A comienzos de agosto, representantes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantuvieron una reunión en Buenos Aires con autoridades policiales de distintos países de América Latina. Entre los asuntos abordados estuvo la expansión de organizaciones criminales de origen albanés en la región, según trascendió en los últimos días. La advertencia puso el foco en un fenómeno que ya ha sido documentado en algunos países latinoamericanos, particularmente en Ecuador.
En ese contexto, el senador del Partido Nacional Sebastián da Silva volvió a plantear públicamente su preocupación por el ingreso de ciudadanos de Albania, Montenegro y Serbia. El legislador señaló que durante 2025 habían ingresado al país 26 albaneses, 69 montenegrinos y 651 serbios y preguntó si el Ministerio del Interior hacía un seguimiento de esas personas. “¿Saben quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Dónde van? ¿Hay un seguimiento?”, planteó durante una comparecencia parlamentaria.
Días después, en una entrevista en el programa radial Así nos va, Da Silva calificó esos movimientos como “raros” y vinculó su preocupación con cambios recientes en las modalidades delictivas en Uruguay, como nuevas formas de homicidio, tiroteos y la aparición de armamento en requisas carcelarias que, según afirmó, antes “no existía”. También sostuvo que “los montenegrinos y los albaneses han infestado las mafias del narcotráfico” y preguntó si el país estaba preparado para ese escenario.
Al omitir mencionar los datos referentes a egresos, lo señalado por Da Silva no permite discernir cuántas de esas personas permanecieron efectivamente en Uruguay. De acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, la gran mayoría ya había egresado al cierre del año. De los 26 ciudadanos albaneses que ingresaron en 2025, 15 habían salido; de los 69 montenegrinos, egresaron 65; y de los 651 serbios, salieron 643. Asimismo, cabe mencionar que las cifras corresponden a movimientos migratorios acumulados, por lo que una misma persona puede ingresar y egresar varias veces.
Finalmente, el saldo entre las tres nacionalidades es de 23 ingresos. Por ejemplo, unos 12 movimientos corresponden a ingresos durante el mes de diciembre, contingente que podría haber abandonado el país en los primeros meses de 2026, período del que al momento no hay informes oficiales.
Al ser consultado por este tema, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que la diferencia entre ingresos y egresos era “muy mínima” y sostuvo que “hasta ahora” no existe constancia de que esos ciudadanos estén vinculados con bandas criminales en Uruguay.
Asimismo, los datos de solicitudes de residencia permanente también arrojan resultados marginales, ya que durante 2025 solo se ha iniciado un trámite de residencia correspondiente a un ciudadano serbio, la cual no ha sido concedida al cierre del período.
Alerta regional no permite sacar conclusiones sobre Uruguay
El sociólogo Gabriel Tenenbaum, especialista en crimen organizado, matizó que la información de la DEA debe ser interpretada en su contexto, ya que se trata de una advertencia dirigida a las autoridades policiales de la región, y no de una afirmación de que una organización criminal albanesa se haya instalado en Uruguay.
Para Tenenbaum, uno de los principales problemas aparece cuando una alerta sobre una organización criminal se transforma, por parte del sistema político, en una asociación directa entre criminalidad y nacionalidad. “No hay que derivarlo en una relación lineal a que ‘todos los albaneses son peligrosos’”, afirmó.
Según explicó, este tipo de asociación tiene antecedentes históricos en las discusiones sobre el narcotráfico y el crimen organizado: “Históricamente, en todas las discusiones con relación al mercado de las drogas ilegalizadas y todo lo que rodea eso en términos de actores, sobre todo los delictivos que están del lado de la oferta, ha habido un discurso discriminador”.
El sociólogo resaltó que esa forma de nombrar a las organizaciones, como “mafia italiana”, “mafia albanesa”, “organizaciones mexicanas”, “yakuza japonesa”, o “mafia corsa”, puede llevar a interpretar el crimen organizado como un fenómeno determinado por el origen nacional o étnico de sus integrantes.
“Está lleno de esto. Es una forma de nombrar las cosas que es muy peligrosa”, afirmó. “Es discriminadora de un montón de gente que no se dedica a esto y que proviene de ese mismo país o tiene ese origen étnico. Pero también porque no nombramos el fenómeno en términos del problema que realmente está reflejando”.
Tenenbaum no niega que existan organizaciones vinculadas con Albania que operan en América del Sur. Por el contrario, mencionó que hay grupos relacionados con albaneses y con organizaciones italianas, particularmente la ’Ndrangheta, que tienen actividad en la región.
“No es que antes no estuvieran acá, porque sí tenemos casos que dan cuenta de su operativa en nuestro país”, explicó. A su entender, en los últimos años esas operaciones adquirieron mayor visibilidad en relación con el fenómeno asociado a Sebastián Marset y al tráfico de cocaína desde América del Sur hacia Europa. Pero esa constatación regional no implica que exista actualmente una estructura de ese tipo instalada en el país, y consideró que de momento no hay constancia de un eventual aumento de la presencia de grupos de los Balcanes en el país.
