El diputado Alejandro Zavala planteó reducir de cuatro a dos años la pena mínima para determinados delitos vinculados con estupefacientes, como el ingreso de drogas a las cárceles y la venta de sustancias desde una vivienda. En entrevista con la diaria Radio, el legislador frenteamplista sostuvo que, a partir de los cambios introducidos por la ley de urgente consideración (LUC), se duplicó la cantidad de mujeres privadas de libertad y actualmente hay 68 niños viviendo en establecimientos penitenciarios.
El artículo 74 de la Ley 19.889, aprobada en julio de 2020, modificó el artículo 36 del Decreto-Ley 14.294, que regula delitos vinculados con estupefacientes. La reforma estableció penas de cuatro a 15 años de penitenciaría para determinadas circunstancias agravantes, entre ellas las vinculadas con la introducción de drogas en establecimientos penitenciarios y la utilización de hogares para su comercialización.
El cambio es relevante en lo que respecta a la situación de mujeres que ingresan drogas a las cárceles, ya sea para sus parejas, familiares u otras personas privadas de libertad, en muchos casos obligadas bajo mecanismos de extorsión, fenómeno al que se atribuye el aumento de población carcelaria de mujeres.
En noviembre de 2025, la Cámara de Representantes publicó un proyecto de ley sobre las agravantes de los delitos vinculados con estupefacientes que propone modificar nuevamente ese régimen. La iniciativa procura eliminar la aplicación automática de la escala de cuatro a 15 años para esas circunstancias y devolverlas al régimen general de agravantes.
¿Se duplicó la cantidad de mujeres presas?
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, por medio de su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, advirtió sobre el crecimiento sostenido de la cantidad de mujeres encarceladas y sobre los problemas de superpoblación y hacinamiento en distintas unidades penitenciarias.
En su informe sobre mujeres privadas de libertad, publicado en enero de 2025, el organismo señaló que durante 2024 continuó aumentando el número de ingresos a las unidades para mujeres y que se observaba una proporción importante de personas sin antecedentes penales previos.
Por su parte, la exposición de motivos del proyecto de ley presentado en noviembre de 2025 recoge datos según los cuales había 1.322 mujeres privadas de libertad al 1º de julio de 2024, una cifra que superaba ampliamente las 695 registradas en 2019, lo que representó un aumento de 95%.
Asimismo, según el Anuario 2025 del Área de Estadística y Criminología Aplicada de 2025 del Ministerio del Interior, la cantidad promedio anual de mujeres privadas de libertad en Uruguay pasó de 572 en 2019 a 1.407 en 2025, lo que representa un incremento de 146%. La serie muestra que el aumento se profundizó a partir de 2020, año en que se registraron 710 mujeres en promedio, 908 en 2021, 1.022 en 2022, 1.094 en 2023 y 1.299 en 2024.
Sin embargo, una comparación entre dos momentos no permite concluir por sí sola que la LUC sea la única causa del aumento, especialmente si se tiene en cuenta que los efectos de su implementación se evidenciaron luego de su reglamentación en el transcurso de 2021. De hecho, buena parte del incremento se dio durante 2020, cuando el aumento promedio respecto del año anterior fue de 24%.
Por otra parte, la cifra de 68 niños y niñas viviendo con sus madres en establecimientos penitenciarios también aparece en el informe especial del Comisionado Parlamentario Penitenciario. La presencia de niños pequeños en prisión es uno de los argumentos que se plantean en el debate sobre las penas alternativas y los efectos del encarcelamiento materno. El informe del Comisionado Parlamentario analiza precisamente la posibilidad de recurrir a medidas alternativas para mujeres con personas a cargo, que atienda tanto a la situación de las madres como a los derechos de sus hijos e hijas.