Marcel Achkar, geógrafo, docente grado 5 de la Facultad de Ciencias y director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), junto a Daniel Pena, sociólogo e investigador del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), se hicieron presentes en Rivera para plantear la necesidad de rediscutir la prioridad forestal en el Uruguay, en un seminario en el ámbito del Cenur Noreste.
Es sabido que la zona de Rivera y Tacuarembó comprende suelos clasificados de prioridad forestal. En este contexto, un nuevo trabajo académico y de investigación pone bajo la lupa el modelo de ordenamiento territorial en el país.
Con el título Superficie de Prioridad Forestal: Zonificación y cuantificación de la superficie de prioridad forestal incompatible con funciones ecosistémicas fundamentales y usos prioritarios del agua para la sociedad uruguaya, la publicación aborda los límites ecológicos del sector forestal. El documento cuenta con la autoría de los investigadores pertenecientes al Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio de la Facultad de Ciencias - Udelar.
La investigación parte de una premisa crítica sobre la forma en que se han delimitado históricamente las áreas prioritarias para la forestación. Mediante un análisis cartográfico y ambiental, el estudio busca cuantificar y localizar aquellas zonas donde la expansión forestal entra en contradicción directa con la preservación de los recursos hídricos y la estabilidad de los ecosistemas.
El trabajo cobra especial relevancia en el debate nacional sobre el uso del suelo, planteando la necesidad de revisar los criterios normativos y productivos para resguardar el agua como un bien social prioritario frente a la intensificación de las cadenas forestales.
Según los investigadores, hoy se necesita generar ámbitos de discusión sobre la prioridad forestal debido a que existen evidencias científicas que califican como muy negativas para el país. El profesor Marcel Achkar señaló a la diaria que, si bien hace 40 años existía abundante literatura internacional sobre los efectos de la forestación, no se contaba con investigación a escala nacional al respecto. Cuatro décadas después existen evidencias científicas de las afectaciones del sector, las cuales se dividen en tres grandes grupos desde el punto de vista ambiental: agua, suelo y biodiversidad.
En relación con el impacto en los recursos hídricos, Achkar enfatizó que “el consumo de agua por parte de las plantaciones de eucalipto reduce el rendimiento hídrico de las cuencas. En condiciones normales de precipitación, dicha reducción en las cuencas superficiales se ubica entre un 30% y un 40%, mientras que en situaciones de sequía la disminución de la producción hídrica puede alcanzar hasta un 70%”.
Asimismo, indicó que “se ve afectada la calidad del agua debido al incremento del escurrimiento superficial durante las lluvias. Esto provoca el arrastre hacia los cuerpos de agua de nutrientes como nitrógeno y fósforo, lo que genera procesos de floración de algas, así como de contaminantes provenientes de los agrotóxicos utilizados en las plantaciones”.
Respecto a la recarga de aguas subterráneas, como en el caso del Acuífero Guaraní, ubicado sobre el eje de la Ruta 5 entre Tacuarembó y Rivera, Achkar mencionó que, “aunque la investigación en este punto es menor, la evidencia disponible indica que la recarga del acuífero se está viendo comprometida”.
En cuanto al suelo, se genera un proceso de acidificación y pérdida de estructura, lo cual se retroalimenta con el funcionamiento del ciclo hidrológico. Al tener suelos degradados, el agua enfrenta mayor dificultad para infiltrarse, lo que facilita el escurrimiento superficial. El docente advirtió que estos suelos acidificados, tras 100 años de forestación, “probablemente no puedan revertirse ni recuperar su productividad natural”.
En materia de biodiversidad, el monocultivo constituye una barrera para buena parte de las especies autóctonas, reduciendo la biodiversidad total en las áreas forestadas.
Achkar detalló que a fines del año pasado se recopilaron y analizaron 50 trabajos científicos publicados en revistas arbitradas, cuya síntesis permite sostener las afectaciones al ambiente. Agregó que “no se encontró ningún trabajo en revistas de relevancia que afirme que la forestación no afecta al suelo, al agua o a la biodiversidad”.
Sobre el fenómeno de El Niño, explicó que, debido a la menor capacidad de absorción de los suelos, la forestación genera condiciones para un doble efecto: “cuando llueve poco se registran sequías más prolongadas, y cuando llueve mucho se producen inundaciones más rápidas y severas”.
Impacto en los productores y la realidad del empleo
Por su parte, el sociólogo Daniel Pena sostuvo que la afectación del agua no solo compromete a las cuencas, sino que perjudica directamente a los productores locales ya que “la afectación que genera el monocultivo no llega hasta el alambrado sino que trasciende ese límite” ejemplificó.
Aunque se suele plantear una posible coexistencia entre la forestación y la ganadería, Pena afirmó que “los productores ganaderos enfrentan complicaciones que reducen su rentabilidad, tales como mayor presencia de plagas, escasez de agua, aislamiento y encierro por la falta de vecinos, lo que dificulta su permanencia en el tiempo”.
Durante los últimos siete años, la tesis de maestría del sociólogo e investigador Daniel Pena se ha centrado en cómo impacta la llegada de la forestación en las zonas rurales, concluyendo que “la perspectiva de los pequeños productores ganaderos es negativa respecto a la productividad y a su modo de vida”.
En relación con el empleo, Pena señaló que, a pesar de las promesas de la cadena forestal en su conjunto (forestación, plantas de celulosa y aserraderos), la realidad muestra datos diferentes. Al revisar los estudios de impacto ambiental, recordó que “Botnia (actual UPM 1) prometió en su momento 8.000 puestos de trabajo, Montes del Plata 6.500 y UPM 2 9.000”. Sin embargo, según los datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a los últimos 20 años (2006-2025), el empleo en la cadena forestal no ha crecido. Pena explicó que “no hay un incremento neto de trabajadores, sino una pérdida de puestos por un lado y una reconversión por otro; mientras ingresa la mecanización en el proceso productivo y operan las plantas de celulosa, se registran cierres en otros sectores, como el caso de Fanapel”. A su juicio, esto demuestra que “la cadena productiva forestal no está creciendo en términos de empleo, lo que contradice los discursos oficiales”.
Cuestionó además que las empresas difunden cifras que no tienen base en los datos oficiales del Estado y expresó: “Lamentablemente los gobernantes repiten esos datos en vez de analizar los propios datos que el Estado tiene”.
El investigador remarcó que en esos mismos 20 años en que el empleo no creció y se perdieron puestos en otros rubros, la superficie forestada aumentó en casi medio millón de hectáreas (aproximadamente 450 mil hectáreas). De este modo, concluyó que “se ocupa más tierra con cultivos forestales pero no se ocupa a más gente ni se genera más trabajo”.
Recordó que la Ley Forestal se aprobó en 1987 durante el gobierno del Partido Colorado y ha tenido una profundización y promoción sistemática en todas las administraciones posteriores. Consideró que “la profundización de este modelo no responde a partidos políticos específicos, sino a un modelo que no genera empleo, daña la naturaleza y concentra riquezas”.