La nacionalidad no es evidencia de criminalidad
Uno de los puntos centrales de la argumentación de Tenenbaum es que la nacionalidad de una persona no constituye un indicador de su participación en una estructura delincuencial. “Muchas organizaciones criminales que se refieren o se etiquetan de un país no siempre están integradas por las personas de ese lugar, sino que puede tener un origen ahí”, señaló.
“No hay una cuestión de causalidad por origen de jurisdicción de país que, atado a lo cultural, te lleve a tener mayor probabilidad de convertirte en un criminal”, afirmó, y agregó que ese razonamiento “no existe en ninguna parte del mundo en términos de construcción de conocimiento científico”.
Para Tenenbaum, además, la lógica utilizado por Da Silva tampoco permite explicar cómo funcionan las organizaciones criminales transnacionales. Si la ausencia de ciudadanos albaneses no permite concluir que no existe crimen organizado, tampoco su presencia permite demostrar que exista una organización criminal albanesa.
La forma en que operan las organizaciones transnacionales también cuestiona la asociación entre ingreso de ciudadanos extranjeros y presencia de una estructura criminal. De acuerdo con Tenenbaum, para que una organización extranjera opere en un país suele necesitar vínculos locales. Esos vínculos pueden estar relacionados con “redes, actores, conocimientos de prácticas, estrategias, técnicas”.
El sociólogo recordó que existen antecedentes en Uruguay de organizaciones extranjeras que trabajaron junto con personas locales y mencionó, entre otros casos, operaciones vinculadas con el mexicano González Valencia y el italiano Rocco Morabito, quienes compartían actores locales para su operativa en el país.
La nacionalidad como sospecha
Leroy Gutiérrez, presidente de la organización de asistencia a migrantes Idas y Vueltas, puso el foco en otra dimensión de la discusión: las consecuencias que puede tener la asociación entre migración y criminalidad. A su entender, el razonamiento que vincula la advertencia de la DEA con los ciudadanos albaneses que ingresaron a Uruguay transforma una alerta sobre una organización criminal en una sospecha sobre un conjunto de personas definido por su nacionalidad, y considera que mediante ese discurso se “criminaliza” a las personas extranjeras o inmigrantes.
“Da Silva concluye o asume que como la DEA dijo que hay riesgo de que la mafia albanesa se instale en la región, a partir de allí todas las personas de origen albanés o de nacionalidad albanesa son sospechosas”, dijo, y agregó que “eso es un prejuicio”. “Hay que partir de que todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El ser albanés, montenegrino, serbio o de los Balcanes no es un indicio para que el Estado sospeche de uno”, insitió.
Gutiérrez planteó que el mismo razonamiento podría aplicarse a cualquier otra nacionalidad que, en algún momento, haya sido asociada a una organización delictiva. Recordó, por ejemplo, el caso de bandas de prestamistas integradas por ciudadanos colombianos y el de un grupo integrado por chilenos que explotaba cajeros automáticos. Sin embargo, señaló que la existencia de esas organizaciones no convierte a esas nacionalidades en un indicador válido para que el Estado sospeche de una persona por el solo hecho de pertenecer a ella.
Para el integrante de Idas y Vueltas, el problema es que ese tipo de discursos puede terminar construyendo la idea de que la migración constituye en sí misma un problema de seguridad. “Lo que se termina entendiendo es que sí, ser extranjero es un problema para la sociedad uruguaya, en la medida en que aparentemente son más proclives a cometer delitos que los nacionales”, sostuvo, y agregó que “la estadística demuestra que no es así”.
Según los datos del Ministerio del Interior, las personas extranjeras representaban alrededor de 2,4% de la población privada de libertad. Esa proporción es inferior al peso de las personas nacidas en el extranjero en el conjunto de la población uruguaya, que según el Censo de 2023 representan el 3,5% del total de la población.
Para Gutiérrez, además, el problema de los prejuicios no es solamente discursivo. Puede tener consecuencias concretas sobre los derechos de las personas migrantes. Como ejemplo, relató el caso de una persona de origen ruso que había recibido el estatus de refugiada en Uruguay y que, al intentar viajar a Brasil, fue detenida durante varias horas en el aeropuerto de Carrasco.
“Y la única razón por la que había sido detenida fue porque era rusa”, remarcó Gutiérrez. Según su relato, la persona tenía documentación emitida por el Estado uruguayo y su condición de refugiada había sido reconocida por la Comisión de Refugiados. Sin embargo, el funcionario policial que intervino habría admitido que la nacionalidad rusa había motivado la sospecha. “Los prejuicios hacen que el Estado cometa ese tipo de arbitrariedades”, afirmó.
