En junio se comenzó a discutir en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados un proyecto de ley para el “uso seguro de plaguicidas en las zonas rurales y urbanas”. Lo presentó el representante por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, quien dijo a la diaria que el titular del Ministerio de Ambiente (MA), Adrián Peña, y el del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, serían “afines” al proyecto. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, que compareció el martes de la semana pasada a la comisión, opinó que “muchos artículos” ya están en “aplicación” y agregó que “los plaguicidas son necesarios”.
La iniciativa legislativa propone la creación de un Comité Permanente de Productos Fitosanitarios, integrado por igual cantidad de representantes del MGAP, el MSP y el MA, que debería mantener actualizada una lista de restricción de uso de plaguicidas. Dicha lista estaría compuesta por los principios activos “cuestionados por su toxicidad” por la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o los institutos académicos públicos y privados del país. Si se aprobara el proyecto, el comité deberá hacer inspecciones periódicas para controlar que no se utilicen los principios activos de la lista y podrá imponer sanciones a las personas físicas y jurídicas que incumplan la normativa.
Con lo recaudado por las sanciones se crearía un Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos de Plaguicidas. Se detalla, según consta en el proyecto de ley, que quienes estén encargados de las inspecciones e “incurran en omisión debidamente probada de sus funciones” deberán ser penalizados.
Mattos declaró que “más allá de esa institucionalidad superior” que propone el proyecto, en referencia al comité que se crearía, el MGAP ya está realizando trabajos en conjunto con el MA. “La dimensión ambiental está íntimamente relacionada con la dimensión productiva; no la podemos disociar. En este sentido, tenemos que integrar la eventual tensión que se genera entre estos dos ministerios; es saludable que exista y que se procese de manera bien informada”, indicó.
El proyecto que presentó Vega plantea que los ingredientes activos de los plaguicidas utilizados para “la producción de alimentos destinados al consumo interno o la exportación”, “la producción agropecuaria en general” y “los ambientes urbanos” deben estar aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estado Unidos (EPA) y por el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios de la Unión Europea.
“Acá los productos son instrumentos y como tales no están definidos per se como buenos y malos: el ministerio hace un análisis pormenorizado de cuáles son los instrumentos que se pueden usar”, planteó el ministro del MGAP. Señaló que “hay que poner el foco” en cómo se usan y en procesos de capacitación “a las buenas prácticas agrícolas”. Desde su punto de vista “es muy difícil el tema inspectivo” por la “dimensión en el área de la agricultura”. “En verano debemos estar por encima de 1.600.000 hectáreas y seguramente en el área ganadera también se hacen aplicaciones para cultivos forrajeros de una proporción importante de hectáreas”, apuntó y sostuvo que desde el ministerio se están impulsando “sistemas de tecnología y de monitoreo”.
Leonardo Olivera, director general de Servicios Agrícolas (DGSA), también estuvo presente en la comisión, y manifestó que en el país se hacen “alrededor de 85.000 o 90.000 aplicaciones por año” y llegan “alrededor de 100 denuncias”, “en la mitad [de las cuales] o menos realmente se constata que hay infracciones y se aplican las sanciones que corresponden”. Expresó que en la otra mitad de las denuncias “no se puede constatar ninguna deriva ni nada por el estilo”.
“Hay que preparar al operario, porque entendemos que las malas prácticas son las que generan los problemas”, comentó Olivera. Dijo que con “el conocimiento de los productos”, “las dosis” y “con un equipo que realmente está funcionando correctamente, que esté auditado y chequeado por el ministerio”, deberían “disminuir mucho los problemas”.
“No porque alguien maneje mal se van a prohibir todos los autos. Del mismo modo, nosotros entendemos que teniendo en cuenta la mayoría de las cosas que ocurren, y el volumen de aplicaciones que se dan, realmente son muy pocos los accidentes”, declaró. Agregó que la idea es “bajarlos a un nivel mínimo”, pero que “quizás el cero sea un tanto utópico”.
En la comisión se consultó a las autoridades si el MGAP participa en estudios sobre los efectos a largo plazo que puede tener la exposición a los agroquímicos que se utilizan en la agricultura. “El ministerio no está participando. Sabemos que hay instituciones que sí están haciendo estudios de toxicidad crónica”, respondió el ingeniero agrónomo de la DGSA, Alex Hughes.
El glifosato y el mercado
“Creo que los niveles de exigencia muchas veces son limitantes de la producción. Pensar hoy en una producción agropecuaria sin glifosato tendría un enorme impacto en distintos rubros de la producción”, resaltó Mattos. Comentó que el principio activo del herbicida Roundup tiene “mala fama” porque está vinculado a Monsanto. La empresa multinacional estuvo dedicada a la creación de agroquímicos hasta 2016, año en que fue vendida a la empresa químico-farmacéutica, Bayer. “Más allá de su uso, el glifosato está asociado con la siembra directa que es una herramienta y un sistema de producción que ha sido de enorme importancia en la protección de los suelos”, declaró el titular del MGAP.
Expresó que “se hace bastante difícil eliminar los residuos” de glifosato en la miel porque habría que hacer “un trabajo de limpieza en la colmena” que haría “bastante dificultosa la viabilidad económica”. “La abeja vuela y no hay un control absoluto de dónde recoge el polen, pero claramente si vamos a zonas no agrícolas o forestales, donde hay monte natural, donde hay flores nativas o en las zonas de plantación de eucaliptos, tendríamos condiciones de asegurar, de alguna manera, la no presencia de glifosato en miel”, añadió.
El 4 de octubre presentó su renuncia uno de los delegados del MGAP, Jorge Harriet, en la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. “Una acumulación de disconformidades” lo llevó a tomar la decisión; puntualizó que hizo tres propuestas cuando aceptó la designación, pero “no fueron tomadas en cuenta”. Entre ellas, planteó “incluir el análisis de riesgo apícola en el registro de los productos fitosanitarios”.