la empresa Frutura Uruguay y secretario de la Unión de Productores y Exportadores de Frutas de Uruguay (Upefruy), señaló a este medio que “por ahora son conversaciones preliminares” y no definieron una postura. “Es un tema muy delicado porque afecta a los trabajadores, pero por otro lado también es muy delicado porque es un negocio que tiene hoy márgenes apretadísimos”, aseguró sobre un sector donde las empresas “ya hacen todos los aportes que le corresponden hacer” y se configuró una situación donde los empresarios terminaron “metidos sin haber generado”, pero esperan “poder llegar a algo que sea sensato”.
Buratovich comentó que también hubo acercamientos durante el gobierno anterior que no llegaron a buen puerto. Consultado sobre el rendimiento de la zafra, dijo que “no fue mala”, pero la de 2025 sí por las heladas, además de que la fruta en Estados Unidos –el principal mercado de mandarinas– “tiene el mismo precio hoy que tenía en el 2017”, mientras que los costos aumentaron. “Por estos motivos, cualquier tema que implique un aporte y aumento de costo –que además, al igual que el seguro especial, llegan para quedarse y después hay que sostenerlos por mucho tiempo– nos exige ser muy serios en la discusión”, cerró.
