A pocos días de la primera vuelta electoral, el 25 de setiembre, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmó la Medida Provisoria 1.394/2026, que prohíbe en todo el territorio brasileño la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las denominadas “apuestas de cuota fija”, tanto en formato físico como virtual. La medida alcanza las apuestas sobre acontecimientos deportivos y los juegos en línea, además de las ofrecidas desde el exterior, y establece un período de transición: las autorizaciones concedidas a los operadores serán derogadas a los 30 días y, diez días después de la entrada en vigencia, las empresas deberán dejar de ofrecer acceso a sus sitios y aplicaciones de apuestas, además de devolver los saldos de los apostadores.
Aunque la medida comenzó a regir desde su publicación, al modificar leyes vigentes, debe ser sometida a votación del Poder Legislativo en un plazo máximo de 120 días.
La prohibición incluye también la publicidad, propaganda, marketing, comunicación y patrocinio de las apuestas. Las instituciones financieras y de pago deberán impedir determinadas transacciones relacionadas con estas actividades y el Banco Central deberá establecer mecanismos para rechazar operaciones vinculadas con apuestas ilegales.
Este cambio se produce pocos años después de que en 2018 fueran legalizadas las apuestas en eventos deportivos. Cinco años después, la Ley 14.790/2023 amplió ese régimen a los juegos en línea y creó un sistema de autorización y fiscalización bajo la órbita del Ministerio de Hacienda. Desde el 1° de enero de 2025, solo las empresas autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas podían operar nacionalmente y las plataformas autorizadas debían utilizar el dominio .bet.br.
En sus motivos, la medida sostiene que, pese a los instrumentos de regulación implementados, la experiencia acumulada permitió al Estado evaluar los efectos económicos, sociales y sanitarios de las apuestas, por lo que decide prohibirlas.
El medio brasileño Agência Pública, divulgó recientemente un informe que reveló que el 20,4% de estudiantes de secundaria afirmó haber realizado apuestas en el último año, de acuerdo a un estudio del Frente Parlamentario Mixto por la Equidad. El dato más preocupante señala que las apuestas comienzan a partir de los 11 años, edad en la que 9,5% de los menores consultados afirmó haber apostado.
El estudio calcula que las familias brasileñas habrían perdido en el entorno de 62.500 millones de reales (unos 12.500 millones de dólares) por apuestas en el último año. Por otra parte, el Banco Central de ese país indicó que los brasileños apostaron hasta 30.000 millones de reales mensuales durante 2025.
Consenso popular con la prohibición
Si bien el resultado electoral aún es incierto y las encuestas muestran cierta paridad, hubo especulaciones respecto de los efectos que tendría la medida en la contienda. Una encuesta de Datafolha, realizada entre el 28 de setiembre y el 1º de octubre, encontró que el 78% de los encuestados estaba a favor de prohibir las apuestas en línea y los casinos virtuales, mientras que un 18% estaba en contra y un 4% no respondió.
El apoyo fue mayoritario en todos los segmentos analizados, y alcanzó 82% entre las mujeres, 81% entre los evangélicos y 76% entre los católicos. Entre quienes declaraban votar por Lula, el respaldo a la prohibición llegaba a 85%, mientras que entre los electores de Flávio Bolsonaro era de 70%.
En paralelo, las mediciones electorales mostraron un movimiento favorable a Lula en la recta final de la campaña. Otra encuesta de esa misma consultora divulgada por Folha de São Paulo, realizada entre el 29 de setiembre y el 1º de octubre, ubicó al presidente con 45% de los votos válidos en primera vuelta frente a 40% de Bolsonaro. En un eventual balotaje, Da Silva obtendría 48% contra un 45% de Bolsonaro. La medición anterior de Datafolha había registrado 40% para Lula y 36% para Flávio en el primer turno, por lo que ambos candidatos crecieron, pero el presidente amplió su diferencia de 4 a 5 puntos porcentuales en votos válidos.
Datafolha menciona la prohibición de las apuestas como uno de los factores que contribuyeron a la tendencia favorable en la campaña de Lula, junto con otras medidas del gobierno, como el reajuste del plan de asistencia social Bolsa Familia, y acontecimientos ocurridos en los últimos días, entre ellos la disputa en torno a la religión y el uso de la imagen de la virgen de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil.
Uruguay como posible modelo
La experiencia uruguaya aparece como una de las alternativas que Brasil está observando después de haber decidido la prohibición. A fines de setiembre, mientras Lula avanzaba con la medida provisoria que puso fin a las bets, una delegación de Caixa Loterias, que administra los juegos de lotería en Brasil, viajó a Montevideo para conocer el sistema uruguayo.
Según informó Folha de São Paulo y confirmó la diaria con fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los representantes brasileños se reunieron con integrantes de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) para intercambiar información sobre regulación y funcionamiento de las apuestas en línea. La visita se realizó entre el 24 y el 26 de setiembre, a días de que Lula manifestara al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, su interés en conocer la experiencia de Uruguay.
