Montevideo Más Linda es una iniciativa ciudadana impulsada por un conjunto de vecinos que se ha dado a conocer luego de concretar diversas intervenciones de limpieza y acondicionamiento urbano en varios puntos de la ciudad. El 18 de enero, el colectivo hizo tareas de pintura en la fachada de la sede de la Universidad de la República (Udelar), así como el borrado de grafitis de paredes y monumentos y el barrido del espacio peatonal en el pasaje Emilio Frugoni.
Los resultados fueron celebrados por los usuarios en redes sociales, pero también surgieron voces que cuestionaron la supuesta inacción de la Intendencia de Montevideo y del Municipio B –en ese territorio está ubicado el pasaje–, cuya omisión habría motivado la acción de los vecinos. La situación derivó en un debate sobre las responsabilidades y los cometidos de cada organismo.
Una cuenta afín al Partido Colorado (PC) adjudicó la responsabilidad a la alcaldesa frenteamplista Patricia Soria, quien asumió su cargo en julio del año pasado. La publicación incitó la respuesta de Soria, quien señaló que el usuario estaba “tirando fruta y desinformando” e invitó a su interlocutor a revisar “competencias municipales antes de tirar veneno”. Sin embargo, en los comentarios se señaló una normativa correspondiente a los cometidos de los municipios.
El artículo 13 de la Ley 19.272 establece en su inciso 5° que los municipios deberán “adoptar las medidas tendientes a conservar y mejorar los bienes y edificaciones, especialmente aquellos que tengan valor histórico o artístico”. Asimismo, el inciso 3° menciona entre sus cometidos “colaborar en la realización y mantenimiento de obras públicas que se realicen en su jurisdicción”.
Las versiones
En consulta con la diaria Verifica, Soria manifestó que “no es potestad del municipio pintar el edificio de la Udelar” y que la redacción del artículo 13 presenta “una serie de verbos que denotan posibilidades de acción, pero no con una obligación”. Asimismo, señaló que entre las tareas que sí corresponden al municipio se encuentran la poda e iluminación de calles internas, por donde no circulan ómnibus, el barrido y la desobstrucción. Además, recordó que en el caso puntual del Municipio B, del barrido se encarga la propia IM por intermedio de un fideicomiso, mientras que corresponde el cuidado de los espacios públicos, siempre que no se ubiquen sobre avenidas.
Respecto de la posibilidad que habilita la normativa, Soria afirmó que siempre se podría actuar interinstitucionalmente, por ejemplo, si la Udelar solicitara colaboración y el Concejo Municipal considerara pertinente la asignación de presupuesto y tareas. “No es una decisión que yo tome unilateralmente”, explicó. Y agregó: “Si pinto todas las sedes de la Udelar que hay en el territorio del Municipio B, no podríamos hacer podas, que es uno de los mayores reclamos”.
Según la última rendición de cuentas correspondiente a 2024, bajo la gestión de la entonces alcaldesa Silvana Pissano, ese municipio ejecutó 230 millones de pesos entre fondos propios y extraordinarios, de los cuales 94 millones de pesos fueron destinados al funcionamiento. Dentro de ese rubro, 23,6% del gasto corresponde al funcionamiento del municipio y los comunales, 18,7% al barrido de calles y bocas de tormenta, y 18,5% cubre el acondicionamiento de espacios públicos. Además, de los 96 millones de pesos destinados a inversiones, la mitad correspondió a obras en plazas barriales.
Por otra parte, desde la IM distinguieron entre la intervención de los edificios patrimoniales ubicados sobre el pasaje y el mantenimiento del espacio público. De acuerdo con la IM, no es potestad del gobierno departamental ni municipal el mantenimiento de los edificios. Agregaron que “toda intervención que se pretenda realizar tanto por entidades públicas como por sujetos privados en bienes de terceros, sean bienes públicos o de propiedad privada, requiere una autorización del propietario”. Asimismo, señalaron que sus intervenciones en edificios patrimoniales se reducen a aquellos de propiedad departamental. En lo que refiere al pasaje Emilio Frugoni, su mantenimiento está bajo la órbita del Municipio B.
También recordaron que es inherente al derecho de propiedad el ejercicio de las potestades que surgen del artículo 486 y siguientes del Código Civil, que define que para la realización de cualquier tipo de acciones o “intervenciones” en bienes propiedad de terceros, como la llevada adelante por Montevideo Más Linda, se debe contar con la autorización del propietario.
Sebastián Angiolini, uno de los voceros del colectivo, relató que, previo a la intervención, se solicitó la autorización del decanato de la Facultad de Derecho de la Udelar, que brindó apoyo para la actividad. Además, el colectivo tuvo la precaución de utilizar el mismo código de color de la fachada para resguardar las características del edificio, ya que se trata de un monumento histórico nacional.
Soria señaló que le parece “fantástico” el accionar del colectivo, por lo que se le envió una invitación para participar en la próxima reunión del Concejo Municipal. “Queremos saber cuáles son sus planes de acción y encontrar puntos de contacto para dar una mano, otorgar insumos o también sumarnos a la acción”, comentó la alcaldesa, y agregó que el objetivo es que se trate de “una acción en conjunto, que genere la coordinación necesaria con organismos” como la Udelar y que además permita “integrar a la comunidad”. “Si no, puede pasar lo que pasó ahora: pintás por la tuya y enseguida lo rayan, por lo que es necesario involucrar a todos los actores comunitarios”, sostuvo.
Por su parte, Angiolini manifestó que el colectivo está en “diálogo permanente con la IM”, desde donde se brindaron materiales, así como una “valoración muy positiva” de la iniciativa, y confirmó la invitación del municipio para participar en la sesión del concejo prevista para el próximo 28 de enero.