“Hablar menos, hacer más”, “debemos dar respuestas concretas”: estas frases fueron dichas por mandatarios uruguayos en diálogo con la prensa a menos de cuatro días de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), instancia donde los gobiernos negociarán las próximas acciones que se tomarán para intentar contener la crisis climática. Adrián Peña, ministro de Ambiente, y Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, adelantaron la postura que llevarán a la cumbre como delegados del gobierno a la instancia multilateral que en esta ocasión tendrá lugar en Glasgow, Escocia.
“Es necesario que los países desarrollados cumplan con sus compromisos, que básicamente tienen que ver con su financiamiento a los países en desarrollo”, afirmó Peña. En 2009 los países industriales se comprometieron a otorgar un financiamiento conjunto a países vulnerables para afrontar las consecuencias de la crisis climática, pero ese compromiso no se cumplió cabalmente. El ministro expresó que en la COP26 van a “reclamar el cumplimiento de las metas y a ampliar estas metas para adelante de 2025”.
En el Acuerdo de París se establece que cada país debe presentar cada cinco años las contribuciones determinadas a nivel nacional de sus emisiones de gases de efecto invernadero, para lograr aumentar la ambición de las medidas a lo largo del tiempo. “Nosotros somos un país marginal en lo que tiene que ver con las emisiones. Sin embargo, Uruguay ha cumplido todos sus compromisos de cara al año 2025”, expresó Peña. Uruguay emite el 0,0004% de las emisiones de gases de efecto invernadero y representa el 0,0005% de la población mundial.
Peña señaló que los compromisos van a ser revisados el próximo año “con una meta al año 2030”. Dijo que también se está elaborando una “estrategia climática a largo plazo”, con visión a 2050, que será presentada después de la COP26. Definió que es “aspiracional” y que el objetivo principal es “la neutralidad al cero carbono”. “Luego hay que plasmarlo en contribuciones nacionales específicas que vamos a presentar el año que viene. Para llegar a esos indicadores específicos viene como instrumental lo económico”, planteó.
Por su parte la ministra Arbeleche apuntó a utilizar los recursos de “la manera más eficiente posible” para lograr “objetivos ambientales” y agregó que su ministerio está trabajando para saber “cuál es el impacto macroeconómico” de la estrategia a largo plazo y de las contribuciones nacionales que presentarán en 2022.
“Nos parece importante que los países que tienen un comportamiento ambiental más adecuado, paguen menos interés por su endeudamiento”, declaró. En este sentido, se está articulando la creación de una especie de “bono”. “Se está trabajando con distintos organismos multilaterales de crédito para que también los préstamos que dan, tengan costos asociados al comportamiento ambiental”, planteó Arbeleche, que a partir de noviembre, ocupará el cargo de presidenta del Comité de Desarrollo del Grupo del Banco Mundial.
Interrogada sobre cómo se determina el “comportamiento ambiental” de cada país, la ministra respondió que a partir de “indicadores internacionales ambientales” que tengan “reconocimiento internacional”. A modo de ejemplo, dijo que “si Uruguay llega a esos indicadores, tendrá como beneficio pagar menor interés sobre su endeudamiento; si, por el contrario, Uruguay no cumple con sus metas ambientales, es castigado y tiene que pagar mayor interés”.
Peña planteó que se están analizando “incentivos” que “no necesariamente tengan que tener beneficios fiscales”. Especificó que se está trabajando en “la medición de la huella ambiental” que “no es solo la huella de carbono” sino que también tiene en cuenta los impactos en el agua, en el aire, la biodiversidad y el suelo. Según el ministro esta herramienta permitiría otorgar certificaciones de “buenas prácticas” a las diferentes áreas de la producción, y adelantó que a fin de año se va a tener un borrador y que mitad de 2022 se presentará un “documento definitivo”.
¿Apuntar a la descarbonización?
Ancap produce biodiésel, un combustible biodegradable que se obtiene a partir de aceites vegetales extraídos de semillas oleaginosas —soja, colza y canola— o grasas animales. A partir de una reacción química y al mezclar los aceites con alcohol se obtiene el producto. La empresa estatal también fabrica bioetanol, que tiene como producto base el sorgo dulce, la remolacha azucarera y el almidón. La Ley 18.195 estableció que Ancap debe mezclar un mínimo de 5% de etanol en las gasolinas y 5% de biodiésel en el gasoil con biocombustibles de materia prima nacional. A partir de la aprobación de la Rendición de Cuentas, se eliminó la obligación.
Peña expresó que como contrapartida se hicieron “una serie de compromisos” entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el de Economía y Finanzas y el de Medio Ambiente, dentro de los que se encuentra una “batería de medidas” para incorporar vehículos eléctricos. Adelantó a la diaria dos de los puntos: la reducción del impuesto específico interno (Imesi) y la inversión en “rutas eléctricas”. Dijo que “en breve” se darán a conocer las resoluciones o decretos pertinentes.
Por otro lado, sostuvo que desde el año pasado se está estudiando un proyecto impulsado por una empresa estadounidense, que busca utilizar los residuos de Montevideo y Canelones para crear etanol, bioetanol o metanol. Todavía está en “fase de factibilidad”. Peña aclaró que es una propuesta “avanzada” pero “no cerrada”. El combustible sería “100% exportado” para utilizarse en aviones o navieras “que son grandes emisores de CO2”. El miércoles los representantes de la empresa se reunirán con el ministro de Medio Ambiente y el jueves con el presidente, Luis Lacalle Pou.