A nivel local el juego está prohibido desde 1882 a través de la Ley 1.595, con excepción de las “loterías y rifas públicas autorizadas”. Desde entonces, el Estado se reserva para sí el monopolio del mercado de loterías y quinielas, que administra la DNLQ, dependiente del MEF. Lo mismo ocurre con los casinos, cuya explotación es ejercida directamente por el Ejecutivo, aunque puede otorgar concesiones a privados.
Los artículos 244 y 245 de la Rendición de Cuentas de 2017 (Ley 19.535) establecieron que los juegos de azar y las apuestas en línea están alcanzados por el principio general de ilegalidad, salvo las modalidades expresamente habilitadas por el Estado. La norma determina además que los juegos de casino, como póker, ruleta y slots, están prohibidos en su modalidad en línea. Esto fue reglamentado mediante el Decreto 366/017, que definió que los operadores necesitan una autorización previa para funcionar.
En la práctica, el sistema concentra las apuestas deportivas en línea autorizadas en la plataforma Supermatch, bajo control de la DNLQ. A diferencia del régimen brasileño, Uruguay no estableció un sistema abierto de licencias para que empresas privadas nacionales o extranjeras pudieran explotar libremente el mercado de apuestas.
La DNLQ también tiene facultades para combatir el mercado ilegal mediante el bloqueo de sitios web y de flujos financieros. Al 29 de julio de 2026, se habían bloqueado 1.730 sitios web de servicios de juegos de azar o apuestas en línea no autorizados desde la entrada en vigencia de la disposición. La normativa uruguaya habilita además restricciones a la publicidad, el patrocinio y las comunicaciones comerciales de juegos no autorizados.
Modelos que van de la regulación a la prohibición
El Reino Unido regula las apuestas mediante un sistema de licencias y controles, en el que la Comisión de Apuestas establece las condiciones que deben cumplir los operadores y en los últimos años ha incorporado nuevas herramientas destinadas a limitar el gasto de los usuarios.
Desde 2025, los operadores deben solicitar a sus clientes que establezcan un límite financiero antes de realizar su primer depósito. En 2026 se incorporaron nuevas reglas sobre los denominados “límites de depósito”, por lo que los operadores deben ofrecer un límite basado en el monto bruto depositado durante un período determinado y darle una presencia comparable a otros instrumentos de control financiero. La regulación incluye, además, mecanismos de autoexclusión y otras medidas de protección de los jugadores.
España también permite las apuestas en línea mediante operadores autorizados, aunque en junio introdujo un límite conjunto de depósito por apostador, alineado con el modelo británico. Hasta entonces, una persona podía tener límites de depósito diferentes en distintas plataformas. Los límites establecidos son de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros cada cuatro semanas, lo cual es controlado por la Dirección General de Ordenación del Juego, organismo que administra el sistema y debe ser consultado por los operadores antes de aceptar un nuevo depósito.
En Australia, por su parte, la Ley de Apuestas Interactivas establece las reglas para las empresas que ofrecen o publicitan servicios de juego en línea. Esta legislación distingue entre distintas modalidades y prohíbe determinadas actividades, entre ellas los casinos digitales, aunque permite las apuestas deportivas en línea.
Por otra parte, otros países, como China, prohíben las actividades de juego y se sanciona penalmente a quienes las organicen con fines de lucro, mientras que las autoridades han desarrollado además mecanismos para perseguir plataformas y redes que ofrecen servicios de apuestas desde el exterior.
Un esquema similar se aplica en Arabia Saudita, donde el juego está prohibido y no existe un mercado legal de apuestas deportivas, casinos o plataformas de apuestas en línea. La prohibición se encuentra vinculada al marco jurídico basado en la sharia (ley islámica) y alcanza las actividades de juego y apuestas, incluidas aquellas que se realizan a través de plataformas digitales. Algo similar ocurre en Qatar, también país árabe, donde el Código Penal establece sanciones para quienes participen en juegos de azar y para quienes administren o habiliten lugares destinados a estas actividades.
¿Qué efectos de las apuestas se han medido?
La discusión sobre la regulación radica en los posibles daños asociados al juego. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el juego un problema de salud pública y señala que puede producir consecuencias financieras, sociales y sanitarias.
La OMS estima que alrededor de 5,5% de las mujeres y 11,9% de los hombres en el mundo experimentan algún nivel de daño relacionado con el juego. También señala asociaciones entre el trastorno por juego y problemas de salud mental, endeudamiento, conflictos familiares y suicidio. La propia organización presenta un estudio sueco en el que se vincula un aumento de 15 veces las posibilidades de suicidio en aquellas personas que presentan adicción al juego.
Una revisión publicada en The Lancet Public Health estimó que el trastorno por juego podría afectar al 15,8% de los adultos y al 26,4% de los adolescentes que utilizan casinos online o productos similares de tragamonedas. Otra investigación internacional publicada en 2024 estimó que aproximadamente una de cada siete personas adultas que juega presenta algún nivel de riesgo asociado al juego.