La situación económica previa a los gobiernos del Frente Amplio según Oscar Andrade

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Esta semana se viralizó una disputa del 30 de abril en la que el senador frenteamplista Óscar Andrade respondía a la diputada del Partido Colorado María Eugenia Roselló, ante la mirada del senador del Partido Nacional Sergio Botana. Los legisladores coincidieron en el programa Uruguay elige, de VTV, conducido por Rosario Rodríguez y Humberto de Vargas, para debatir sobre la situación actual del empleo en nuestro país.

Sobre el final del intercambio, Roselló afirmó que en los cuatro años de la gestión actual se hicieron “muchas cosas para mejorar” y que se está “mejorando el empleo y el salario”, a lo que preguntó qué había hecho el Frente Amplio en 15 años de gobierno. La respuesta de Andrade se viralizó rápidamente.

“Teníamos un salario mínimo nacional que estaba en 1.200 pesos. Y yo no sé si saben cuánto salía el boleto en Montevideo: ¡salía 15! [pesos]”, respondió Andrade. Y añadió: “Derecho al sindicato, nada. Trabajadores registrados en la seguridad social, 900.000”, enumeró. A esto, agregó que el FA había heredado una seguridad social en la que “siete de cada diez trabajadores no se podían jubilar porque no llegaban a los 35 años de aportes” al momento de la “reforma” de 2006.

“¿Y nos preguntan qué hizo el Frente Amplio? La mujer no tenía derecho a la cobertura; la jubilación mínima, cuando la colocamos en una Base de Prestación y Contribución (BPC), había 60.000 jubilados por debajo de una BPC. La pobreza era de un 60%. Teníamos un 100% de endeudamiento de producto. Uno de cada cuatro niños con dificultades psicomotrices por mala alimentación”, siguió, hilvanando un dato atrás de otro.

Este extracto alcanzó casi 400.000 visualizaciones solamente en X. la diaria Verifica analizó las afirmaciones del senador.

Salarios y derechos gremiales

En enero de 2004 el salario mínimo nacional (SMN) estaba fijado en 1.242 pesos, unos 5.800 pesos actuales. Esta cifra se alcanzó luego de que, por decreto del Poder Ejecutivo, se aumentara el SMN 8,4%, desde los 1.145 pesos que regían en 2003.

Esto se dio en un contexto de abrupta caída del salario real, es decir, en un momento en el que la inflación aumentó por encima de los salarios. En 2003 la inflación fue de 10,2%, mientras que en 2002, año en el que el SMN aumentó solamente 3,1%, el índice de precios tuvo un salto abrupto de 25,9%.

Sin embargo, esta situación tuvo un paliativo en enero de 2005, en el que el gobierno de Jorge Batlle determinó el último ajuste de su mandato cuando se fijó el SMN en 2.050 pesos, en el entorno de 65% de aumento nominal. Esto se dio luego de que en diciembre se creara la Base de Prestaciones y Contribuciones como una forma de desindexar las jubilaciones de la evolución de los salarios.

En cuanto a libertades sindicales, hubo grandes cambios luego de la promulgación de la ley de Fuero Sindical (17.940), en enero de 2006, que implementó avances en la protección de derechos. Consultado por la diaria Verifica, el abogado laborista Antonio Rammauro, quien participó de la redacción de la normativa, aclaró que la libertad sindical estaba reconocida en la Constitución de la República, además de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Uruguay.

Sin embargo, la ley aprobada en 2006 garantizó la nulidad del despido por razones sindicales, la retención de la cuota de afiliación gremial, la licencia sindical y la implementación de la cartelera sindical. “Antes de la ley había represión, listas negras y si te despedían lo arreglaban con indemnización”, explicó Rammauro. Y agregó: “El patrón no tenía por qué retener la cuota para volcar al sindicato. Ni hablar de cartelera, salvo que el sindicato fuera fuerte para imponerla o negociarla”.

Por su parte, Andrade recordó que previo a la ley “la actividad sindical era casi clandestina”. “¿Cuáles eran las leyes que protegían la actividad sindical previo a 2005? Ninguna. Por lo tanto, los niveles de represión sindical en la actividad privada hacía, siendo que la inmensa mayoría de los trabajadores son de la actividad privada, que en la central el 70% de los sindicalizados eran de los públicos, porque en los privados era una actividad semiclandestina”, dijo.

Seguridad social no tan amplia

Respecto a la cantidad de cotizantes a la seguridad social, la cifra vertida por Andrade corresponde a la de 2004, año en que hubo un promedio mensual de 902.924 personas con aportes al Banco de Previsión Social. Esto implicó una recuperación respecto a la caída de casi 100.000 cotizantes en años anteriores, al pasar de 946.880 en 1997 a 845.921 en 2003. Actualmente, la cantidad de cotizantes alcanza un total de 1.550.000, lo que implica un aumento de 72% respecto de 2004.

De acuerdo al estudio “El acceso a la jubilación y pensión en el Uruguay”, elaborado por la oficina de Cepal en Montevideo y publicado en 2006, solamente 16% de los trabajadores alcanzaba los 35 años de aportes cotizados a la edad de 60 años, necesarios en aquel entonces para acceder a la jubilación. Para acceder a la edad de 65 años, solamente un 32% completaría los años necesarios. Este número coincide con la declaración de Andrade sobre las “siete de cada diez personas” inhabilitadas para acceder al retiro.

En noviembre de 2008 se promulgó la Ley de Flexibilización del Régimen de Acceso a las Pasividades (18.395), que redujo las exigencias en los requisitos de retiro.

“La mujer sufrió por dos veces en la reforma de 1996. Las mujeres, que se podían jubilar a los 55, aumentó a los 60. Después cayó en la lógica general de que se incrementó de diez a 15 años (de aportes) para la jubilación por edad avanzada y a 35 años el requisito mínimo para generar aportes”, explicó Andrade sobre su afirmación de que las mujeres no contaban con “cobertura”.

Si bien no es correcto, sí es cierto que las mujeres estaban en clara desventaja. En otro estudio de la Cepal, “La flexibilización de las condiciones de acceso a las jubilaciones en el Uruguay”, se recogen varios cálculos sobre las dificultades de acceso a la jubilación por parte de las mujeres. Uno de ellos estipuló que mientras un 17% del total de los trabajadores hombres contaba entonces con los 35 años de aportes al cumplir 65 de edad, esa cifra se reducía a un 12% en las mujeres.

Sin embargo, la mayor desigualdad se daba entre los trabajadores públicos y privados. Mientras que un 60% de los estatales lograba los años de aportes necesarios entonces, ese número caía a la ínfima cifra de 3,1% entre los trabajadores privados.

Al momento de la implementación de la Ley de Flexibilización que permitiría el acceso a la jubilación con 60 años de edad y 30 de aportes, un 38% de los trabajadores hombres podrían ampararse al retiro, mientras que esa cifra sería de 26% en las mujeres.

Por otra parte, en setiembre de 2007 el Decreto 370 fijó por primera vez la jubilación mínima con un monto equivalente a una BPC, lo que benefició a unas 6.700 jubilaciones, lo que difiere del dato mencionado por Andrade. Sin embargo, de acuerdo a un informe del BPS de setiembre de 2006, en aquel entonces se abonaban 67.412 prestaciones menores a una BPC, de las cuales solamente 7.222 derivaron de jubilaciones. La mayoría de ellas, unas 53.612, correspondían a pensiones de supervivencia, otorgadas ante el fallecimiento del cotizante generador del derecho integrante del núcleo familiar.

Pobreza, deuda y seguridad alimentaria

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en Uruguay alcanzó en 2004 el 39,9% de las personas y un 29,4% de los hogares. Aunque este dato gubernamental no coincide con lo afirmado con Andrade, sí lo hace con el dato de pobreza de infantil que en menores de 14 años alcanzaba 61,41% y en menores de cinco años 63,66%.

Respecto a la deuda pública total, de acuerdo a los datos de la Cepal, pasó del 27% respecto al producto interno bruto en el 2000 a 89,4% en 2003, por debajo del 100% señalado por Andrade, y que significó el punto más crítico en los últimos 30 años.

Sin embargo, de acuerdo a un informe del Banco Mundial de 2005 en base a los datos del Banco Central de Uruguay, la deuda pública uruguaya alcanzó un 111% en 2003, cifra que logró ser reducida al 100% del PIB en 2004.

Finalmente, respecto al dato de “uno de cada cuatro” niños con mala alimentación, este es coincidente con la encuesta sobre “El estado nutricional de los niños y las políticas alimentarias”, llevado adelante por el gobierno nacional entre 2004 y 2005, que concluyó que un 22,5% de los niños representaban algún tipo de retraso en el índice de masa corporal, de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y que se desglosa en un 17,9% como moderado y 4,6% grave.

Si bien no se establece explícitamente que este porcentaje de niños sufrían de problemas psicomotrices por mala alimentación, el estudio señala que la alimentación en la infancia “es especialmente relevante, dado que es el momento en el que se produce el mayor crecimiento corporal y se adquieren las habilidades psicomotoras y sociales”.